El sitio de propiedades Zonaprop aseguró que en lo que va del año el precio de los alquileres en la Ciudad de Buenos Aires se incrementó un 46,2%, lo que duplicaría la inflación acumulada en 2020. A partir de este informe, muchos portales han instalado la idea de que la sanción de la Ley de Alquileres, en junio pasado, provocó un salto en el incremento de los precios.
Sin embargo, hay otras miradas que apuntan a las inmobiliarias, desarrolladoras y grandes propietarios.
Dentro del Congreso, la Ley de Alquileres tuvo como promotor el actual diputado provincial Daniel Lipovetzky (Juntos por el Cambio – PRO), quien explicó a Tiempo: “Las informaciones que aparecen responsabilizando a la Ley de Alquileres son técnicamente incorrectas y poco serias. Hay que esperar para saber los efectos de la Ley. Estamos en un escenario muy excepcional como es la pandemia, lo cual incluye un Decreto que congela precios y los relevamientos serios, que son los del Indec, no se están haciendo justamente por la pandemia”.
“No se pueden hacer tomando como base las publicaciones de un portal de oferta inmobiliaria. Lo que hay en concreto son operaciones de sectores que hoy sienten que la Ley los ha perjudicado: son desarrolladores y grandes propietarios. La Ley no se mete con los precios, solo evita los abusos que se hacen y trata de equilibrar las relaciones de poder, con el foco puesto en los inquilinos, que es históricamente el sector más desprotegido”, analizó Lipovetzky.
Gervasio Muñoz, titular de la Federación de Inquilinos Nacional y principal impulsor del proyecto que derivó en la Ley de Alquileres, apuntó: “Es una operación del mercado inmobiliario. Es poco serio el relevamiento, que se basa solamente en las publicaciones de ese portal”.
“El mercado inmobiliario nos declaró la guerra a los inquilinos, evidentemente. No se trata de una jubilada que tiene un departamento y lo pone a alquilar. Hay sectores concentrados que tienen la posibilidad de fijar los precios. Aumentan, dicen que es por culpa de la Ley y hacen todo lo posible para que se vuelva atrás con la Ley. Porque para ellos la Ley es una derrota, al igual que el Decreto. Y el rol de algunos medios es fortalecer esa idea por cuestiones políticas”, evaluó Muñoz.
Fernando Muñoz, responsable de la Defensoría del Inquilino en la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, resumió: “No es algo inédito, si uno ve la relación del mercado inmobiliario con las grandes crisis. El mercado exige que le baje los impuestos para la construcción. Hay una presión para que el Estado tome medidas en favor de estos sectores. Y esas medidas son que el Estado no se meta, que no haya ningún tipo de regulación, y que se baje los impuestos a las constructoras”.
“Ellos (mercado inmobiliario) logran que el Estado no se meta de manera forzosa. Cuando no se podía indexar, lo hizo de todos modos. Cuando el Estado votó que se podía cobrar un mes de adelanto, cobró dos. Es un golpe de mercado para presionar al gobierno durante una crisis”, opinó.
La Red de Inquilinos Bonaerenses está compuesta por una docena de agrupaciones de inquilinos de distintos distritos, entre los cuales se encuentra Inquilines Mar del Plata. Su titular, Sebastián Oliver, remarcó: “En Mar del Plata, los precios no aumentan “por culpa de” la Ley de Alquileres. Aumentan porque los jugadores del mercado inmobiliario en General Pueyrredón (especialmente, grandes propietarios asociados a grandes inmobiliarias) no tienen ningún tipo de controles y son los que imponen las reglas del juego”.
En el mismo sentido, Oliver destacó: “Con la ley anterior, tampoco respetaban los términos. El tema de fondo es consecuencia de una relación de fuerzas totalmente desigual e inequitativa entre la parte locadora y la parte locataria, en una economía de mercado total y absolutamente desregulada, sin una presencia institucional concreta, ni políticas públicas pensadas para asistir y/o contener la situación de las y los inquilines”.
Lipovetzky afirmó: “Quieren crear una percepción falsa, cuando la Ley resuelve muchos problemas que tienen los inquilinos como los aumentos, los montos de renovación, las garantías, etc. No se puede tomar como una variable a la oferta; sobre todo, en este contexto de pandemia. Hay un DNU, más la pandemia, más los saltos del dólar, más un mercado que está en una situación difícil. Hay una clara intencionalidad de un sector que quiere cambiar la Ley”.
Gervasio Muñoz, por su parte, advirtió: “La mitad de los inquilinos están haciendo uso del decreto, por lo que no hay tantos aumentos. Ellos (sector inmobiliario) hablan de poca oferta porque no hay mudanzas. La renovación automática hace que la gente no se mude tanto, es obvio. De hecho, hasta hace poco estaban prohibidas las mudanzas por la crisis sanitaria y, además, pocos tienen 80 mil pesos para mudarse. Y a eso llaman poca oferta. La Ley y el Decreto son sumamente protectorios, pero del otro lado hay un sector que es mucho más poderoso que el Estado”.
Para Fernando Muñoz, la solución puede llegar a partir de tres puntos: “Obligatoriedad de tener ocupada la vivienda, control de las leyes vigentes y regulación del mercado temporario (solo aplicado a turismo). Ahí, sí que se liberen los precios y que se maneje exclusivamente por oferta y demanda”.
