El fallo de la Corte Suprema que otorgó el beneficio de la derogada ley del 2×1 a los genocidas de la última dictadura cívico militar juzgados por delitos de lesa humanidad fue fuertemente repudiado porque borra con el codo lo que se escribió con la mano durante el proceso de juzgamiento de los crímenes del genocidio cometido entre 1976 y 1983, que se convirtió en un ejemplo mundial. Miembros de la justicia, juristas y abogados criticaron la decisión del máximo tribunal que lleva la firma de los dos nuevos jueces impulsados por Cambiemos -que el presidente Mauricio Macri intentó imponer por decreto apenas asumió- porque significa un retroceso y aseguraron que se trata de un fallo netamente político que se conoce cuando diversos sectores intentan imponer en la agenda política la idea de la reconociliación entre los asesinos, torturadores, desaparecedores y ladrones de bebés, y sus víctimas.
Lo más grave es que este fallo se inscribe en algo mayor, que es el marco político en el que en el mismo momento se está hablando de reconciliación, se preocupó el ex juez Carlos Rozanski, presidente del tribunal que condenó a Miguel Etchecolatz en el primer juicio tras la caída de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y que el año pasado fue obligado a renunciar presionado por el Ejecutivo Nacional.
En esa línea, el ex juez platense opinó que con el nuevo gobierno el cambio también llegó a la Corte con los dos nuevos magistrados y que este fallo junto con el que declaró que las decisiones de la Corte Interamericana de Derehos Humanos no son de cumplimiento efectivo para el máximo tribunal argentino, quebró dos tradiciones de la justicia local. Con esa ruptura de tradiciones los jueces no solo beneficiaron a los represores, sino que antes se aseguraron que una hipotética apelación internacional favorable a los organismos de derechos humanos, no los obligará a cambiar su determinación.
Es claramente una decisión política, porque está en un contexto particular, dijo Rozanski. Es un momento político al que hay que prestarle atención, porque es un mensaje muy crudo que se le da a la sociedad: a los represores les dicen que estén tranquilos, que va todo bien, y a la población que fue víctima y que se alegró con un proceso de juicio como el que se vivió en el país, se le está diciendo que estamos borrando con el codo lo que escribimos con la mano. Esto tiene un efecto social muy fuerte.
Para la abogada querellante en juicios por crímenes de lesa humanidad, Elizabeth Gómez Alcorta, el fallo de la Corte es un retroceso enorme en el proceso de juzgamiento de delitos de lesa humanidad. Y remarcó que las sentencias se dictan cuarenta años después de cometidos los crímenes a causa del accionar de las fuerzas militares que forzaron las leyes de impunidad y la resistencia del poder político a impulsar su castigo. Nuevamente son las víctimas de la dictadura y sus familiares los que vuelven a pagar las consecuencias de una justicia lenta y de un poder judicial que durante décadas se ha resistido a condenar a los responsables.
La letrada también destacó el carácter político del fallo y la ausencia de inocencia en quienes lo firmaron. En un año y medio del gobierno de Cambiemos podemos entender porqué era tan imprescindible meter a dos jueces nuevos, tanto que los intentaron meter por decreto, porque lo que vienen a hacer es, ni mas ni menos, que a cerrar el proceso de juzgamiento que tanto nos ha costado a toda la sociedad y los organismos de derechos humanos, dijo.
Respecto de los alcances del fallo, Gómez Alcorta remarcó que el fallo es trágico porque se le computan dobles los días de prisión a partir de los dos años de cárcel a todos los represores presos sin condena firme. No tiene que ver con el momento en que se dicta la sentencia en un juicio oral sino cuando la sentencia queda firme. Entonces, después de los dos años, empieza a contar un día por dos como cumplido, detalló.
Le abre las puertas de las cárceles a los represores. A aquellos que no estaban en domiciliaria les da algo que es mucho peor, que es el cumplimiento de la condena, concluyó.
En la misma sintonía, el fiscal Felix Crous -titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional e impulsor de varias causas por crimenes de lesa humanidad- el fallo es una catástrofe, porque alcanza a la totalidad de los represores enjuiciados.
La gravedad de este fallo es la jerarquía del tribunal que lo dicta, explicó en declaraciones a FM Palermo. El fiscal consideró que los jueces hacen una interpretación equivocada del artículo 2 del Código Penal -sobre la ley más benigna-, que es el asunto, como de la ley 23490 que era la del 2 x 1. Y aclaró que la discusión no es novedosa, que en los distintos planteos durante el juzgamiento a los represores han sido resueltos siempre en contra de la aplicación del 2 x 1 en los crímenes de lesa humanidad. Y aclaró que la disyuntiva ya había sido resuelta, incluso por el anterior Procurador General de la Corte, Esteban Righi. Se nota la falta de un penalista entre los ministros de la Corte, opinó. Y calificó al fallo como de baja calidad.
