Lejos de haber sido un perseguido, los hechos demuestran que Sergio Bartolomé Szpolski fue un protegido del macrismo y de los sectores más oscuros de este país, lo que llaman los sótanos de la democracia.

Szpolski, dueño del fallido Grupo 23, candidato a intendente de Tigre por el Frente para la Victoria en 2015, recibió fortunas de pauta oficial para sus diversos emprendimientos en los medios de comunicación, a los que en su mayoría hacía figurar como pyme para pagar la mitad del IVA. 

Dentro de ese armado comercial, Szpolski reconoció haber tenido como socio a Darío Richarte, ex N°2 de la SIDE aliancista que volvió a poner a su gente en la AFI con la asunción de Macri. En una charla con los delegados gremiales de Tiempo lo llamó «socio oculto».

Uno de los hombres de Richarte-Szpolski en la AFI fue Juan José Gallea, ex gerente del Grupo 23 que ejerció como director de Finanzas en la gestión de Gustavo Arribas. Esta nota de Ricardo Ragendorfer es clave para entender esos vínculos: «El stornelligate destapó entre Szpolski, la exside y abogados»

Szpolski dejó de pagar salarios en algunos medios del grupo en diciembre de 2015 con Macri todavía sin asumir. Comenzó ahí su huída. A fines de ese año el vaciamiento del G23 era notable. Tampoco pagó el aguinaldo, que prometió en sucesivas fechas. En enero no abonó sueldos. No recurrió por entonces al argumento de la persecución.

El ministerio de Trabajo, a cargo de Jorge Triaca, no movió nada en su contra. No tuvo respuestas, como tampoco las tuvieron otras áreas del Gobierno a la que acudimos para defender nuestros derechos.

En reuniones con delegados, Szpolski no se mostraba perseguido. En enero, llegó a proponer apuestas sobre en qué lugar estaría él y en qué lugar estarían Cristóbal López y Olmos. Él decía que saldría adelante y el resto no.

A fines de enero, anunció la venta de Tiempo y Radio América a un desconocido Mariano Martínez Rojas, que nunca pagó salarios y que generó un lock out el 9/2 al decidir no imprimir el diario.

La venta nunca se concretó, como lo hemos denunciado en diversas ocasiones. Ni siquiera presentaron papeles que la acreditaran en las audiencias en Trabajo de la que participaban nuestra representación gremial, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba). Siempre dijimos: Szpolski es el dueño; Martínez Rojas era la trampa.

Szpolski siguió haciendo negocios, mientras tanto. En 2017, según el diario Perfil, reapareció en un entramado con una empresa de seguridad que hizo capacitaciones en la Policía Bonaerense. Gobernaba María Eugenia Vidal.

Nunca durante los cuatro años en los que estuvo escondido haciendo negocios acusó persecución. Estuvo tan bien protegido que no se lo escuchó hablar de periodismo contrahegemónico. Se acordó ahora, de repente. Dice que lo demonizan. No es demonización, es reclamo de derechos laborales.

Desde Tiempo Argentino realizamos diversas denuncias contra Szpolski y su socio, Matías Garfunkel. Una de ellas ante la Justicia federal por lavado de dinero y el entramado societario a partir de una investigación de Procelac.

También, ya conformados como cooperativa, reclamamos la quiebra de Balkbrug, sociedad de Szpolski-Garfunkel que administraba Tiempo. Para la sindicatura no había dudas sobre la titularidad. Señaló a ambos como «los verdaderos dueños de la sociedad fallida».

El año pasado, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, reconoció la responsabilidad patronal hasta octubre de 2017, cuando se dictó la quiebra. Debieron pagar salarios o indemnizaciones.

«Nada impide a los dependientes formar una cooperativa, derecho constitucionalmente garantizado ni a la cooperativa coexistir con el vínculo laboral que pudieren tener sus asociados con sus empleadores», argumentó la fiscal Gabriela Boquín.

El denominado Grupo 23 no era más que la ingeniería montada por Szpolski y Garfunkel para hacerse de recursos de la pauta oficial, licuar deudas y premeditar insolvencias, especialmente en perjuicio de los trabajadores. Ante el Juzgado Comercial N°23 tramita justamente la extensión de quiebra, que deberá aclarar y delimitar el alcance real de las responsabilidades de este personaje y sus secuaces.

Szpolski fue procesado por no pagar aportes patronales. Fuimos los propios trabajadores quienes lo denunciamos. Al contrario de lo que sucedió con otros de sus colegas, nunca entró, como pretende en esta reaparición, en la categoría de empresario al que había que detener. No hubo menciones de Macri a Szpolski. Ni públicas ni privadas. Y en tanto trabajadores nos constó esa protección cada vez que quisimos que el gobierno tan solo mediara una solución.

Cuando una patota a cargo de Martínez Rojas entró a la redacción de Tiempo y Radio América y nos rompió nuestros elementos de trabajo, el entonces presidente Macri nos llamó «usurpadores». A nosotros, que defendíamos las fuentes de trabajo. 

Szpolski dejó a más de 800 trabajadores en la calle. Debe dar cuenta de una red de testaferros, desde choferes hasta secretarias, que aparecen como titulares de las distintas empresas del grupo en las que él se llamaba vicepresidente. En su reaparición, se confesó dueño del grupo, algo que negó durante todos estos años. 

Mientras Szpolski se victimiza con una persecución que no sufrió, hubo colegas desalojados, otros que vieron peligrar tratamientos por diversas enfermedades y mucha, mucha gente que vivió gracias a las donaciones que recibíamos. Hubo compañeros que murieron en el camino. Y murieron llenos de angustia.

Su reaparición pública victimizándose es una provocación para esos trabajadores y sus familias. Y también es un peligro para una redacción que debió tener custodia de una fuerza federal durante dos años por los ataques y amenazas.

El gobierno debe velar para que un empresario así no pueda tener licencia alguna de un medio sin antes resolver las cuestiones judiciales pendientes. Sus sociedades, conexiones y negocios hablan por sí solas. 

Szpolski debe responder ante la Justicia por los daños provocados a cientos de trabajadores. Mientras tanto, será repudiado por el gremio de prensa y la sociedad en su conjunto.