El tema era debatido hace años en las cortes inferiores y el caso puntual que llevó a la Corte Suprema no involucra al presidente Donald Trump, pero hace solo tres días y ante la falta de un consenso judicial, su gobierno presentó una iniciativa para dar marcha atrás en la protección que garantizaba a pacientes trans el sistema de salud aprobado en 2010 y conocido como Obamacare.

Hoy, por seis votos contra tres, la Corte Suprema falló que la ley de derechos civiles protege contra cualquier tipo de discriminación laboral a las comunidades LGBT, un resultado no del todo esperado ya que se trata de un tribunal de mayoría conservadora.

El eje de la discusión fue si estaban amparados en el artículo VII de la Ley de Derechos Civiles de años sesenta que prohíbe la discriminación por sexo.

«Un empleador que despide a un individuo por ser homosexual o trans, despide a esa persona por rasgos o acciones que no habría cuestionado a miembros de otro sexo. El sexo juega un rol necesario e imposible de disfrazar en esa decisión, exactamente como lo prohíbe el artículo VII», argumentó en el fallo el juez Neil Gorsuch, el primer magistrado que Trump nominó a la Corte Suprema.

Los otros jueces conservadores -Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh- votaron en contra, según informó el canal CNN.

Kavanaugh argumentó que la corte estaba reescribiendo la ley -una prerrogativa única del Congreso- ya que el texto original habla de sexo, «no de identidad de género y orientación sexual».

No obstante, el juez -que asumió el cargo tras ser nominado por Trump y enfrentar una denuncia por abuso sexual- reconoció que la decisión de la mayoría de la corte es «una victoria importante que consiguieron hoy los gays y lesbianas estadounidenses».

La decisión de la Corte Suprema tendrá un impacto directo para más de 8 millones de trabajadores LGBT.

El probable candidato presidencial de la oposición demócrata, Joe Biden, celebró la decisión -«Hasta el día de hoy, en más de la mitad de los estado, las personas LGTBQ+ podían casarse un día y ser despedidos de su trabajo al día siguiente»-, mientras que la Casa Blanca eligió el silencio.

La Suprema Corte también decidió hoy que no tratará el pedido del gobierno de Trump de cuestionar la llamada ley de santuario de California, que le permite no colaborar con las fuerzas federales en la detención y deportación de inmigrantes sin papeles.

El tribunal también descartó tratar varios casos vinculados a violaciones de los derechos civiles por parte de miembros de las fuerzas de seguridad, un tema central en estos días tras los asesinatos de George Floyd y Rayshard Brooks cuando eran detenidos, el primero en Minneapolis a finales de mayo y el segundo en Atlanta, el viernes pasado.

Por tercer día consecutivo, miles de personas salieron hoy a las calles de Atlanta para protestar por el asesinato de Brooks, esta vez alrededor del Capitolio de Georgia, el estado.

La llamada «Marcha por la Justicia» fue convocada por la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP), para «instar a los legisladores a confrontar y abordar inmediatamente las fallas sistemáticas en la justicia penal y en el sistema electoral», según informó la agencia de noticias EFE.

Más tarde, en una conferencia de prensa, la familia de Brooks pidió que los policías involucrados en su detención y muerte sean condenados a prisión y agradeció a todos los que se manifestaron «de forma pacífica» este fin de semana para reclamar justicia.

«La confianza que tenemos con la fuerza policial está rota. La única manera de sanar estas heridas es a través de una condena y de un cambio drástico en el departamento de Policía», aseguró su prima, Tiara Brooks, según el canal CBS.

Pese a que la militarización de las calles impulsada por Trump y varias autoridades locales se redujo significativamente y la violencia de los saqueos y la represión también, las manifestaciones masivas que piden cambios concretos en las fuerzas policiales y los gobiernos siguen firmes, como quedó claro este fin de semana.

Por eso, día a día, nuevas autoridades municipales anuncian reformas o investigaciones -hoy fue el turno del alcalde de Filadelfia, Jim Kenney, quien prometió investigar a fondo la represión de las protestas en las últimas semanas- y la Casa Blanca y la bancada oficialista en el Congreso cada vez están más presionados para proponer un cambio.

Hasta ahora, los únicos que propusieron o aprobaron reformas concretas fueron dirigentes de la oposición demócrata: las autoridades de Minneapolis, Nueva York y las bancada mayoritaria de la Cámara de Representantes del Congreso federal.

El paquete de reformas lanzado por los congresistas opositores fue rechazado por Trump y es negociado bajo un clima de tensión con los legisladores republicanos.

Mientras tanto, la Casa Blanca volvió a prometer hoy que Trump presentará un paquete de iniciativas «en los próximos días» y lo mismo hicieron los republicanos en el Senado, la cámara que controla el oficialismo.

Mientras crece la incertidumbre por un potencial decreto de Trump, en Tulsa, Oklahoma, ya se preparan protestas para recibir al mandatario en su primer acto de campaña desde el inicio de las cuarentenas por la pandemia de coronavirus.

Trump anunció primero que el acto electoral se realizaría este viernes, el mismo día que el país recuerda el fin de la esclavitud. Ante la ola de críticas que desató, decidió postergarlo un día, aunque la tensión sigue alta en la ciudad que fue escenario de una de las peores masacres de blancos a negros de la época de la segregación.

«A él lo sigue un espíritu de odio. Aún si él no tiene esas intenciones, eso es lo que la gente toma de él. Con su llegada, llenará de odio a la gente», aseguró el pastor Mareo Johnson, un miembro del movimiento Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan) y líder de una congregación cristiana de Tulsa que está convocando a una manifestación este sábado.

Medios y referentes de Tulsa le pidieron hoy al mandatario que cancele el acto y evite una nueva jornada de violencia.