En la causa en la que investigan irregularidades en una ampliación de gasoductos adjudicada a la constructora brasileña.
El magistrado citó al ex funcionario para el 5 de diciembre y también dispuso que sean indagados el ex secretario de Energía, Daniel Cameron; el ex subsecretario de Energía Eléctrica, Bautista Marcheschi y el ex subsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; informaron fuentes judiciales.
En la causa se investiga el presunto direccionamiento del Plan de Ampliación de Gasoductos 2006-2008 en favor de la constructora brasileña que está en la mira de la justicia de distintos países luego de que se revelara que pagó coimas en varias partes del mundo para acceder a contratos de obras públicas.
El plan, una obra pública que alcanzó a la totalidad de los gasoductos que atraviesan el país, fue adjudicado a Odebrecht a fines de 2006 con un presupuesto inicial de más de 2.300 millones de dólares.
El juez sospecha que los funcionarios imputados -junto a los directivos de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico S.A. (CAMMESA), Luis Beuret y Julio Bragulat, que también fueron citados a indagatoria-
intervinieron en la comisión del delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
En el transcurso de la investigación «se descubrieron notas y decisiones administrativas, incluyendo un memorándum de entendimiento entre Odebrecht y la Secretaría de Energía, de las cuales surge la sospecha de que todo el proceso licitatorio habría estado enderezado en forma previa a la adjudicación del negocio a Odebrecht», informaron desde el juzgado de Rafecas.
Al proceso licitatorio se presentaron también otras dos empresas, Camargo Correa y Roggio, pero los investigadores sospechan que fue «algo meramente formal, dado los plazos exiguos y las exigencias planteadas para la adjudicación».
«Se sospecha que De Vido creó el marco normativo necesario para que, desde la Secretaría de Energía, en negociación con Odebrecht, se procediera al llamado a `licitación privada´ a través de las empresas licenciatarias TGN y TGS. Pero como éstas se negaron a hacerlo, fue convocada la firma Cammesa, que finalmente le adjudicó el negocio a Odebrecht», detallaron desde el juzgado federal 3.
Además de llamar a a indagatoria a De Vido y los demás ex funcionarios, Rafecas remitió parte del expediente al juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien investiga una maniobra de supuesto pago de sobornos de Odebrecht en Argentina.
El juez De Giorgi está a cargo de la investigación de irregularidades en las obras de soterramiento del tren Sarmiento y, a pedido de la Oficina Anticorrupción, había solicitado unificar la investigación del pago de sobornos a los jueces Rafecas y Sebastián Casanello, que está a cargo de la investigación de hechos similares en obras de AYSA.
Rafecas se quedó con la investigación de las irregularidades entre 2004 y 2006, y remitió a su colega la parte de la investigación que comenzaría en 2007 con el pago de sobornos.
El juez Martínez de Giorgi investiga el supuesto pago de coimas, a través de intermediarios, a funcionarios públicos argentinos por unos 35 millones de dólares, según reconoció Odebrecht en un acuerdo celebrado con el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
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