El presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC), Juan Sutil, originó una polémica pública al asegurar que Chile “venía creciendo muy bien en ingresos”, pero que con el aumento de la inmigración se “detuvo el desarrollo y el crecimiento”. Al ser entrevistado por CNN Chile, el líder empresarial afirmó que luego de que el país se abriera a recibir extranjeros, la mayoría venezolanos, la velocidad de crecimiento de la economía chilena se frenó. «La gran cantidad de inmigrantes significó una tremenda carga para el país, desde el punto de vista de hacernos cargo de su salud, de su educación, de su vivienda, de sus desarrollos laborales», dijo.

Sutil ejemplificó su argumento diciendo que “es cosa de verlo en los restaurantes, en los servicios, en la agricultura, la construcción”, donde hay una gran cantidad de extranjeros trabajando. “Eso detuvo también el desarrollo y el crecimiento producto de esta oferta. Hay muchos fenómenos que están jugando y que impiden que Chile se siga desarrollando mejor», dijo el presidente de la CPC.

Las palabras de Sutil causaron polémica y como respuesta, el exdirector del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), José Tomás Vicuña, afirmó en redes sociales que en Chile “la población migrante aporta 4.000 millones de dólares netos al Estado”. Citó en redes sociales un estudio del “Impacto de la población migrante en el mercado laboral y las arcas fiscales entre 2010 y 2019”, de la Fundación Avina y el SJM, donde destaca que «la evolución del desempleo desde 2010 hasta mediados de 2019 no entrega evidencia que vincule la llegada de personas extranjeras en esa década con un crecimiento del desempleo”.

El trabajo señala que “uno de cada cinco trabajadores migrantes está sobrecalificado para su trabajo”. Según estimaciones del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cantidad de extranjeros residentes habituales en Chile bordea los 1,5 millones al 31 de diciembre de 2019. Para ordenar el tema inmigratorio, después de 8 años, el pasado 12 de abril se aprobó la nueva Ley de Migraciones de Chile, que reemplazó a la que regía, que databa de 1975, buscando con esta nueva norma “ordenar la casa”, como refirió el presidente Sebastián Piñera, con el objetivo de reducir el ingreso de extranjeros al país por pasos irregulares.