Luego de que varios intendentes del Conurbano impulsaran la estatización de la distribuidora de electricidad Edesur, se abrió un debate al respecto. Representantes de organizaciones de defensa al consumidor fueron unánimes al respecto y explicaron a Tiempo por qué el Estado debería avanzar en la estatización.

Claudio Boada, titular de la Unión de Usuarios y Consumidores, apuntó: “Estamos de acuerdo porque Edesur nunca tuvo en cuenta la calidad de servicio. En todos estos años, intentaron siempre disminuir inversiones, lo cual se tradujo en una mala atención a usuarios”.

Osvaldo Bassano, presidente de la Asociación por la Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), enfatizó: “No sé quién puede estar en contra de esto. Es un edificio sin empleados, una cáscara vacía. Tiene tercerizados, con empleados precarizados, que son empresas de los propios gerentes. Si defendés que siga siendo privado, es porque tenés interés en el medio”.

Héctor Polino, fundador y abogado de Consumidores Libres, remarcó: “Ratifico una vez más lo que ya he dicho anteriormente cuando fui diputado nacional, como representante de Consumidores Libres y en las audiencias públicas que se llevaron a cabo durante el gobierno de Mauricio Macri: están dadas todas las condiciones para que el Gobierno rescinda el contrato de concesión de Edesur y se constituya una empresa pública, con representantes del Estado, de los trabajadores del sector y de los usuarios”.

Para Boada, “la concesión está basada en la calidad del servicio; no hay muchas inversiones obligatorias, pero sí hay una calidad obligatoria y, si no se cumple, significa que no se hicieron tales inversiones”. Por lo tanto, “con la seguidilla de incumplimientos durante tantos años, claramente la empresa ha incumplido con su obligación”.

Bassano sentenció: “Edesur no está capacitada para brindar el servicio. Son máquinas de absorber plata y no puede el Estado estar a merced de una entidad financiera. Invito a cualquiera a mirar el cielo y advertir que los cables son de la década del 60. Hasta han intentado vender los edificios que son del Estado y que ellos los tienen concesionados. No hay ningún argumento político, económico y financiero que sostenga esa concesión”.

Polino, en tanto, analizó: “Con una concesión de un siglo, debieron prever inversiones para mejorar la calidad del servicio. Recibieron, por un lado, el valor de las tarifas y, por el otro, subsidios del Estado, para hacer las inversiones necesarias. Hablamos de un servicio público, por lo cual las tarifas deben ser razonables y la calidad debe ser buena. Edesur no cumplió con ninguna de estas obligaciones”.

Finalmente, Boada recordó: “En el año 99, se vio el primer gran corte de electricidad, en el cual 150 mil personas se quedaron sin luz por una semana. Más allá del corte en sí mismo, Edesur se desentendió de las consecuencias. Eso siguió como un criterio fundacional de la empresa”.

Bassano subrayó que “se debe hacer una reforma integral de las leyes del año 92, ya que son leyes dictadas para garantizar rentabilidad a las empresas y no la calidad del servicio”.

Polino, en tanto, concluyó: “Edesur comenzó siendo una empresa privada, que luego se estatizó y luego se reprivatizó. Esto ocurrió también porque el servicio que brindaba el Estado tenía problemas. La creación de una empresa pública con representantes de todos los sectores involucrados debiera garantizar que eso no vuelva a ocurrir”.