El gobierno de la presidenta peruana Dina Boluarte tendrá una dura prueba el jueves, cuando miles de personas se movilizarán en todo el país, sobre todo en Lima, para exigir la renuncia de una mandataria cuya gestión de cinco semanas ya dejó medio centenar de muertos.
Policías y militares se desplegaban este miércoles para evitar en lo posible la llegada de manifestantes a la capital, que podría convertirse en epicentro de protestas que hasta ahora se desarrollan en el interior y, sobre todo, en el históricamente relegado sur del país.
Analistas coinciden en que la de este jueves, independientemente de sus resultados, no será una jornada definitiva contra Boluarte, pero sí podría ser el inicio de una movilización de corto o mediano plazo contra una mandataria cuya renuncia se ha convertido en clamor de buena parte del país.
“Tengo la impresión de que la lógica de movilización va a seguir. No es que vamos a estar, como temen algunos, frente a un asalto al poder, pero es evidente que va a ser un nuevo momento que se va a sentir en Lima y el interior del país y allí las distancias entre Lima y el interior del país se van a acortar”, afirmó a Télam el sociólogo Eduardo Ballón.
Hasta ahora hay marcadas diferencias entre las provincias -primero las del sur y después con distinta intensidad las de centro, norte y este-, que se suman a la lucha contra Boluarte, frente a una metrópoli que permanece en su rutina habitual y parecería aceptar el plan de la mandataria, que apunta a elecciones anticipadas en abril de 2024.
Esa situación cambió ligeramente en la última semana, cuando la capital también fue escenario de dos movilizaciones masivas, protagonizadas sobre todo por estudiantes y habitantes de los conos norte y este, los más deprimidos, a lo que ahora se sumarán la llegada de personas de las provincias, que podrían ser miles.
Para el sociólogo Omar Coronel, incluso la reacción de esos sectores limeños podría resultar más determinante que la de los visitantes, con sus obstáculos para llegar a la capital. Lima ha sido determinante en luchas como la que se dio en 2000 contra el gobierno de Alberto Fujimori o en 2020 contra el fugaz mandato de cinco días de Manuel Merino.
La salida de Boluarte, a quien la gente parece responsabilizar de las 50 muertes que van hasta ahora, según la Defensoría del Pueblo -41 civiles caídos en choques con las Fuerzas Armadas, fundamentalmente a bala; un policía calcinado vivo dentro de su patrulla y ocho víctimas de los bloqueos- se ha convertido en punto central de la agenda.
Pero la mandataria de 60 años, que llegó al poder el 7 de diciembre al ser la vicepresidenta del destituido Pedro Castillo, se niega a dimitir, porque dice que continuar es su deber constitucional y que lo que hay es una ofensiva de “azuzadores extremistas que quieren caos y anarquía”.
Las exigencias incluyen el cierre del impopular Congreso, controlado por la derecha y ahora aliado del Ejecutivo, la celebración de elecciones generales este año, la convocatoria de una Asamblea que cambie la Constitución de 1993 y libertad para Castillo, en detención provisional desde que fuera destituido al intentar dar su propio golpe.
En departamentos como Puno, Ayacucho o Apurímac -el natal de Boluarte-, los muertos se cuentan por decenas. También los hubo en Cusco, Arequipa y La Libertad. Hay centenares de heridos y gran cantidad de detenidos, de los cuales solo a una, Rocío Leandro, se le documentó un supuesto pasado conocido en Sendero Luminoso.
Las dos marchas realizadas hasta ahora en Lima fueron totalmente pacíficas y los observadores estiman que lo mismo pasará el jueves, aunque el escenario se proyecta más riesgoso.
En algunos sectores comenzó a moverse una propuesta de salida: que renuncien Boluarte y el presidente del Congreso, José Williams -que tendría que sucederla, pero también es muy resistido- y que asuma en el Parlamento una figura de consenso que como jefe de Estado interino conduzca los comicios.
Pero el Congreso piensa distinto: parlamentarios de partidos de derecha como Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País piden no ceder y aumentar en cambio la fuerza de la represión, mientras que gran parte de lo que fueron las bancadas castillistas extreman posturas.
La Defensoría de Perú reportó otros dos muertos
La Defensoría del Pueblo de Perú informó que dos personas murieron este miércoles como consecuencia del bloqueo de rutas en el departamento norteño La Libertad, reveló que estaba negociando “treguas humanitarias” en esa región y rechazó el uso de la violencia en las protestas que sacuden al país desde hace 40 días.
“Tenemos el reporte de una persona fallecida, de 51 años; estaba en un bus interprovincial desde ayer, sufrió una descompensación y en el camino a la posta sufrió un paro cardiorrespiratorio y perdió la vida”, explicó el jefe de la oficina de la Defensoría en La Libertad, José Luis Agüero.
“Además, una adolescente en estado de gestación que tuvo dificultades para el pase, y la Gerencia Regional de Salud informó que falleció el neonato de 28 semanas”, agregó el funcionario a periodistas locales, según la agencia de noticias Sputnik.
En su último balance, publicado anoche, la Defensoría reportó 42 muertos (41 civiles y un policía) por los enfrentamientos ocurridos en el contexto de las protestas iniciadas el 7 de diciembre pasado y otros ocho civiles, por accidentes y otras causas vinculadas con los bloqueos de calles y rutas, además de 720 heridos.
Asimismo, hasta anoche se registraban 96 bloqueos de rutas nacionales en al menos 33 de las 195 provincias en que están divididos los 24 departamentos regionales del país, según el informe.
En tanto, Agüero afirmó que la Defensoría estaba negociando posibles “treguas humanitarias” que permitieran pasar a quienes llevaran más de 24 horas varados en ómnibus, así como a quienes llevaran ayuda humanitaria o trasladaran a enfermos y heridos.
Sin embargo, advirtió que “los organizadores de los bloqueos no parecen tener intención de hacerlo”, por lo que exhortó a la población a no viajar, a fin de evitar más víctimas.
Mientras tanto, la Defensoría señaló que “el derecho a la protesta pacífica no incluye acciones de violencia contra otras personas, agentes policiales o miembros de las Fuerzas Armadas”, en un comunicado divulgado en Lima y en sus cuentas en redes sociales.
“Tampoco el ataque o incendio de instalaciones públicas o privadas, ni de aquellas que sirven para la prestación de servicios públicos esenciales para preservar la vida y la salud de toda la ciudadanía”, agregó.
El organismo subrayó que corresponde a las fuerzas policiales garantizar el desarrollo de movilizaciones pacíficas, respetando estrictamente los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y humanidad en el uso de la fuerza, si ello fuera necesario.
La Defensoría recalcó que la participación de las Fuerzas Armadas en estados de emergencia se encuentra limitada a dar apoyo a la Policía Nacional del Perú (PNP), no a suplir su labor ni participar en patrullajes o detenciones.
Esa advertencia se produjo horas después de que informes forenses evidenciaran que las fuerzas del orden que reprimieron manifestaciones antigubernamentales en diciembre pasado en Ayacucho dispararon a matar, siguiendo el patrón de un entrenamiento militar para la guerra, no para controlar multitudes.
“Es importante recordar que las detenciones solo pueden ser efectuadas por personal policial en caso de flagrante delito; en tal supuesto, estos funcionarios deben identificarse y dar a las personas detenidas un trato adecuado respetando sus derechos al debido proceso, a la integridad, a la defensa, entre otros”, señaló la Defensoría.
Perú vive una ola de protestas callejeras en varias de sus regiones desde el 7 de diciembre pasado, cuando el presidente Pedro Castillo fue destituido por el Congreso horas después de que anunciara la disolución del parlamento y la formación de un gobierno excepcional con supresión de garantías constitucionales.
Castillo fue detenido inmediatamente -está desde entonces en prisión preventiva- y sucedido por la hasta entonces vicepresidente, Dina Boluarte.
Los manifestantes reclaman la renuncia de Boluarte, el cierre del Congreso y el llamado a elecciones generales anticipadas.
En ese contexto, está prevista para mañana una gran marcha nacional en Lima, a donde desde el comienzo de la semana estaban llegando miles de personas procedentes de diversos puntos del país, para expresar esos reclamos.
