Aunque parezca mentira, la desaparición de Santiago Maldonado en el contexto de un mega operativo represivo de Gendarmería está siendo investigada por la Justicia Federal sólo como persona extraviada. Esta semana, el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentó un nuevo pedido de Hábeas Corpus en el que se reclama que se realicen “todas las diligencias necesarias a fin (…) conocer el paradero de Santiago Andrés Maldonado” además de requerir la comparecencia de funcionarios nacionales para que “brinden toda la información a fin de conocer el paradero”.

Para entender porque las fuerzas de seguridad no investigan el caso con la seriedad que este requiere, alcanza con las últimas declaraciones de la ministra Bullrich, quien expresó en las últimas horas que “esto no ha sido una desaparición forzosa y que la Gendarmería no ha detenido en el lugar a Santiago Maldonado ni en ningún lugar”, y agregó que “de ninguna manera vamos a aceptar que se plantee que esta es una desaparición forzosa, en la medida que eso es una construcción”. La decisión política de las autoridades nacionales es decisiva no sólo en el no esclarecimiento del caso sino en la campaña de prensa que busca instalar la presencia de la palabra terrorismo en el mapa político argentino.

Por el lado de la orden del Juzgado de Instrucción Nº 46 a cargo del magistrado Jorge De Santo, a partir de este Hábeas Corpus; la Policía de Seguridad Aeroportuaria, la Policía Federal, la Gendarmería Nacional y la Prefectura Naval y hasta Patricia Bullrich –oficialmente como cabeza del Ministerio de Seguridad– respondieron que no lo arrestaron ni lo tienen detenido.

A partir de esta respuesta, el juez De Santo ordenó abrir una causa penal para iniciar las “averiguaciones de carácter urgente que el caso amerita por su gravedad” y así investigar “la posible comisión del delito de acción pública –privación ilegítima de la libertad– del que resultaría víctima Santiago Andrés Maldonado”.

Luego de esta presentación, el juez se apartó de la causa, dado que ya existen Hábeas Corpus presentados por distintas organizaciones y el de la familia, que permitió que se investigara el día jueves el destacamento de Gendarmería y los vehículos utilizados en el procedimiento, en uno de los que se encontraron cabellos y sangre a los que resta analizar.

La resolución de De Santo abre una causa penal, a la que aún falta designar juez a cargo, en la que se debe investigar quiénes son los responsables de la desaparición de Maldonado, a quien ya no se lo buscaría sólo como persona extraviada.