El fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Tartagal, Pablo Cabot, tiene un objetivo: averiguar si en las muertes de once niños wichis ocurridas en los departamentos salteños de San Martín y Rivadavia existieron delitos y, en ese caso, determinar quiénes fueron los responsables.
“Lo que estamos haciendo es analizar cada caso en particular, porque en los fallecimientos hubo distintas personas que intervinieron. Están los médicos, los encargados de traslados, enfermeros y agentes sanitarios, y también están los de la organización de cada comunidad que se encargan de los controles, y el reparto de la mercadería. Tenemos que ver qué ocurrió en cada situación”, explica el fiscal a Tiempo.
Básicamente, Cabot quiere saber si las muertes de niños wichis en el norte desforestado de Salta fueron causadas por el hambre o, para ser más preciso, por la desidia del Estado. “Empezamos la investigación el 27 de enero –cuenta– y hasta ese día teníamos 13 casos relacionados a cuadros de desnutrición y deshidratación. Más allá de los informes periodísticos, lo que hicimos fue pedir información oficial a la Dirección de Salud Materno Infantil, que incluye los reportes de las muertes de los menores, sus historias clínicas, carnets de vacunas, las curvas de crecimiento y peso, los formularios de los agentes sanitarios, todo lo que me permita comprender las causas. Por ejemplo, hay situaciones de cuadros respiratorios, pero yo no sé si eso tiene que ver con una desnutrición previa”.
Toda la documentación solicitada por el fiscal ya fue remitida a la delegación Orán del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). Una vez que los informes sean devueltos con las causas de las muertes, el fiscal deberá determinar “la existencia de posibles hechos delictuosos”.
Pero Cabot también tiene otro frente abierto: la denuncia del periodista Kimón Demitrópulos, quien aseguró a través de Twitter que una suma importante de dinero para obras en el norte de la provincia nunca llegó a destino.
“Forma parte de la misma causa –explica Cabot–. Este periodista había hecho algunas manifestaciones respecto a que estos fallecimientos tenían su causa en dinero destinado a comunidades que nunca se invirtió, pero primero debemos determinar si las muertes efectivamente se debieron a cuadros de desnutrición”.
La muerte de Norma
Las muertes de menores wichis no parecen detenerse, al menos, en el corto plazo. El fiscal Cabot ya debió ampliar el pedido de informes para incluir las sucedidas en febrero y marzo. La última fue la de Norma Delgado, una niña de la comunidad de Pozo del Tigre que no llegó a cumplir los seis años. La distancia –unos ocho kilómetros– hasta el hospital de Santa Victoria Este había empeorado su estado: ingresó a la guardia vomitando y con desvanecimientos frecuentes. Por la gravedad del cuadro, se decidió su traslado en un vuelo sanitario al hospital Juan Domingo Perón, de Tartagal, donde finalmente murió. Las autoridades informaron que Norma padecía de meningitis y desmintieron que tuviera bajo peso.
Durante estos días varias comunidades cortaron la Ruta Nacional 34 a la altura de Tartagal en reclamo de asistencia a los pueblos de la zona. Los manifestantes denunciaron promesas incumplidas y la falta de propuestas de trabajo. «Nosotros no queremos bolsones de comida ni colchones. Queremos trabajar , tenemos niños que deben ir a la escuela, familias que tienen hambre. Que el Estado nos escuche», remarcaron.
“Todo fallecimiento –concluye Cabot– es una situación lamentable. Desde el punto de vista humano, impacta de un modo negativo en el ánimo de todos nosotros. Los que vivimos en la zona conocemos esta realidad que es innegable. También que en las comunidades aborígenes existen ciertas particularidades en los modos de vinculación con los ‘criollos’, por ejemplo, la influencia de los caciques. Más allá de eso, tengo el rol de investigar posibles hechos delictuosos y debo limitarme a eso”. «
INFORME
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado argentino que se elabore un informe sobre cuáles son las medidas que se están llevando a cabo para atender la crisis en el norte salteño, principalmente de las comunidades wichis, las más afectadas por las faltas de políticas públicas. En un plazo de 15 días, el Estado deberá responder por las autoridades salteñas sobre las medidas que se han adoptado ante la situación de extrema gravedad y urgencia que se vive en la provincia.
