A 63 años del suicidio del mandatario que industrializó a Brasil, Michel Temer anunció un plan de privatización.
La ola privatizadora planificada para que vaya entrando justo antes de las elecciones incluye, entre otros bienes, además de parte de la eléctrica y de la petrolera Petrobras, la Casa de la Moneda, 13 aeropuertos y 15 terminales portuarias. Según el gobierno, se podrán recaudar un total de 17 mil millones de dólares.
El afán de alentar la inversión privada a como dé lugar liberará para la explotación minera la reserva amazónica, una suerte de santuario protegido del tamaño de Suiza que el último presidente de la dictadura militar, el general João Baptista Figueiredo, había declarado como territorio estratégico.
Con esta decisión de Temer, simbólicamente se le pone punto final al desarrollismo brasileño. En efecto, durante la Segunda Guerra Mundial el presidente Getulio Vargas fomentó la creación de Eletrobras, Petrobras y el Banco Nacional de Desarrollo (BNDes), la otra joya de la abuela que se encamina a ser enajenada por Temer. A lo largo del tiempo, a través de esta entidad se canalizaron préstamos a empresas brasileñas y se financió la expansión de firmas como Odebrecht, Camargo Correa y el frigorífico JBS, todos ahora en la picota por investigaciones judiciales. El banco se fondea con los aportes jubilatorios de los brasileños.
Este proyecto de Estado necesitaba de una alianza con Estados Unidos que Vargas defendió hasta que estratégicamente le resultó inconveniente. Desde entonces la prensa lo atacó ferozmente y en la carta donde explica las razones para su suicidio, producido el 24 de agosto de 1954, Vargas no pudo ser más claro: «Quise crear la libertad nacional potenciando nuestras riquezas a través de Petrobras, mal comienza ésta a funcionar cuando la onda de agitación crece. La Electrobras fue obstaculizada hasta el desespero. No quieren que el pueblo sea independiente».
Los militares que dieron el golpe en 1964 dieron fe de anticomunismo, pero mantuvieron el impulso a la industria nacional. Recién en los ’90 parte de las empresas públicas salieron a la Bolsa y sumaron inversores privados, aunque con control estatal.
Como se ve, la andanada contra Petrobras es de vieja data. Dilma agrega un dato sobre Eletrobras en una carta publicada el miércoles. Toda obra hidroeléctrica se amortiza a los 30 años de su construcción, lo que disminuye los costos. «Entregar a Eletrobras y sus usinas ya amortizadas a algún grupo privado, tal vez extranjero, significa hacer que el consumidor de energía pague una segunda vez por lo que ya pagó, además de abandonar cualquier concepto estratégico en relación con la producción, la distribución y la provisión de energía con seguridad y sin interrupciones ni apagones».
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