La prórroga del congelamiento de las tarifas de luz y gas hasta marzo de 2021 vino con un agregado: la indicación a los entes reguladores del gas (Enargas) y de la electricidad (Enre) para que dé inicio al proceso de renegociación de las tarifas, mecanismo que se conoce como Revisión Tarifaria Integral (RTI). Las RTI involucran al transporte, a la distribución de gas y a la de electricidad.

El Decreto de Necesidad y Urgencia 1020/2020 estipula un plazo de dos años para llevar adelante esa discusión tarifaria, pero abre una ventana al señalar que los entes reguladores podrán realizar «adecuaciones transitorias de tarifas» mientras se sustancias las respectivas RTI.

Así las cosas, en el sector gasífero comentaban en voz baja que prevén que el congelamiento llegue hasta marzo del año que viene y que para ese entonces las negociaciones con las autoridades del Enargas ya pudiesen estar lo suficientemente avanzadas como para establecer una hoja de ruta de incrementos en 2021, a aplicar desde abril, que considere «todas las características del año», como señaló eufemísticamente un directivo de una firma para decir que el sector toma en cuenta que se trata de un año con elecciones y que por ello aceptarían aumentos tarifarios menores a los que habrían reclamado en otro contexto.

 Por otro lado, en el caso del gas se llega a esta nueva instancia después de que el interventor del Enargas, Federico Bernal, concluyera una auditoría de todos los contratos de renegociación tarifaria firmados durante el gobierno de Mauricio Macri. La conclusión de Bernal fue que esos contratos deberían anularse por las irregularidades cometidas por los funcionarios de entonces y que derivaron en subas de hasta el 3000 por ciento en el valor de las tarifas. «Mi propuesta al presidente (Alberto Fernández) es que esos contratos deben anularse», le dijo Bernal a El Destape radio un mes atrás. El planteo, sin embargo, abre un interrogante acerca del tipo de tarifa que deberían pagar los usuarios: si las que provienen del macrismo son nulas, todo debería retrotraerse a agosto de 2016, algo tan insostenible como que los usuarios sigan pagándolas, razonó Bernal. De allí que surgiera la idea de «tarifas de transición», que deberían dar cuenta de los costos actuales de producción y de la «ganancia razonable» esperada por las empresas.

En el caso de la electricidad, no se hizo el mismo trabajo de revisión que en el del gas, razón por la que no hay un cuestionamiento de los contratos firmados desde 2016. Ello podría abrir una asimetría difícil de sostener con el paso del tiempo.  «