La Cámara de Diputados de Brasil aprobó la intervención federal a los organismos de seguridad de Brasilia decretada por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva para que el Estado asumiera las competencias de seguridad después de que las autoridades de la capital se mostraran incapaces de prevenir y luego frenar el asalto a las sedes del Palacio del Planalto, el Congreso y el Supremo Tribunal Federal (STF).

«El pueblo quiere respeto por la ley, las instituciones y el patrimonio público. La mejor respuesta que podemos dar ahora es más democracia», declaró el presidente de la cámara, Arthur Lira, pasada la medianoche.

La medida, aprobada pese a que algunos diputados bolsonaristas, como Carla Zambelli y Bia Kicis, del Partido Liberal, intentaron postergar la votación pidiendo más tiempo para analizar el decreto presidencial, estará vigente hasta fines de enero y ahora deberá ser ratificada por el Senado.

Para Kicis, la decisión no estaba justificada dado que la situación en Brasilia ya estaba bajo control.

«La Policía intentó contenerlo, hubo fallos, pero es preciso decir que ya fue controlado», argumentó.

Las únicas dos bancadas de la Cámara que se abstuvieron de votar fueron las del PL, la formación de Bolsonaro, y los también liberales de Partido Novo, informó Folha de Sao Paulo, citado por la agencia de noticias Europa Press.

Si bien el decreto de intervención federal tiene valor de ley desde que se estampa la rúbrica del presidente, necesita aprobación de las dos cámaras del Congreso, que puede autorizar o rechazar el texto sin modificarlo.

Miles de militantes bolsonaristas asaltaron el domingo las sedes de los tres poderes en Brasilia, después de dos meses de acampe frente a la sede del Ejército reclamando un golpe de Estado.

Tras el ataque y como consecuencia de los actos «golpistas» y «terroristas», como fueron definidos por las autoridades, el juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes ordenó el cese momentáneo del gobernador de Brasilia, Ibaneis Rocha, así como del secretario de Seguridad, Anderson Torres, por «omisión» de sus funciones y «connivencia» con los asaltantes.

También, las bancadas parlamentarias del Partido de los Trabajadores (PT) y del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) en la Cámara de Diputados solicitaron al Tribunal Supremo que investigue los casos de congresistas en los actos antidemocráticos que se produjeron el domingo pasado.

El PT pidió a De Moraes que sea el encargado de las investigaciones, que implicarían a los diputados bolsonaristas electos Clarissa Tercio, Silvia Waiapi, Andre Fernandes y la suplente Pamela Borio.

También solicitó que los cuatro legisladores sean incluidos en investigaciones sobre los casos de las noticias falsas durante la campaña, la de las milicias digitales y el que señala directamente a Bolsonaro por vincular las vacunas contra el coronavirus con el sida.