La manipulación mediática

Opinión de Héctor O. Becerra, docente de Ética y deontología profesional en TEA y DEPORTEA
26 de Junio de 2017

A raíz del 15° aniversario de lo que dio en llamarse Masacre de Avellaneda resulta importante el recuerdo de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, esos jóvenes luchadores que cayeron asesinados por la policía. En la ocasión quisiéramos hacer eje en cómo se informó, ya que si no hubiera sido porque dos fotoperiodistas, desempeñando holgadamente sus funciones, lograron captar escenas de lo sucedido, no se hubiera podido llegar a la verdad de los hechos transparentando el accionar de los piqueteros y poniendo de relieve que las operaciones de desinformación del pasado necesitan ser entendidas y recreadas en la actualidad, porque hoy se traducen en operaciones de ingeniería informática mucho más complejas y profundas donde nos encontramos influidos por personas a las cuales les otorgamos una credibilidad que no tienen (los trolls, por ejemplo) que nos comunican cuestiones que no están comprobadas y terminan propagandizando, en lugar de informar objetivamente.

Recordemos aquel titular de Clarín publicado al otro día de los sucesos: “La crisis produjo dos nuevas muertes”, haciéndose eco de la voz oficial del Gobierno Nacional que sostenía que dos facciones piqueteras que atacaban con piedras y palos a los policías se habían terminado autoagrediendo.

Sergio Kowaleski fotógrafo independiente y su colega de Clarín, José ‘Pepe’ Mateos registraron con sus cámaras la secuencia del asesinato de Santillán en la estación de trenes de Avellaneda. Kowaleski entregó sus fotos a la organización Correpi y ésta las llevó al diario Página/12 para demostrar que la versión oficial -según la cual esas muertes habían sido el resultado de un enfrentamiento entre grupos piqueteros antagónicos- era una infamia. El diario Clarín tenía una secuencia similar registrada por Mateos, que publicó recién dos días después.

Sería injusto dejar de recordar que antes de la publicación de Clarín, el viernes 28 de junio, Página/12 titulaba a doble página: “Yo vi cómo lo mataban” donde la periodista Adriana Meyer entrevistaba al fotógrafo que se había convertido en un testigo clave.

De esta forma Página/12 no sólo daba un paso gigante en honor a la verdad; sino que ponía en jaque la idea de que las muertes de los piqueteros eran atribuibles a “la crisis”. Clarín tenía la secuencia de las fotos la misma noche de la masacre. ¿Por qué Clarín no se adelantó a Página/12 y sacó provecho de lo que en la jerga periodística se denomina primicia informativa?

La libertad de prensa es el derecho que protege a la empresa informativa para ganar dinero vendiendo información y así como cualquier derecho ampara pero, no obliga. Entonces, si el derecho a vender información -fuera perjudicial para el medio- bien podría devenir en el derecho de silenciar esa información, siempre en aras de los intereses comerciales de la empresa. En este punto podríamos afirmar que la libertad de prensa lesiona seriamente el derecho a la información, esto es la prerrogativa de la ciudadanía a estar informada con la verdad.

Se produce un conflicto de intereses entre el periodismo pensado como empresa privada, o como bien de la sociedad en su conjunto. La forma cómo se desinformó en el caso de Darío y Maxi deslegitimó completamente la idea de que los criterios del mercado son absolutamente democráticos. Tan grosera fue la desinformación que se llegó a hacer un documental de ´85 dirigido por Patricio Escobar y Damián Finuarb que llevó el irónico título de La crisis produjo dos nuevas muertes donde se ponía en evidencia la manipulación informativa.

La alternativa de que sea el Estado el que determine criterios de funcionamiento de los medios mediante su regulación legal, o control público, muchas veces resultó inadecuado debido a la crisis de indefensión en la cual quedó el Estado después del gobierno de Menem. Y cuando los Kirchner intentaron revitalizar el Estado tampoco resultó sencillo, recordemos las dificultades que encontró la aplicación e implementación de la Ley de Servicios Audiovisuales.

Por otra parte, lamentablemente, resulta demasiado frecuente la tendencia del poder político a querer controlar los medios y convertirlos en mecanismos más o menos encubiertos de propaganda de intereses partidarios o gubernamentales, financiados con la pauta publicitaria.
En este punto cobra importancia la forma como Página/12 titula e informa sobre lo sucedido en la Masacre de Avellaneda ya que está produciendo una autorregulación periodística, una crítica a la forma cómo Clarín está desinformando, una manera de informar acerca de cómo se informa. Resulta llamativa la poca información que circula por los medios acerca de este concepto. La autorregulación periodística supone un importante desplazamiento del ajuste normativo del funcionamiento de los medios desde el Estado y/o el mercado hacia la sociedad civil en su conjunto y a la regulación que toda la ciudadanía podría producir ejerciendo su libertad de informar amparada en el derecho a la información (este artículo constituye el mejor ejemplo).

Unas palabras sobre el accionar de los dos fotoperiodistas ya que ellos fueron conscientes de lo que habían fotografiado y no dejaban de contrastar lo que habían visto y lo que habían fotografiado con lo que estaban leyendo en los titulares de los principales medios. Ellos, a pesar de depender de los editores de los medios para los cuales trabajan, fueron conscientes de la necesidad de su independencia en el desempeño de su función profesional. Amparados en la cláusula de conciencia -que para el periodista es un derecho específico que forma parte de su prerrogativa de comunicar información- contribuyeron en el ejercicio básico de un aspecto fundamental del Estado democrático, que es la pluralidad de opiniones.

La libertad de expresión en una democracia con una estructura social desigual es un derecho relativo. Para que la ciudadanía pueda tomar una activa participación tiene que tener la posibilidad de expresarse. Pero la comunicación tiene que organizarse a través de los periodistas, amparándose en la cláusula de conciencia, para no ser meros repetidores de lo que sus editores, productores y/o directores les ordenan comunicar y de los ciudadanos que tienen que amparados en su derecho a la información deben ejercer su derecho a comunicar y criticar a través del ejercicio de autorregulación periodística.

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