El ministro de Seguridad Aníbal Fernández aseguró que en la causa que sigue la justicia para determinar las responsabilidades políticas y materiales del intento de atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner hay que seguir la pista del financiamiento. Asimismo, responsabilizó a la Policía de la Ciudad por no haber detenido a los manifestantes que tiraron palos encendidos hacia Casa Rosada el 18 de agosto y descartó pedir ayuda a los Estados Unidos para avanzar en la investigación sobre el fallido intento de magnicidio.

En particular, aclaró que la información borrada del teléfono de Fernando Sabag Montiel la tiene que solicitar el juzgado y no el gobierno. Es que en los Estado Unidos cuentan con la tecnología para recuperar los datos del teléfono del autor material del atentado a CFK, que llamativamente se borraron el día en que comenzaba la investigación cuando se trasladó el teléfono en un auto de la Policía Federal.

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“Lo más importante es saber quién financió el intento de matar a Cristina. Y hay un documento muy fuerte de Homeland Security que dice puntualmente ‘follow the money’, sigan la guita”, detalló Aníbal Fernández a bordo del avión presidencial en diálogo con los periodistas acreditados en la gira oficial del presidente Alberto Fernández. “Nosotros creemos que es imperioso buscar la plata”, enfatizó. “Hay un trabajo que se tiene que hacer precisamente porque al seguir el dinero podemos encontrarnos con algo importante, que no lo sabemos todavía”, añadió.

Con respecto a la carpintería de Jonathan Morel, líder de la agrupación “libertaria” Revolución Federal, y el pago millonario que le hizo el Grupo Caputo, cercano a Mauricio Macri, Fernández sostuvo que “es un elemento que la Justicia tiene que evaluar. Como expresión suelta en sí misma es muy densa, pero hasta que la Justicia no haga lo que tiene que hacer no tengo mucho más para decir. Porque en el fondo, lo que se necesita son cosas contundentes para seguir avanzando, dándole instrucciones a las fuerzas de seguridad y que actúen. Y hasta ahora hay que esperar lo que dicen”, señaló y calificó la forma en la que están llevando adelante la investigación la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo. “No hablo por el gobierno, hablo por mi persona. Yo siento que se están haciendo muy bien las cosas”.

El ministro, a su vez, defendió el accionar de las fuerzas de seguridad el día del intento de magnicidio, operativo muy cuestionado por el kirchnerismo. “Yo mostré una foto en televisión donde está específicamente la vicepresidenta y donde están los cuatro policías a su alrededor”, argumentó. Allí se los ve al subinspector Santiago Guglielmoni, al principal Matías Fernández, al comisario Vicente Pelegrino y al principal Guillermo Galló.

Además, el ministro aclaró que no van a pedir ayuda en particular a Estados Unidos por esta investigación puntual porque consideró que no es necesario ya que argumentó que ya hay establecido un trabajo conjunto entre ambos países y que no es necesario hablar por un caso particular. Con respecto a la tecnología que puede aportar los Estados Unidos para recuperar la información borrada del celular de Fernando Sabag Montiel señaló que tienen “ofrecimientos para chequearlo, pero tiene que ser el Juzgado” el que lo disponga.

Con respecto a la aparición de un grupo de personas con antorchas frente a Casa Rosada el jueves 18 de agosto, dos semanas antes del intento de asesinato de Cristina, y el cuestionamiento sobre la falta de intervención de las fuerzas de seguridad, el ministro sostuvo: “nosotros la detectamos mucho antes que sucediera. Debería haber actuado la Policía de la Ciudad, no actuó en forma rápida y la instrucción que nosotros dimos fue usemos los hidrantes. Y pueden verlo por el video, usamos los hidrantes y apagamos esas antorchas. Nosotros no somos de pegar. Nosotros no somos de agredir. Lo ordenamos de otra manera”, argumentó.

Ante la insistencia de por qué no se detuvo a los agresores en Plaza de Mayo, además de reiterar la responsabilidad de la Policía de la Ciudad que conduce su par porteño Marcelo D’Alessandro, Fernández sostuvo que era necesario una orden de un fiscal.

Asimismo, ante la pregunta sobre la inteligencia previa que se podría haber comenzado a hacer el mismo día de las antorchas arrojadas hacia la casa de gobierno, el funcionario respondió: “¿Quién te dijo que no se hizo? Pero la verdad que inteligencia conforme a la ley 25.520 no se puede hacer. Nosotros solo podemos hacer inteligencia cuando estamos trabajando sobre un delito. Entonces lo que hacemos es inteligencia criminal”, concluyó.