El acuerdo de paz en Colombia cumple mañana viernes su primer año sumido en una profunda crisis de impredecibles consecuencias y a cinco meses de las próximas elecciones presidenciales, lo que augura desafíos aún mayores que los superados en los trabajosos cuatro años de diálogo en Cuba.

El 24 de noviembre de 2016, luego de una aprobación parlamentaria que superó el revés inicial del triunfo del No en el plebiscito del 2 de octubre, el presidente Juan Manuel Santos alcanzó la gloria de poder firmar la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), un proceso por el que recibió el Premio Nobel de la Paz y que corrió el telón a una guerra interna de más de medio siglo.

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Sin embargo, y tal como el propio Santos había supuesto, convertir en hechos la letra del acuerdo comenzó a originar diferencias que desalentaron a los guerrilleros desmovilizados y llenó de incertidumbre la escena política, en la que -además- cada sector hace su juego para sacar el mayor rédito posible, tanto desde la aprobación o el rechazo al acuerdo, de cara a las elecciones presidenciales.

Santos intentó evitar que la crisis se profundice y acordó una reunión justamente para mañana con ahora candidato presidencial -aunque sin chances reales de ganar- Rodrigo Londoño, quien bajo el alias de Timochenko fue el último jefe de la ex guerrilla y ahora lidera el nuevo partido político con el que el grupo se expresa en la vida civil y política: la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).

Distintos inconvenientes, como el complicado desplazamiento y reclusión de los guerrilleros desmovilizados en las zonas especiales controladas por las Naciones Unidas (denominadas Zonas Veredales Transitorias de Normalización), fueron horadando la confianza de las partes y encendieron luces de alarma.

Aún así, los pasos establecidos por el acuerdo de paz fueron concretándose, aunque con unos meses de retraso, incluida la entrega de armas por parte de los ex guerrilleros en agosto último.

En las calles de Bogotá, en los días previos al plebiscito, se podía percibir que una de las principales resistencias de la ciudadanía al acuerdo era el sistema especial de justicia que se utilizará para tratar los delitos cometidos en el marco de la lucha armada.

Los asesinatos, secuestros y robos, por ejemplo, cometidos en el marco del conflicto armado serán penalizados por una justicia transicional que buscará la integración social y política de los ex insurgentes antes que la sanción punitiva, un criterio aceptado por los expertos internacionales pero que no cuenta con la simpatía de muchos colombianos de a pie.

Ese sistema de justicia, conocido como Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y que también alcanzará a los agentes del Estado y los particulares que se involucraron en el conflicto armado, está a punto de obtener aprobación parlamentaria.
Sin embargo, la aprobación podría generar aún más tensión porque incluye reformas al acuerdo de paz que son rechazadas por las FARC.

«Estamos avanzando en la implementación del proceso de paz que firmamos con el señor Rodrigo Londoño precisamente hace un año y que si hay algunas dificultades o algunas interpretaciones equivocadas, pues es natural que uno se reúna», afirmó Santos el martes, anticipando la agenda y el tono que tendrá el encuentro con Timochenko.

Otra cuestión que en la práctica presentó dificultades no previstas fue la cuestión de la seguridad, ya que en este último año fueron asesinados 32 ex guerrilleros, quienes al entrar en la desmovilización debían haber recibido custodia del Estado.

Los temores de la ex guerrilla tanto por la cuestión de la JEP como por la seguridad fueron expuestos por Timochenko al secretario general de la ONU, António Guterres. Esta conversación no cayó bien en el gobierno.

«Mi propósito al dirigirme personalmente a usted es el de poner de presente ya no nuestra preocupación, sino nuestra más encendida alarma por la forma como el Estado colombiano actúa en materia de la implementación de los acuerdos referidos», indicó Timochenko en la nota que le envió a Guterres.

Para colmo de males también se involucró en la polémica el jefe de la Misión de Verificación de la ONU en Colombia, Jean Arnault, quien afirmó que al menos el 55% de los 8.000 ex insurgentes que se acogieron al acuerdo de paz abandonaron las 22 zonas creadas para su tránsito a la vida civil por «desilusión» ante la ausencia de oportunidades económicas. 

«Los ex guerrilleros eran unos 8.000 al 20 de mayo en las zonas veredales donde se reunieron para dejar las armas. Quedaba el 70% al 15 de agosto. Hoy estimamos que el 45% todavía está en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reincorporación (ETCR)» en los que se convirtieron dichas zonas, aseguró Arnault y provocó el inmediato rechazo del alto comisionado para la paz, Rodrigo Rivera.

«Estamos sorprendidos con las declaraciones del señor Arnault. Para plantear la clase de reservas que él propone existen los canales diplomáticos y veo que no fueron suficientes. Esto siembra la sensación de que hay una especie de diáspora de ex combatientes de las FARC en los Espacios Territoriales», advirtió Rivera, un funcionario de Santos. 

Además, dijo, «la ONU sabe que desde el 15 de agosto los miembros de las FARC tienen derecho a salir de esas zonas. El propósito de los espacios es que sean transitorios, ellos no están confinados allí y la ONU lo sabe».

Los siguientes son los principales hitos del primer año del proceso de paz colombiano:

2016
– 24 de noviembre: El presidente Juan Manuel Santos y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, firman en Bogotá un nuevo acuerdo, que incluye 56 cambios en los 57 ejes temáticos con respecto al anterior, rechazado por escaso margen en el plebiscito del 2 de octubre. 
– 30 de noviembre: El Congreso ratifica el acuerdo de paz por 130 votos a favor y ninguno en contra. 

2017 
– Febrero: Las FARC terminan su concentración en las 26 zonas rurales establecidas en el pacto, un mes y medio después de lo previsto por el cronograma de implementación a causa de los retrasos de parte del gobierno en el acondicionamiento logístico.
– Marzo: La ONU, en cumplimiento del acuerdo final, comienza el registro de las armas de 6.803 guerrilleros desmovilizados. 
– Abril: El Congreso aprueba la participación en política de las FARC una vez que termine el proceso de desarme. 
– Junio: La ex guerrilla entrega en tres fases de 30%, 30% y 40% la totalidad de sus armas, según lo establecido en el acuerdo final. 
– Agosto: La ONU extrae los dos últimos contenedores con armas y explosivos en un campamento ubicado en el departamento de La Guajira. 
– Septiembre: En la Plaza de Bolívar, en el centro histórico de Bogotá, es presentado el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), expresión política de la ex guerrilla. 
Rodrigo Londoño le pide al papa Francisco que lo perdone por el dolor que su organización causó al país durante una visita que el jefe de la Iglesia católica hizo ese mes a Colombia. 
– Octubre: La ONU expresa preocupación por las «graves falencias en materia logística y financiera» que ha tenido la implementación del acuerdo de paz. 
– Noviembre: Londoño, proclamado candidato presidencial del partido FARC, le dice al secretario general de la ONU, António Guterres, que las «alarmas están encendidas» por los «incumplimientos» del Estado colombiano en torno al acuerdo de paz. 
El gobierno polemiza con el jefe de la Misión de la ONU, Jean Arnault, quien afirmó que el 55% de los ex guerrilleros abandonaron las zonas veredales por «desilusión».
24 noviembre: En el primer aniversario de la firma del acuerdo, Santos y Timonchenko se reunirán para intentar bajar tensiones y evitar que la crisis se profundice.