En un intento por mantener viva la relación con el Fondo Monetario Internacional, el Ministerio de Economía giró el viernes el equivalente a U$S 2700 millones para cumplir con los vencimientos correspondientes al mes de junio establecidos en el acuerdo stand by firmado en 2018.
La operatoria utilizada refleja las claras las dificultades para reunir el dinero. Las cuotas que debían ser canceladas el 21 y el 22 del mes pasado fueron agrupadas en una sola, con vencimiento el último día hábil del mes, opción administrativa considerada válida por el Fondo. Ante la insuficiencia de DEG (derechos especiales de giro, la moneda virtual del organismo) en las reservas del Banco Central, para completar el monto adeudado se utilizaron yuanes de libre disponibilidad procedentes del swap con China.
«El pago se afrontó con tenencias propias de DEG por el equivalente a U$S 1650 millones y con yuanes por la diferencia. La aplicación de renminbi para pagarle al FMI es novedosa y además la demostración de la liquidez que mantiene el Banco Central de la República Argentina en distintas divisas», señaló un comunicado emitido por la autoridad monetaria en la tarde del viernes. Esa medida dejó las reservas internacionales brutas en un nivel de U$S 27.933 millones.
Casi al mismo tiempo, desde Washington se dio por recibido el pago y habilitaron la continuidad de las negociaciones. «El personal del FMI y las autoridades argentinas continuarán avanzando en su trabajo conjunto en los próximos días, con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre la quinta revisión del programa respaldado por el Fondo», dijo la vocera de la entidad, Julie Kozack, quien también mencionó la necesidad de «salvaguardar la estabilidad económica, en el contexto de una situación desafiante». Eso se traducirá en un nuevo viaje a Estados Unidos del secretario de Programación Económica, Gabriel Rubinstein, y el jefe de asesores ministeriales, Leonardo Madcur.
Un contrasentido
La solución alcanzada es un contrasentido al espíritu del acuerdo de facilidades extendidas firmado en marzo del año pasado. Su propósito era proteger las reservas y postergar los vencimientos originales ante la imposibilidad de afrontarlos en los exiguos tiempos y las elevadas magnitudes aceptados por Mauricio Macri en 2018. Para ello, el gobierno iría cancelando los tramos con el dinero que el propio FMI iría aportando, que a su vez sería devuelto con cuatro años de gracia. La demora del organismo en enviar los U$S 4000 millones previstos para este trimestre, cuya remisión estaba prevista para mediados de junio, provocó este desajuste con efectos exactamente opuestos a los buscados en el acuerdo.
En realidad, el retraso del organismo no fue nada casual. Las dificultades del gobierno argentino para alcanzar los criterios cuantitativos fijados como condición para los desembolsos son notorias y todo indica que tampoco se podrá cumplir en los próximos meses. Eso hizo que el staff técnico que debe monitorear la marcha del programa sea reticente en elevar su informe al directorio del FMI.
Entre los economistas que componen el cuerpo de auditores, comandado por el venezolano Luis Cubeddu, tienen dudas de la disposición de las autoridades argentinas para reforzar los compromisos en los puntos centrales del acuerdo: la reducción del déficit primario, el cese de la ayuda monetaria del Banco Central y la recomposición de las reservas internacionales. Y de esos tres puntos no se mueven.
Esa negativa del staff a avanzar en las discusiones contrasta con la confianza que intenta contagiar el gobierno, que celebra el pago con reservas propias y el golpe de efecto de usar yuanes como una muestra de buena voluntad. Desde el Palacio de Hacienda trazaron un escenario optimista: que Rubinstein y Madcur lleguen a Washington, aten los cabos sueltos y que el staff eleve un informe para que el directorio lo apruebe hacia el fin de semana.
Si así fuera, el FMI liberaría de inmediato los U$S 4000 millones que debería haber girado a mediados de junio. Esto permitiría también que el gobierno recupere lo adelantado y tenga dinero fresco para afrontar las próximas dos cuotas, por U$S 1313 millones y U$S 690 millones, a abonar el 8 y el 29 de este mes, respectivamente.
Por parte de los negociadores argentinos, el foco de las discusiones está puesto en la necesidad de ayuda adicional para combatir los efectos de la sequía, un fenómeno natural que excede la gestión de gobierno y derrumbó los ingresos por exportaciones. Eso se notó, por ejemplo, en el complejo cerealero y oleaginoso: según informaron ayer las cámaras CEC y CIARA, en junio las empresas del sector liquidaron U$S 1582 millones, un 59% menos que en el mismo mes de 2022. Esos menores ingresos tienen un efecto cascada sobre la recaudación impositiva y el déficit primario.
De la misma manera, un trabajo de la consultora EcoGo estimó que la caída en los ingresos de divisas por exportaciones será de U$S 22.600 millones y que el ahorro en importaciones de bienes y servicios no alcanzará para compensarlo. Su proyección es que las reservas caerán en U$S 10.300 millones este año.
La escasa predisposición del Fondo a acelerar las conversaciones parece ir por un carril distinto al de Sergio Massa. El martes, el ministro dijo en la convención de la Cámara Argentina de la Construcción que «en las próximas horas se va a conocer públicamente el programa con el FMI para los próximos seis meses. Estamos terminando de saldar el semestre». De aquella expectativa a este «pague primero y negocie después», hay un trecho grande.
Elige tu propio Massa
En ese sentido, la precandidatura presidencial del ministro es un dato ineludible en la relación con el FMI. En Washington todavía quieren saber con qué lado de Massa se van a encontrar, si con un negociador que privilegiará la necesidad de respaldo para una eventual presidencia o con otro que quiere «juntar todos los dólares que Argentina necesita y no volver al Fondo», como dijo en esa misma reunión con dirigentes de la construcción, emulando a Néstor Kirchner en 2005. Su duda es si hablarán con un ministro en funciones o con un candidato en campaña.
Aún sin entrar en consideraciones políticas, las cuestiones económicas y sobre todo cambiarias no terminan de cerrar. Al FMI no le convence adelantar dólares para que una parte de ellos se puedan vender en el mercado abierto para contener el tipo de cambio: quiere que primero haya una devaluación. No ve con malos ojos una extensión del impuesto PAIS a la importación de determinados bienes, lo que implicaría una suba encubierta del 30% en la paridad cambiaria.
En la visión del gobierno, pese al potencial mayor ingreso tributario, eso genera inflación y sería contraproducente para las chances electorales de Massa. Allí la política vuelve a meter la cola, ya que con diferentes matices la oposición adelantó que si gana las elecciones habrá devaluación. «En el corto plazo, la candidatura de Sergio Massa y la confirmación de que seguirá al frente del Ministerio de Economía reafirman que se buscará evitar un salto del tipo de cambio oficial», conjeturó un informe de la consultora PxQ. «Creemos que, mientras el ministro tenga chances de ser electo, evitará cualquier cimbronazo económico. Si, por el contrario, en las PASO Juntos por el Cambio obtuviera una clara victoria, podría adelantarse el ajuste en el mercado cambiario», agregó. «
Se normaliza la relación con el Club de París
La relación con el Club de París quedó prácticamente normalizada, luego de que en la última semana se firmaran acuerdos con los gobiernos de España, Francia y Suecia. Los convenios bilaterales forman parte de la renegociación integral realizada el año pasado con el organismo, que contempló el pago de la deuda atrasada en cuotas semestrales, la última de las cuales expirará en 2028. Ese acuerdo debe ser refrendado por cada uno de los gobiernos en particular, para liberar el flujo de inversiones y operaciones comerciales de las empresas de esos países.
«Cumplimos una meta importante en nuestra hoja de ruta para ordenar y regularizar las relaciones financieras internacionales», dijo Sergio Massa tras el acto con los representantes de esos tres países. «Esto permitirá tanto al sector público como al privado conseguir financiamiento para el desarrollo de importantes proyectos de infraestructura».
Tras la firma de estos tres convenios, sólo resta finiquitar el que corresponde a Japón, aunque según adelantó el viceministro Gabriel Rubinstein, «es un tema bastante burocrático» que puede llevar algún tiempo.
