Treinta y seis días después de la escandalosa sesión que vivió la Cámara de Diputados el 1° de septiembre, el juez Enrique Lavié Pico hirió de muerte la estrategia judicial que impulsó el interbloque de Juntos por el Cambio para impedir el avance de las sesiones remotas sin su expreso acuerdo. El titular del juzgado contencioso, administrativo y federal N°1 rechazó el amparo que habían presentado los tres titulares del conglomerado opositor para impugnar la sesión mixta que se concretó ese día, con la renovación de un protocolo de funcionamiento que no los incluyó. 

El magistrado no sólo avaló el mecanismo, sino que aclaró que ese día no era necesario el consenso de todos los bloques para renovar el protocolo: alcanzaba con la mayoría simple que se alcanzó en la maratónica reunión de labor parlamentaria que duró ocho horas, terminó a los gritos y desembocó en el inédito espectáculo de 94 diputadas y diputados de Cambiemos sentados en sus bancas y denunciando que no registraban su asistencia, cuando en realidad sólo se habían resistido a loguearse en el sistema remoto porque consideraban que había caducado. 

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Un recorrido por el fallo es una colección de argumentos dañinos para la ofensiva jurídica opositora, que se basan en la acordada que resolvió la Corte Suprema ante un pedido de certeza de constitucionalidad que hizo la vicepresidenta y titular del Senado, Cristina Fernández de Kirchner, para saber si la utilización del sistema remoto tenía validez legal. A pesar de los argumentos, el interbloque que preside el radical Mario Negri apelará el fallo de Lavié Pico y llevará el caso a segunda instancia, con muy pocas chances de revertirlo, pero con un camino tapizado de recursos para llegar hasta la Corte y mantener la ofensiva impugnadora todo lo posible. 

En el PRO y en la UCR confirmaron a Tiempo que la cadena de apelaciones es una decisión tomada. En ambos partidos, y también en la Coalición Cívica, no sólo están atentos al derrotero del expediente que ahora saldrá de las manos de Lavié Pico. También tienen los ojos puestos en otro que tramita su colega Pablo Cayssials, del juzgado contencioso n°9, porque hace dos semanas el titular del interbloque de Cambiemos en el Senado, Luis Naifenoff, también impugnó la renovación del protocolo de sesiones remotas de la Cámara Alta y, desde entonces, sus miembros se desconectan en cada votación para desconocer el mecanismo remoto que aprobaron los demás bloques. 

En el oficialismo aseguran que el fallo de Lavié Pico es una herida insanable para la ofensiva judicial opositora, pero sus escuderos en el Senado apuestan a un revés para la vicepresidenta CFK en el juzgado de Cayssials, una posibilidad que aparece remota ante las posiciones de la Corte. 

Si los pronósticos de JxC no se confirman, también apelarán la eventual decisión de Cayssials y alimentarán el camino a segunda instancia con la decisión tomada de llegar al máximo tribunal. 

La Corte ya dejó sentados varios antecedentes que podrían derribar esa estrategia, pero hasta que las sentencias no sean confirmadas o anuladas por la última instancia del Poder Judicial, el principal interbloque opositor en ambas cámaras apostará a restarle legitimidad al funcionamiento remoto. 

En la Cámara Alta los cruces jurídicos recién comienzan, pero en Diputados el fallo de Lavié Pico comenzó a desnudar que los cálculos electorales ya comenzaron para Cambiemos y que el núcleo de las impugnaciones judiciales que promueven apunta a demorar los proyectos más resistidos, aunque no le alcancen los números en el recinto para frenarlos. 

En cada uno de ellos, como el impuesto a los ricos, el presupuesto 2021 o la reducción de la coparticipación federal para la Ciudad de Buenos Aires, el Ejecutivo pone en juego piezas estratégicas para la gestión de la crisis ante la pandemia. Hasta ahora, ninguno de ellos podrá llegar al recinto porque Cambiemos reclama que sean tratados en forma presencial, una instancia que obliga a a la búsqueda de un lugar alternativo al Congreso si los asistentes superan la capacidad sanitaria establecida. 

Ese corsé comenzó a resquebrajarse en tribunales, con un protocolo de sesiones remotas que vence a fines de noviembre, casi diez días antes del vencimiento del período de sesiones ordinarias. En el oficialismo, la diputada oficialista Mayda Cresto impulsa un proyecto para cambiar el reglamento del cuerpo por ley e incluir el protocolo remoto para evitar tortuosas negociaciones para renovarlo cada dos meses. El tema por ahora está en suspenso, en el marco de una discreta conversación entre el titular del cuerpo, Sergio Massa y Negri, que aguarda garantías para no regresar al escándalo. El cordobés exige la presencialidad para tratar los temas más controversiales, pero continúa al frente de una estrategia que cada vez tiene menos margen en tribunales y lo deja al borde del bloqueo.