Tras 25 años de lucha, el colectivo de mujeres afectadas por las esterilizaciones forzadas del gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, logró una reivindicación histórica. Un juez resolvió abrir una investigación judicial contra el expresidente preso por otros delitos de lesa humanidad, y varios de sus exfuncionarios y ministros.

“Este anuncio del juez Rafael Martínez es un logro histórico de las miles de víctimas en la lucha por los derechos humanos”, celebró Rute Zuniga, presidenta de la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las esterilizaciones Forzadas (Ampaef). “Abrazo a todas y cada una de mis hermanas y agradezco todas las solidaridades, en especial a los equipos de abogados”, dijo desde Cusco.

Zuniga es una de las más de 300 mil mujeres víctimas de la práctica implementada por el régimen fujimorista entre los años 1996 y 2001, como parte de una política de control de natalidad que remitió a lo más oscuro de la historia de humanidad.

Durante este periodo se realizaron más de 340.000 ligaduras de trompas a mujeres y 24.000 vasectomías a hombres, en su mayoría indígenas o de sectores campesinos de la sierra del Perú, como parte de esa acción pública violatoria de los derechos reproductivos de miles de campesinas y mujeres pobres.

“Esta larga lucha acumula 16 años de investigación en Fiscalía de la Nación, donde soportó cinco archivamientos, y gracias al trabajo de abogados del Instituto de Defensa Legal y otros estudios se reabría, hasta que por fin en 2018 se hizo la denuncia ante el poder judicial”, explicó Ampaef.

“Así se mantuvo en el Poder judicial, dada su complejidad y estuvo tres años en estudio, iniciando proceso de lectura de 182 pruebas de convicción desde la Fiscalía contra Alberto Fujimori, exministros de salud Alejandro Aguinaga, Marino Costa Bauer, Eduardo Yong Motta y funcionarios como Ulises Jesús Jorge, Segundo Henry Aliaga”, explicaron tras el fallo del martes que ordenó avanzar con la causa.

En el sitio ampaefperu.org se relata la historia de Zuniga, igual que la de cientos de miles de compatriotas que pasaron por el mismo calvario. Se cuenta que el 10 de febrero de 1999 se presentó en su humilde casa del poblado de Limatambo un grupo de funcionarios de sanidad, que obligaron a ella y a Eduardo, su marido, a acompañarlos al centro médico de Anca, a una hora de allí, con la excusa de vacunar a la cuarta de sus hijos, Ruth.

“En el centro, se encontró con otras muchas mujeres, quienes, aterradas, comentaban que iban a ser esterilizadas. Rute no quería creer lo que oía. Para ella, como para el resto, aquello frustraba su proyecto de vida. Ella y su marido habían planeado tener más hijos. Querían ampliar su familia”.

“La condujeron, a la fuerza, a una sala donde la desnudaron contra de su voluntad y le pusieron una bata”, dice el relato. Sus vanos intentos de zafarse y de gritar por ayuda fueron sometidos cuando el médico a cargo ordenó que la inmovilizaran y luego la anestesiaran.

“Tras la intervención, la colocaron en suelo de una sala contigua, junto con el resto de las mujeres esterilizadas. Habían pasado apenas unas horas, cuando los sanitarios entraron y la levantaron para conducirla a una ambulancia que la llevó, junto con su marido y su hija, de vuelta a casa. Solo le dejaron veinte pastillas analgésicas”.