Para el oficialismo venezolano, los miles de millones de dólares que pierde el país producto de las sanciones económicas aplicadas, principalmente por Estados Unidos, y reconcidas recientemente por un informe preliminar de la ONU, podrían haberse usado para erradicar el hambre, contar con sobrados recursos para enfrentar la pandemia e incluso pagar la abultada deuda externa. “Las pérdidas netas por el bloqueo significan, desde el año 2012, 196 mil millones de dólares que ha dejado de percibir el Estado venezolano. Para tener una idea, solo con 20 millones de dólares se podría cubrir durante cuatro meses las cajas de alimentos de los Consejos Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP) para las más de seis millones 500 mil familias inscritas. Pudiéramos dotar de insumos a nuestros hospitales y centros ambulatorios sin ningún problema durante una década”, aseguró a Tiempo el diputado chavista Juan Romero.

El perjuicio económico fue por primera vez reconocido institucionalmente por el organismo multilateral más importante del mundo, la Organización de Naciones Unidas. Fue luego de que la relatora especial para los Derechos Humanos y las medidas coercitivas unilaterales, Alena Douhan, visitara el país y concluyera que “las sanciones impuestas en mayor medida por Estados Unidos y la Unión Europea han exacerbado las calamidades, el ingreso del Gobierno ha disminuido 99%, las remesas han disminuido por el bloqueo”. Es decir que gracias a la causa, hasta ahora infructuosa, emprendida por algunas naciones del mundo contra el chavismo y Nicolás Maduro, el Estado venezolano enfrenta sus necesidades domésticas con solo el 1% de los recursos con los que podría contar en condiciones normales.

Si bien se aguarda un informe final para septiembre, la funcionaria adelantó que el endurecimiento de las sanciones impactó duramente en los salarios, afectó la capacidad del gobierno para proyectos sociales; y la imposibilidad de importar alimentos causó inseguridad alimentaria severa en 2,5 millones de personas, que sólo comen una vez por día. Durante su visita de dos semanas a principios de febrero, la relatora sostuvo encuentros con representantes del Gobierno, la oposición, sociedad civil, víctimas de violaciones de derechos humanos, y diversas instituciones del Estado.

“El informe ayuda darle mayor legitimidad a las denuncias que en términos comunicativos y diplomáticos venía haciendo el gobierno de Venezuela desde el 2015. Porque ya no se trata solamente del presidente Nicolás Maduro o instuciones del Estado venezolano, sino de organismos que no pueden ser estigmatizados con la etiqueta de pertenecer al proyecto bolivariano”, señaló Romero, quien es diputado por el estado de Zuliá desde la renovación de la Asamblea Nacional el año pasado.

Romero fue parte de la sanción de la ley Antibloqueo, impulsada por el Ejecutivo y aprobada a finales de 2020. Esta norma pone como marco un “contexto de guerra económica” y promueve entre otras cosas la implementación de medidas que impidan el bloqueo a los intercambios comerciales y la inversión de empresas del mundo “en áreas prioritarias como la petroquímica, la alimentación, la industria y el transporte”.