El aniversario justificaba la celebración. El 17 de junio de 1991 había comenzado el desmantelamiento formal del apartheid, el régimen segregacionista por el cual la minoría blanca moldeó un país de mayoría negra durante cuatro décadas. Ese día el Parlamento de Sudáfrica derogó la última ley racista, aquella que clasificaba a los recién nacidos según su color de piel, y marcó de cierta manera el camino a seguir: tres años más tarde se realizaban las primeras elecciones democráticas que consagrarían presidente a Nelson Mandela.

Pero el 17 de junio de 2021, a 30 años de ese momento definitivo en la historia reciente de Sudáfrica, los ánimos no estaban para festejos. El país todavía enfrenta una tercera ola de Covid-19 particularmente virulenta y una aguda crisis económica. Las víctimas de la pandemia trepan a 68 mil. Casi un 33% de los sudafricanos está sin trabajo y la sociedad se encuentra sacudida luego de las protestas y saqueos que siguieron a la detención del exmandatario Jacob Zuma, el 8 de julio, por negarse a declarar en un presunto caso de corrupción ocurrido durante su gobierno.

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“La agitación de la semana pasada ha tensado, pero no ha roto, los entendimientos constitucionales alcanzados hace 30 años. Está claro que se requerirá de coraje político para que el país prospere. Esto está relacionado con un tema pendiente desde hace mucho tiempo: el de la riqueza blanca y la pobreza negra. Si no se hacen esfuerzos serios para abordarlo, podemos esperar que reaparezca este tipo de convulsión política”, dice Peter Vale, investigador de la Universidad de Pretoria.

Si bien la economía sudafricana es una de las más ricas del continente, su sociedad es de las más desiguales del mundo. Las personas que sobreviven en la pobreza sobrepasan los 30 millones, la mitad de la población. Vale considerar que el asunto excede la suerte de Zuma. “A la brecha entre ricos y pobres hay que sumar un desempeño económico muy pobre y un sistema de educación pública deficiente. Es evidente por qué el país tiene una de las tasas de desempleo más altas del mundo, particularmente entre los jóvenes”.

Paradójicamente, el partido de Mandela, el Congreso Nacional Africano (CNA), apenas puede responsabilizar a alguien más por el destino del país que emergió tras el apartheid. Gobierna sin interrupciones desde 1994, cuando prometió construir una nación arcoíris donde habría prosperidad para todos por igual. Han pasado Mandela, Thabo Mbeki, Zuma y el actual presidente, Cyril Ramaphosa, y los buenos propósitos siguen sin materializarse.

Para la historiadora Silvia Perazzo, experta en África Contemporánea, “los últimos años del gobierno del CNA han transformado a Sudáfrica en un Estado predatorio donde la corrupción está enquistada en el partido del poder”. Asegura que los recientes disturbios responden a una interna partidaria vinculada a identidades étnicas. “Los zulúes, el grupo mayoritario dentro del CNA, se vieron traicionados porque dentro del mismo partido hay tendencias que no impiden el procesamiento y el juzgamiento de Zuma, que es zulú”, apunta.

Las imágenes mostraban calles arrasadas, policías que disparaban munición real y civiles armados que protegían sus barrios y comercios en Johannesburgo y Durban. Una vez que Ramaphosa dio por finalizado el estallido de violencia, saldado con unos 300 muertos, hubo un alivio. Por momentos la situación evocaba los enfrentamientos interétnicos que en los primeros años de los ’90 amenazaron con frustrar la transferencia de poder a la mayoría negra.

“Dentro de la facción de Zuma hay grupúsculos extremadamente violentos. En cierta forma tienen que ver con la solución violenta que sobre el final del apartheid muchos sectores del partido le proponían a Mandela”, afirma la académica. Aunque haya prevalecido hasta ahora el ideal del líder sudafricano de “la no violencia hacia la población blanca”, la situación social del país es “un caldo de cultivo para que las tensiones dentro del CNA encuentren gente dispuesta a salir a saquear y a matar”.

Perazzo subraya, sin embargo, que la violencia se vio acotada desde la democratización del país y ya no se focaliza en los blancos. Las disputas, en todo caso, se resuelven entre los dirigentes del CNA. “Ya no alcanza con el recuerdo de Mandela y con la reconciliación –señala– pero el país tiene hoy instituciones fuertes”.

Por su parte, Vale observa en “el sistema de partidos un obstáculo para el cambio político”, en especial por el rol del CNA, que continúa viéndose a sí mismo como un movimiento de liberación nacional. “La buena noticia es que se ha demostrado que el sistema judicial es sólido. Será puesto a prueba una y otra vez, pero la igualdad ante la ley es algo incuestionable para toda la gente del país”, asegura.