Este domingo, las y los uruguayos irán a las urnas para decidir si se derogan 135 de los 475 artículos de la Ley de Urgente Consideración (LUC), nave insignia del gobierno de Lacalle Pou aprobada por el Congreso en julio de 2020. Una polémica megaley que implica grandes reformas en clave neoliberal (como privatizaciones, límites al derecho a huelga o más poder a la policía) y que será refrendada en una suerte de elecciones de medio término que medirá las fuerzas entre la coalición oficialista y el abanico opositor conformado por el Frente Amplio, la central sindical única PIT-CNT y los movimientos sociales.

Más allá de lo mucho que está en juego, el referéndum ratifica una extensa y rica tradición uruguaya en el uso de estos mecanismos de democracia directa. La primera consulta popular se realizó en 1917 para reformar la Constitución y la impronta plebiscitaria quedó plasmada en la Carta Magna de 1934, pero sobre todo se convirtió en una herramienta fundamental desde la recuperación democrática, jugando como un interesante contrapeso a las decisiones gubernamentales. Será la consulta número 22 desde 1989.

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La legislación uruguaya contempla dos instrumentos. El plebiscito para asuntos que impliquen reformas constitucionales y el referéndum para modificaciones legales, los cuales requieren que sea convocado por el 25% del electorado. En plena pandemia, se logró la hazaña de recolectar casi 800 mil firmas (en un país de 2,7 millones de habitantes) que hicieron posible este referéndum.

Con el regreso de la democracia se dieron una serie de consultas ciudadanas de gran significancia política. La primera fue en 1989 para derogar la Ley de Caducidad que impedía el juzgamiento a los represores, pero terminó en fracaso. Ese mismo año se logró aprobar un plebiscito que declaraba inconstitucional el ajuste de las jubilaciones y en 1992 se logró derogar parcialmente la Ley de Empresas Públicas impulsada por el gobierno de Luis Alberto Lacalle (padre del actual mandatario), un ambicioso proyecto privatizador que, a grandes rasgos, eliminaba monopolios estatales y permitía a las empresas públicas asociarse con privados.

En la segunda mitad de la década del 90 se sucedieron una serie de traspiés para los movimientos sociales como el plebiscito para fijar 27% del Presupuesto Nacional para la educación (1994), la derogación del marco regulatorio energético (1998) o la derogación parcial de la Ley de Flexibilización Laboral (1999).

A comienzos de siglo, las fuerzas progresistas lograron dos victorias emblemáticas: una sobre la ley de desmonopolización del petróleo (2003) y otra sobre la Reforma Constitucional en Defensa del agua (2004).

Con el Frente Amplio en el gobierno, el aluvión de iniciativas populares tuvo un freno. En 2009, junto con la elección que llevó a José Mujica a la presidencia, se votaron dos plebiscitos: uno para habilitar el voto en el exterior y otro nuevamente por la ley de caducidad. Ninguno fue aprobado.

Con el gobierno frenteamplista pasaron a ser las fuerzas conservadoras las que intentaron llevar adelante consultas populares, aunque sin mucha suerte. Las más destacadas fueron el plebiscito para bajar la edad de imputabilidad en 2014 y otro también sobre inseguridad en 2019. Además hubo intentos fallidos para derogar la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la Ley Integral para Personas Trans.

Este domingo, el Uruguay vivirá un nuevo capítulo en su larga historia de trascender la democracia meramente representativa. De forma directa, el pueblo tendrá en sus manos la posibilidad de tumbar una batería de reformas neoliberales que aprobó el Congreso en tiempo récord y en plena emergencia por el Covid-19.