El documento elaborado tras la visita de la expresidenta chilena entre el 19 y el 21 de junio afirma que “las principales instituciones y el Estado de derecho en Venezuela han sido erosionados”. Presentado el viernes en la ONU menciona abusos y “ejecuciones” de las fuerzas de seguridad, “debilidades” del sistema judicial y falta de libertad de prensa, entre otros. Fue inmediatamente denunciado por Caracas como un documento lleno de “errores”. El viceministro de Relaciones Exteriores, William Castillo, presente en la ONU el viernes, exigió la “corrección” del documento. El gobierno emitió un extenso comunicado desmintiendo o aclarando uno a uno los puntos esgrimidos por el equipo de Bachelet.

El informe indica que desde 2018, cerca de 7000 personas fueron asesinadas en casos supuestamente de “resistencia a la autoridad”, según el gobierno, durante operaciones de seguridad.

Esta cifra es “extremadamente elevada”, según Bachelet, quien denunció las amenazas, torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas que sufren opositores y defensores de los Derechos Humanos.

En el documento, Bachelet pide a Caracas “disolver las FAES”, un cuerpo de élite de la policía nacional creado en 2017, y el establecimiento de un “mecanismo nacional imparcial e independiente, con el apoyo de la comunidad internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales efectuadas durante las operaciones de seguridad”.

Ante el Consejo de Derechos Humanos, el viceministro Castillo reconoció las “debilidades” del sistema judicial de su país y que las instituciones policiales habían cometido “desviaciones puntuales”. Pero Caracas “rechaza categóricamente (la acusación de) criminalización de los cuerpos de seguridad y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana”, agregó. También defendió la acción del gobierno ante los “serios riesgos” para la seguridad nacional a los que se enfrenta Venezuela, como “planes de golpe de Estado” y amenazas de una “intervención militar extranjera” lanzadas por el presidente estadounidense Donald Trump, cuyo gobierno se apresuró a opinar sobre el informe de Bachelet.

“Ilustra la profundidad de la desesperación y de la crisis humanitaria en Venezuela”, dijo el Departamento de Estado de los Estados Unidos en un comunicado, en el que destacó que se “confirma que Nicolás Maduro y sus matones están cometiendo graves violaciones a los derechos humanos del pueblo venezolano”. «