Los obstáculos que encontró el gobernador bonaerense Axel Kicillof en la Legislatura provincial para intentar la fallida sanción de su proyecto de ley impositiva son el anticipo del perfil opositor que tendrá Juntos por el Cambio para los próximos cuatro años. La ausencia de interlocutores válidos que este viernes denunció el flamante mandatario, ante el fracaso de las negociaciones, habla de las fracturas internas que tiene la alianza opositora, pero le sirvieron a la exgobernadora María Eugenia Vidal para delinear el rol que tendrá en la política bonaerense a partir de 2020.

La encargada de celebrar el giro fue la exministra de Seguridad y futura presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que utilizó su cuenta de Twitter para elogiar el fracaso de las negociaciones en el Senado provincial. «Pato» también esperaba una respuesta similar en el Congreso Nacional frente al proyecto de ley ómnibus que envió el presidente Alberto Fernández, pero su iniciativa quedó aislada entre los diputados más duros, dentro de un Interbloque de 116 escaños, donde macristas, radicales y lilitos experimentan una nueva convivencia que será determinante para el futuro o fracaso de Cambiemos como alianza opositora.

«El 75% de aumento de impuestos en PBA no fue aceptado por Juntos por el Cambio. Defender nuestros principios y lograr acuerdos razonables chocó contra la intransigencia del gobierno de la Provincia. Diálogo, no escribanía es el camino. Felicitaciones a nuestros representantes en PBA», festejó Bullrich sin mencionar a Vidal. La exgobernadora no está de acuerdo con una futura presidencia del PRO en manos de Bullrich, pero en la medida en que se agudicen las contradicciones con el peronismo en temas económicos o de seguridad, esas discrepancias comenzarán a disiparse para consolidar la supervivencia opositora de Cambiemos hasta que Macri defina su futuro.

La mesa más chica de la alianza no estará instalada en las oficinas que tiene el expresidente en Olivos sino en el Congreso Nacional. Allí los socios opositores esperan el paso del próximo trimestre para que se acomoden los melones tanto en el Senado como en Diputados. En ambos recintos la alianza opositora pondrá a prueba su capacidad de fuego, aunque conviven tribus hasta ahora contrapuestas que deberán privilegiar la gobernabilidad de sus territorios por encima del objetivo electoral de «cuidar y representar» al 40,8% de votantes de la fórmula Macri-Miguel Pichetto.

Ante la mayoría que el Frente de Todos tiene en el Senado, el radicalismo hará valer sus prioridades para gestionar las tres provincias que controla: Mendoza, Jujuy y Corrientes. El interés por preservar la gobernabilidad no sólo se plasmará en el recinto de las provincias: también definirá el funcionamiento de la UCR. Hace diez días el flamante diputado y exgobernador mendocino Alfredo Cornejo fue reelecto como presidente del Comité Nacional partidario, pero el 70% de su estructura es controlada por el mandatario jujeño, Gerardo Morales, que tiene otros cuatro años en el poder y es el garante de la continuidad del cordobés Mario Negri como titular del bloque radical y del Interbloque de Cambiemos en la Cámara Baja.

Morales buscará ser el portavoz político de sus correligionarios gobernadores: el correntino Gustavo Valdés y el mendocino Rodolfo Suárez. Por esa razón, dicen cerca suyo, buscará privilegiar los pactos de gobernabilidad por encima del rol opositor que Bullrich espera para el PRO y que los diputados cambiemitas todavía no logran consensuar. «Patricia tiene la misión de defenderlo a Mauricio de los ataques furiosos y de hacer florecer mil flores con su discurso opositor», confió un experimentado dirigente del PRO para confirmar que la exministra se encargará de reeditar la máxima polarización posible con el peronismo para consolidar y proyectar su base electoral.

En la Cámara de Diputados, los representantes del PRO, de la UCR y de la Coalición Cívica, aseguran que «no abandonarán a su electorado» respecto a debates fiscales clave, como el aumento de retenciones al agro, pero al mismo tiempo admiten en reserva la gravedad de la crisis. «Nosotros tenemos muy claro que si este año no hubiéramos tenido elecciones nacionales, nuestro país podría haber sido escenario de protestas parecidas a las que estallaron en Chile, en Colombia o en otros países de la región», confesó a este diario un diputado del PRO cuando fue consultado sobre la fragilidad de la situación económica que dejó la administración Macri. Pero en la nueva dinámica del PRO la tolerancia opositora por la «herencia dejada» será directamente proporcional a la cantidad y velocidad de reformas que impulse el presidente Fernández.

En tierra bonaerense esa soga ya se acortó por anticipado, en medio de una negociación que posiblemente se extienda durante todo enero y que tiene una áspera oferta y demanda de cargos en organismos descentralizados, algo más importante para Vidal que el malestar de los grandes contribuyentes agrarios que pusieron el grito en el cielo por los aumentos impositivos. En el Congreso las tensiones se agitarán a partir del 20 de enero, cuando se reanuden las sesiones extraordinarias y el Ejecutivo envíe nuevos proyectos, vinculados a la renegociación reservada de la deuda que mantiene el gobierno con el FMI y con los tenedores locales y extranjeros de bonos argentinos.

Para entonces, cuando se conozcan los nuevos términos y plazos para el futuro de la deuda externa, los socios de Cambiemos volverán a debatirse entre la necesidad electoral de cuidar a su núcleo duro y volver a sacarlo a la calle o hacerse cargo de las consecuencias de una crisis, cuya responsabilidad ya comenzaron a negar. «