La Cámara Federal de Casación Penal define este jueves si la causa por la venta de dólar futuro continúa hacia la realización del juicio oral o si, por el contrario, declara el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández, el gobernador Axel Kicillof y el extitular del Banco Central (BCRA) Alejandro Vanoli, entre otros procesados.

Se trata de una causa cuya solidez jurídica despertó cuestionamientos desde el primer momento y que, en agosto último, al presentarse la pericia contable del cuerpo de peritos de la Corte Suprema, sumó una prueba contundente sobre la inexistencia de delito: el informe pericial estableció que en la operatoria en el mercado de futuros del año 2015 por parte del BCRA nunca hubo perjuicio para el Estado.

Tras la incorporación de esa pericia, de 82 páginas, un cuestionario detallado de 81 puntos que fue contestado con precisiones técnicas por los peritos oficiales de la Corte Carlos Campodónico, Alejandro Del Acebo y Stella Maris Castaño, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 1, Adrián Grünberg, señaló que la vicepresidenta, Kicillof, Vanoli y el resto de los acusados debían ser sobreseídos por inexistencia de delito y aseguró que su conclusión era “inamovible”, por lo que se excusó de seguir interviniendo en la causa.

En los fundamentos de su voto, que no fue compartido por los otros dos miembros del tribunal, Grünberg subrayó que, tras los resultados de la pericia, a los que consideró definitivos y concluyentes, “ya no deviene necesario llevar a cabo el debate (por el juicio oral) y, habida cuenta de todo lo expuesto, voto por el dictado del sobreseimiento respecto de la totalidad de los encartados por inexistencia de delito”.

El fallo, emitido el 30 de octubre último, ordenó sin embargo realizar el juicio oral a partir del voto de la mayoría (2 a 1) conformada por los otros dos jueces del TOF 1, Juan Michilini y Ricardo Basilico, y desde entonces la causa fue objeto de apelaciones hasta que llegó a la sala I de Casación, que hoy deberá definir si dicta el sobreseimiento a todos los acusados, a quienes el fallecido juez Claudio Bonadio procesó por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

La causa se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel año por el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO).

La pericia en cuestión, que fue considerada el elemento probatorio concluyente por el juez Grünberg, contó además con la participación de peritos de parte propuestos por las defensas.

En el informe pericial firmado por Campodónico, Del Acebo y Castaño también se concluyó que las operatorias de dólar a futuro son medidas de gobierno aplicadas en muchos países y que, con su utilización, se logró evitar una corrida bancaria que alentaba una devaluación brusca, pulseada que además estaba enmarcada en el contexto electoral de la segunda mitad de 2015.