El escándalo por los aportantes truchos a la campaña electoral de Cambiemos en 2017 podría llegar alto en las filas del gobierno de la provincia de Buenos Aires.
En conferencia de prensa, María Eugenia Vidal echó a la fugaz contadora general de la provincia Fernanda Inza por su rol como responsable financiera de la campaña tras la revelación de El Destape de cientos de donantes que eran beneficiarios de planes sociales y que niegan haber aportado dinero.
Sin embargo, la cadena de responsabilidad no se detiene en Inza, quien fue la tesorera del PRO en la provincia.
Según establece la ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos, el presidente y tesorero del partido, y los responsables políticos y económico financiero de la son quienes pueden ser sancionados en caso de comprobarse en la justicia los casos de aportes truchos.
También podés leer: Soltar lastre para mantener a flote el Plan V
En el caso del Pro bonaerense, la titular del partido fue María Eugenia Vidal mientras que Jorge Macri, intendente de Vicente López fue vicepresidente primero y Néstor Grindeti, actual intendente de Lanús, fue vicepresidente segundo. La tesorera fue Inza, mientras que Federico Salvai, actual jefe de gabinete de Vidal, fue el jefe de campaña y secretario general del partido.
Además, Silvia Chabán y Alfredo Irigoin fueron los responsables económicos de la campaña 2017. Ambos ya fueron imputados por el juez Sebastián Casanello por pedido del fiscal federal Carlos Stornelli.
También podés leer: Por la denuncia de aportes truchos, Vidal debió pedirle la renuncia a la contadora general
Las sanciones que establece la ley de financiamiento de los partidos políticos es la inhabilitación de seis meses a diez años para ejercer cargos públicos.
