Sergio Moro, el mismo juez acusado de filtrar a la prensa escuchas ilegales al expresidente Lula da Silva con sus abogados y antes con la depuesta mandataria Dilma Rousseff, se victimizó ante una comisión del senado brasileño de haber sido víctima de hackers y de sensacionalismo mediático tras la publicación de chats en la red Telegram del grupo de tareas de Lava Jato por el sitio The Intercept.

«Hubo una invasión criminal de teléfonos celulares por parte de un grupo organizado con el objetivo de invalidar condenas por corrupción y lavado de dinero u obstruir investigaciones en curso, que pueden afectar a personas poderosas, o simplemente atacar las instituciones brasileñas», dijo en una tensa reunión en la Cámara alta donde fue a explicar frente a miembros de la Comisión de Constitución y Justicia.

Serio, con rostro de prócer, el magistrado que persiguió y condenó en primera instancia a Lula -como comienza a develarse a través de sus conversaciones en Telegram, sin pruebas- intentó explicar el escándalo que se extiende en ese país luego de que el 9 de junio el portal creado por el periodista estadounidense Glenn Greenwald revelara el contenido de las intercepciones que muestran la connivencia entre fiscales y el juez para sacar de la pelea por la sucesión presidencial en 2018 y ni siquiera darle la ocasión de defenderse públicamente en una entrevista con Folha de Sao Paulo.

La situación política del ahora ministro de Justicia es tal que decidió presentarse espontáneamente como para calmar las aguas ante el embate de quienes le piden directamnete que renuncie a su cargo. Otros cuestionan toda la investigación y reclaman la inmediata absolución del dos veces presidente brasileño, detenido desde abril de 2018 en la sede de la Policía Federal en Curitiba. 

Según las últimas publicaciones de The Intercept, los funcionarios judiciales maniobraron para investigar falsamente a Fernando Henrique Cardoso, ex mandatario del centroderechista PSDB, para dar señales de equidistancia en el caso Lava Jato y que no pareciera que solo buscaban la prisión para el fundador del Partido de los Trabajadores.Aunque se cuidaron de no avanzar en su contra, a pedido de Moro, para no malquistar a un aliado. «Me parece cuestionable importunar a alguien cuyo apoyo es importante”, dice Moro en un mensaje.

Greenwald, residente en Río de Janeiro, donde vive con su pareja, es un destacado abogado y periodista que ganó un Pulitzer por haber revelado en 2013 las denuncias del analista Edward Snowden acerca del espionaje informático global que realiza EEUU a través de la agencia NSA. Entre los espiados estaba Dilma Rousseff y los directivos de Petrobras.

El prestigio y la rigurosidad de Greenwald impidió que los involucrados en las filtraciones, Moro y el fiscal Deltan Dallagnol, ensayaran la excusa de que los mensajes eran falsos. Por eso el magistrado se defendió argumentando que sus celulares fueron hackeados y que lo que publicó el portal puede haber sido editado para comprometerlo en supuestos delitos que, para él, no son tales.

«Hubo una invasión criminal», insistió, para agregar luego que ve un revanchismo por su actuación en la causa Lava Jato que pensó terminaría cuando asumió como ministro de Jair Bolsonaro, el 1 de enero de este año. Pero precisamente ese punto es el que utiliza la defensa de Lula para sostener que no hay mayor prueba de una causa torcida para sacarlo de la competencia que la aceptación de un cargo con un presidente que ganó porque el favorito en las encuestas estaba preso y proscripto.

«Se intenta crear una situación de escándalo que en el fondo es inexistente», añadió Moro en su explicación, al aducir que mantener conversaciones con los fiscales es normal en cualquier país del mundo. El detalle es que sistema judicial brasileño es acusatorio, donde la investigación queda a cargo de los fiscales, de modo que no debería haber comunicación para mantener la independencia entre ambos estamentos y así no prejuzgar al sospechoso de un delito. De allí que este tema haya despertado las mayores críticas al accionar del juez.

La comisión de la Cámara alta a la que acudió Moro está compuesta por 54 senadores, 27 titulares y 27 suplentes. De ellos, 36 se inscribieron para indagar al actual ministro de Justicia. El clima generalizado fue caracterizar al caso Lava Jato como un baño de pulcritud para la sociedad brasileña, desencantada con la corrupción política. Pero al mismo tiempo, muchos legisladores señalaron su preocupación por estas maniobras que oscurecen el panorama de un proceso que debiera ser ejemplar. Hubo incluso quienes, desde la bancada del PT, consideraron que Moro debía renunciar a su cargo luego de estas filtraciones.

En tal sentido, el senador » petista» Humberto Costa puso en aprietos al juez cuando le preguntó por qué protegió a Fernando Henrique Cardoso. Moro dijo que no recordaba completamente el tenor de los mensajes y luego, que no habría problema en interferir en un proceso que no era de él.

Costa replicó que la situación era todavía peor ya que se metía en un caso que no le correspondía. Fue entonces que Moro eligió el silencio, amparándose en su derecho a permanecer callado.

Eso, si, el ministro no se privó de insistir en que las filtraciones fueron obra de «un grupo criminal organizado». Senadores oficialistas le tiraron un centro para que Moro no descartara que entre ese grupo hubiera agentes o servicios de inteligencia de países extranjeros.

La audiencia mantuvo en vilo a la población y las redes estallaron en comentarios A mediodía, el hashtag #RatoMoroTaMelindrado (la rata Moro está molesto) estaba al tope del Trending Topics del Twitter brasileño. Para compensar la balanza en un medio que el bolsonarismo maneja a la perfección, la diputada Carla Zambelli (PSL-SP) publicó u vídeo pidiendo que subiesen un hashtag de apoyo a Moro, #DetonaTudoMoro. que pronto trepó al segundo lugar. El cuarto lugar lo ocupaba #RenunciaMoro.