Los legisladores porteños debatieron este miércoles el traspaso de la justicia a la ciudad en la comisión de Asuntos Interjurisdiccionales. Mientras, los trabajadores de distintos fueros de la justicia nacional llevan a delante un parto de 36 horas contra ese traslado.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, envió cuatro expedientes para que sean analizados en la Legislatura. Estos incluyen la transferencia gradual de las competencias penales, el traspaso del Registro de la Propiedad Inmueble y de la Inspección General de Justicia a la órbita de la Justicia porteña y la incorporación del fuero de Defensa del Consumidor a través de su creación.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El 19 de enero pasado, la transferencia fue rubricada entre ambas jurisdicciones para el reconocimiento de la autonomía legislativa, jurisdiccional y administrativa de la Ciudad y para el fortalecimiento del federalismo como sistema político como objetivo.

Sin embargo, para que entre en funcionamiento se necesita de una ratificación tanto de la Legislatura local como del Congreso Nacional. Si bien el texto refiere al traspaso de la justicia ordinaria a la órbita porteña, el proceso tendrá una primera etapa que se enfocará sobre las unidades vacantes del fuero Penal.

De este modo, se prevé el traspaso de ocho Juzgados Nacionales en lo Criminal y Correccional que en la actualidad están vacantes y también dos Juzgados de Menores, 18 vocalías de los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional, dos Juzgados Nacionales de Menores, tres vocalías ante los Tribunales Orales de Menores, y los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa que ahí funcionan.

Este miércoles tras un intenso intercambio, entre los diputados oficialistas y parte de los opositores, se logró firmar un despacho con el objetivo de lograr su aprobación en la sesión del jueves 30 de marzo.

El presidente de la Comisión de Asuntos Interjuridiccionales (SUMA-MAS) Juan Nosiglia dijo que este miércoles se despacharon desde la comisión los cuatro expedientes, que son los convenios de transferencia entre los Gobiernos de la Ciudad y el gobierno Nacional.

También contó que “es probable que pase al recinto el próximo 30 de marzo, donde esperan un acompañamiento de la mayoría de las fuerzas de la Ciudad” porque entienden que este es un paso importante para completar la autonomía de los porteños. Porque esto es una deuda que tiene la Ciudad y la Nación con los ciudadanos de Buenos Aires.

Por su parte, el diputado Carlos Tomada del Frente para la Victoria (FpV) dijo que ese bloque se va a oponer porque “creemos que hay temas vinculados a los trabajadores judiciales, con la situación laboral de los empleados, con los convenios colectivos de trabajo, y porque todo esto genera incertidumbre entre los empleados de la Justicia”.

En este sentido, explicó que van a seguir insistiendo en que debe haber normas complementarias para regular sobre todo la actividad de los trabajadores y que, pueden ser otros aspectos legales y de funcionamiento, pero después de esta ley no puede quedar todo en manos del poder Ejecutivo.