En medio de un arduo tironeo, el gobierno y las organizaciones sociales ajustan las últimas puntadas de la reglamentación de la ley de Emergencia Social, que en las próximas dos semanas podría tener su versión definitiva con la inclusión de más organismos en el Consejo de la Economía Popular y el Salario Social Complementario (CEPSSC), que comenzó a funcionar de hecho el martes pasado. También las organizaciones impulsoras de la Emergencia Social, CTEP, Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa, fortalecieron su posición al volver a recibir el apoyo clave de la CGT.

Según pudo saber Tiempo, el consenso está dado para que al borrador de la reglamentación se le adicionen tres lugares más en el Consejo, con categoría decisoria a definir. En el marco de las conversaciones, esos lugares en principio quedarán distribuidos para las organizaciones sociales incluidas en las dos CTA (un lugar), para el Frente Popular Darío Santillán (un lugar, de hecho ya participó en la primera reunión del Consejo el martes pasado) y, en tercer término, una silla para las organizaciones de Peronismo Revolucionario, Movimiento 26 de Julio, la Corriente Martín Fierro y el MUP. Según la ley sin reglamentar, por ahora el Consejo se compone de seis integrantes, tres por las organizaciones sociales inscriptas en el Registro de Organizaciones de la Economía Popular, y uno por cada uno de los ministerios: Desarrollo Social, Trabajo y Hacienda.

«Más allá de las expectativas que tenemos, nosotros nunca dejamos de decir que es un paliativo de emergencia y que el grave problema que tenemos es el modelo económico. Por eso, independientemente de esto, el 13 de marzo vamos a desarrollar una asamblea popular en Plaza de Mayo bajo la consigna Tierra Techo y Trabajo y a debatir el programa de los trabajadores y los humildes» anunció Gildo Onorato, secretario de Políticas Sociales del Movimiento Evita e integrante de CTEP.

La conformación final del Consejo, sin embargo, puede traer otro dolor de cabeza al gobierno. Desde la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo (CNCT) confirmaron a Tiempo que enviarán mañana sendos escritos a los ministerios para que los incluyan en el Consejo. «Somos la única Confederación de cooperativas de trabajo de la Argentina. Y queremos opinar porque muchos de esos fondos van a estar aplicados al sector de cooperativas de trabajo», argumentó Christian Miño, presidente de la CNCT. De no mediar una respuesta en diez días, la CNCT analizará movilizar «al ministerio que corresponda», advirtió.

Otro elemento para entender la masa crítica que puede tomar la demanda por la aplicación de la ley, es el apoyo de la CGT. El último jueves, la Asamblea Nacional de la CTEP contó con la participación de dos de los tres integrantes de la conducción cegetista: Juan Carlos Schmid (sindicato de Dragado y Balizamiento), en la apertura con Luis Cáceres (UOLRA-CGT, ladrilleros) acompañando al secretario general de la CTEP Esteban Castro, y Héctor Daer, secretario general de ATSA (Sanidad) y diputado nacional, quien cerró la actividad junto a Castro. «Incorporar la agenda de los trabajadores populares era una obligación para la CGT. Que salga la ley de Emergencia Social, eso es construir poder», definió Daer.

Marzo crítico
Además de la actividad del 13, Castro confirmó que el 6 de marzo apoyarán a los docentes en su paro nacional, al día siguiente, el 7, marcharán junto a la CGT e impulsarán asambleas «por la agenda social». Esa noche habrá vigilia para acompañar el Paro Internacional de Mujeres del día 8. En la segunda quincena, marcharan por el Día Nacional de la Memoria el 24. Al presentar la agenda, Castro tuvo un equívoco que generó ovaciones y cantos de unidad: «Y finalmente el 30 será el paro nacional de la CGT (…) estamos un poquito apurados, pusimos el 30, todavía no estaba la fecha», corrigió. «