La campaña hacia las elecciones de hoy ha sido diferente de la 20D, pero no por eso menos intensa. En las últimas semanas los escándalos no dejaron de aparecer, como una señal más de que este domingo se pone a prueba un régimen que se encuentra en descomposición desde hace algunos años, pero que ha hecho más de un intento para sobrevivir.

Los españoles acuden hoy a las urnas, por segunda vez en seis meses, tras los fracasos de formar gobierno luego de las elecciones del 20 de diciembre pasado (20D). Los candidatos Marino Rajoy (PP), Pablo Iglesias (Unidos Podemos), Pedro Sánchez (PSOE) y Albert Rivera (Ciudadanos) han realizado sus cierres de campaña en Madrid. El presidente actual, Rajoy, también decidió hacer un último acto en Valencia, uno de los feudos del Partido Popular (PP), en un intento por recuperar, con su presencia, un escaño para su fuerza política, que según los pronósticos, le será arrebatado por Podemos en alianza con la coalición de izquierda Compromís.

El cimbronazo se produjo a partir de las revelaciones del Diario Público, cuando dio a conocer un audio del 2 de octubre de 2014, en el que el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, le proponía al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, una conspiración, basada en la generación de escándalos, para destituir al actual presidente de la Generalitat, Artur Mas, de la conducción de su fuerza política, Convergencia Democrática de Catalunya (CDC), y reemplazarlo por alguien de su círculo de confianza. El objetivo principal de la conspiración era ahogar todo intento independentista en Cataluña, ya que al destituir a Mas de la conducción de su partido se evitaría una alianza electoral con Izquierda Republicana (ER) y, de esta manera, romper un acuerdo soberanista.

La sospecha que recae sobre Fernández Díaz es sólo una mancha más en la larga lista de acusaciones de fraude y corrupción que envuelven al PP, desde el descubrimiento de la “Contabilidad B”, una forma de financiación ilegal del partido, hasta los escándalos de corrupción del PP valenciano. En el contexto electoral, los candidatos se hicieron eco del escándalo; sin embargo, Rajoy se negó a hacer declaraciones sobre el tema.

Pero no sólo en la Generalitat de Cataluña se sacudió el avispero político. El candidato a presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, fue implicado directamente por De Alfonso: según el funcionario, en una reunión que mantuvieron en 2013 Rivera, que entonces era titular del grupo parlamentario de Ciutadans, le habría pedido “algo a cambio” de su apoyo. Desde la formación de derecha declararon que había sido una reunión de carácter ordinario en la que Rivera habría transmitido su necesidad de “actuar de manera independiente contra la corrupción y el fraude”.

Por su parte, el secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), Pedro Sánchez, aseguró que su fuerza política se presentará como querellante contra De Alfonso por haber insinuado que el PSOE estaba detrás de las filtraciones. Y desde Podemos, Pablo Iglesias apuntó directamente contra Fernández Díaz al advertir que los ciudadanos debían estar preocupados por la “seguridad de las elecciones”, ya que el Ministerio del Interior era el encargado de velar por el desarrollo de los comicios. A diferencia de las argentinas, las elecciones españolas no son obligatorias, sumado a cierto cansancio de la ciudadanía –por la campaña y votación de 2015 más la imposibilidad de formar gobierno de este año– y que la fecha de sufragio de hoy quedó establecida luego del feriado puente por la tradicional fiesta de San Juan, hacen difícil predecir el comportamiento de las abstenciones. Las últimas encuestas publicadas por la consultora Metroscopia pronostican un triunfo del PP con un 29% de los votos (el mismo porcentaje que el 20D), que le daría entre 113-116 escaños, nueve menos que en diciembre. Con este resultado, el PP obtendría, por sí solo, la mayoría absoluta (176 escaños) que se necesita para formar gobierno. La encuesta vaticina, además, un “sorpasso” de Unidos Podemos (la confluencia de Izquierda Unida y Podemos, que ha sido la novedad de esta elección) por sobre el PSOE, el cual ve desafiado su poder en la comunidad de Andalucía, tradicional bastión socialista.

La coalición que lleva como candidato a Pablo Iglesias alcanzaría un 26% de los votos, con lo cual conseguiría entre 92 y 95 escaños, unos 22 más de los que sumaron ambas fuerzas por separado en las últimas elecciones. Por su parte el PSOE, la formación de Pedro Sánchez y del dirigente histórico Felipe González, llegaría al 20,5% de los sufragios, que significarían entre 78 y 85 escaños. Si se cumple este escenario, sólo restará saber qué resolverá el PSOE, si formará gobierno con Unidos Podemos o si por el contario dejará vía libre para un nuevo gobierno del PP. Es decir, si los sectores más propensos al cambio dentro del partido socialista ganarán la lucha interna frente a los más conservadores, representados por sus “barones” –quienes encontraron como portavoz a la presidenta de la Comunidad Andaluza, Susana Díaz– y que, a simple vista, prefieren conservar el orden bipartidista inaugurado en 1978 y que a todas luces ha comenzado a desmoronarse. «