Advierten que el acuerdo con Inglaterra viola la soberanía

Lo afirma el Observatorio de la Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego respecto del convenio pesquero firmado con Gran Bretaña.
19 de Mayo de 2018

La firma del acuerdo pesquero entre Argentina y Gran Bretaña implica ceder territorio. Simple: es la entrega de Malvinas y su mar a los ingleses y kelpers. Así lo comprende el Concejo Asesor del Observatorio Cuestión Malvinas de Tierra del Fuego, que el miércoles pidió a la gobernadora fueguina Rosana Bertone que inicie acciones penales contra el Ejecutivo Nacional. Es por ceder más de 3 millones de kilómetros cuadrados al manejo de otro país. El Observatorio también solicitó que envíe el memorándum de entendimiento Foradori-Duncan de 2016 a la Corte Suprema para que pueda ser discutido por el Congreso Nacional. 

El acuerdo fue firmado en Buenos Aires durante una reunión del subcomité científico de la Comisión de Pesca del Atlántico Sur (CPAS). Fue en el marco de una serie de acuerdos que serán ratificados por los cancilleres de ambos países, Jorge Faurie y Boris Johnson, en la reunión del G20 que se realizará en Buenos Aires hoy y mañana. 

Para el Observatorio lo que está en riesgo es la soberanía sobre las islas y el mar del sur. “Le estamos dando potestad de vecino, le estamos dando condición de estado rivereño a Gran Bretaña”, dijo Daniel Guzmán, ex combatiente y vocero del Consejo Asesor. 

“Más allá de la extracción de recursos, le estamos otorgando esa condición y sentando a la mesa de discusión a los kelpers. Esto no solamente va en contra del camino que ha seguido históricamente la Argentina sino también de la resolución 2065 de la ONU y la 1514, respecto de que no puede haber determinación de los pueblos en el caso de Malvinas. Poner a los Kelepers en esa condición es pasar por encima lo que internacionalmente está establecido desde 1965”.  

¿Argentina está cediendo soberanía?

-Sí, estamos cediendo soberanía. El comunicado Foradori - Duncan, del fatídico martes 13 de septiembre de 2016, es el andamiaje del acuerdo que se está concretando ahora. Eso fue una hoja de ruta, un plan estratégico.

De la reunión del CPAS participó John Barton, el director de recursos naturales del gobierno kelper. Tras el encuentro, emitió un comunicado titulado: “Positivo desenlace para las Falklands de las conversaciones sobre pesca”. 

El acuerdo es clave para los isleños, que necesitan de los estudios científicos para seguir los movimientos de los cardúmenes, principalmente peces y calamar ilex, y aumentar su producción. Para Burton, el acuerdo pesquero fue “positivo”. 

Guzmán lo resume así: “Desde el paralelo 48.3 al paralelo 60 van a tener el control pesquero, manejar las licencias y empezar a buscar nuevas especies bajo el pretexto o título de control y conservación pesqueros”. La zona va desde el norte del archipiélago hasta el límite antártico. 

Por eso es que pidieron a Bertone que analice ir a la justicia contra el Ejecutivo Nacional y el canciller Faurie “por el delito de desintegración territorial. Lo que están haciendo es una sesión territorial de la jurisdicción de Tierra del Fuego y de la Argentina. Lo que están cediendo son 3,1 millones de km2 al manejo arbitrario de Gran Bretaña”. 

También pidieron que envíe el acuerdo a la Corte Suprema. El objetivo es que, con una declaración de certeza, el máximo tribunal establezca que el memorándum de entendimiento con Gran Bretaña de 2016 es un pacto que debe pasar por el Congreso de la Nación. En la previa del acuerdo, 12 diputados del Frente para la Victoria, con el aval del diputado Guillermo Carmona, vicepresidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, solicitaron al Poder Ejecutivo que “se abstenga de tomar cualquier decisión que implique el reconocimiento explícito o implícito de la pretensión británica de ser reconocida como estado ribereño en el Atlántico Sur y se exija el cumplimiento de la normativa Argentina vigente en materia de pesca". «

Por torturas en Malvinas, piden detenciones  

El pedido de detención e indagatoria de 26 oficiales y suboficiales del Ejército por torturas cometidas contra conscriptos durante la Guerra de Malvinas "abrió una ventanita", dice Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos del Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas de La Plata. 

Esta entidad inició la causa por crímenes de lesa humanidad cometidos por los militares en las Islas durante el conflicto del Atlántico Sur. "Nos preocupa que el juez tome medidas urgentes. Sabemos que los militares, cuando tienen que enfrentar la justicia, se fugan", explicó Alonso.

El viernes pasado, el fiscal federal Marcelo Rapoport le pidió al juez Fernando Calvete (subrogante del Tribunal Oral Federal de Río Grande) indagar y detener a militares por 22 casos de torturas cometidos en la Isla Gran Malvina en el Regimiento de Infantería 5. El imputado de mayor jerarquía es el general Omar Edgardo Parada, jefe de la brigada, porque los altos mandos están muertos. Es el primer pedido que hace el Ministerio Público desde que en 2007 el CECIM y Pablo Vassel (entonces secretario de DD HH de Corrientes) iniciaron las denuncias. 

La apertura de los archivos militares secretos sobre Malvinas en 2015 fueron clave para el avance: "Ahí está todo escrito y ratifica las denuncias", explicó Alonso. "Se abrió una pequeña ventana después de once años. Es apenas el comienzo. Los acusados son de un solo regimiento. Pero hubo sistematicidad en los hechos, en todos los regimientos, en todas las fuerzas hay al menos una denuncia", agregó el secretario de DD HH del Cecim, que la semana próxima viajará a Tierra del Fuego para solicitar medidas al juez. 

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