Tal como lo pretendió (y no lo consiguió) con las clases presenciales, la Corte Suprema aspira a que el gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires lleguen a un acuerdo sobre los fondos coparticipables. Un acuerdo que les evite a los jueces tener que tomar, ellos, una decisión sobre quién tiene razón.

El panorama no es muy diferente a lo que ocurrió con las clases presenciales, en cuanto a las expectativas. Diferente puede ser el resultado. Acaso lo único nuevo es que ahora la Corte parece no tener apuros en resolver el reclamo de la Ciudad a la Nación.

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¿Por qué se resolvió tan rápido el reclamo del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta contra el DNU que restringió la presencialidad escolar y en cambio ahora hay disposición a que la solución se decante por la política sin demasiada premura?

La Corte sigue manejando sus tiempos y, en buena medida, también los de las necesidades de los gobiernos. Es cada vez más un actor político.

El próximo 26 de mayo habrá una suerte de reunión conciliatoria entre ambas partes con el máximo tribunal como árbitro, el rol que más les gusta a sus integrantes. Lo que está en discusión es la decisión del presidente, Alberto Fernández, de revertir el incremento que los fondos coparticipables de la Capital Federal habían recibido por un decreto de Mauricio Macri, en detrimento de las arcas de la Provincia de Buenos Aires. 

En plena crisis por la protesta masiva de la Policía Bonaerense, en septiembre de 2020, Fernández decidió retrotraer aquella decisión y, también por decreto, devolverle al territorio bonaerense el porcentaje detraído durante la gestión de María Eugenia Vidal. Es poco más de un punto; parece poco, pero en dinero es muchísimo.

En el abanico de soluciones judiciales (que la Corte ni siquiera ha comenzado a analizar, pues espera que se encauce por otra vía), hay un dato que no es menor: cuando Cambiemos gobernaba la Nación, la Ciudad y la Provincia, el recorte que dispuso Macri en perjuicio del territorio bonaerense –más allá de alguna cara de disgusto de Vidal– no tuvo un cuestionamiento judicial. La Provincia no se presentó ante la Corte demandando al Estado nacional, pese a que podía hacerlo y probablemente le habrían dado la razón.

Cuando Alberto Fernández revirtió aquella decisión, Rodríguez Larreta sí efectuó el reclamo directo ante la Corte Suprema, que ya le reconoció que puede hacerlo como “competencia originaria”.

Allí, según se sostiene en cercanías de los jueces, surgen dos variantes teóricas. La primera interroga sobre si lo que se decidió por decreto se puede volver atrás por la misma vía. La segunda, si el tribunal se puede pronunciar sobre el decreto del actual gobierno porque hay un reclamo contra él, sin hacerlo contra el anterior (que es el principio de la controversia) porque nadie lo objetó.

En este último punto, las fuentes analizan que si la decisión de Alberto Fernández estuvo mal, entonces la de Macri también. Y si aquella adoptada durante el gobierno de Cambiemos no mereció reproche judicial alguno, la actual tampoco debería soportarlo.

Son, de momento, devaneos intelectuales y teóricos sin ningún anclaje en la realidad. Y siguen postergando el tema de fondo: la sanción de una nueva ley de coparticipación federal, pendiente prácticamente desde la reforma constitucional de 1994.

La Corte confía en una solución política y se plantea tener que fallar a favor de uno u otro solo como una última instancia, tal como ocurrió –por ejemplo– con el conflicto entre La Pampa y Mendoza por el cauce del río Atuel.

Aquel expediente, recuerdan, tramitó durante tres años y el máximo tribunal emitió un fallo después de que en una audiencia de partes (como la que está prevista entre Nación y CABA para la otra semana) los representantes de La Pampa y Mendoza a poco estuvieron de terminar a las piñas.

Ese momento de decisión parece hoy lejano. La Corte se esperanza con que en las reuniones entre los representantes de ambas partes (el procurador general de la Ciudad, Gabriel Astarloa; el ministro de Hacienda, Martín Mura; y el secretario de Justicia y Seguridad, Marcelo D’Alessandro, por CABA; más los abogados del Ministerio de Economía de la Nación Sergio Acevedo, Ricardo Eduardo Yamone y Guillermo Anderson) surja el entendimiento que les evite, de nuevo, pagar un altísimo costo político por el contenido de su fallo, sea cual fuere el sentido que le imprima. Incluso imaginan, con alguna sorna, una foto de Fernández y Rodríguez Larreta celebrando las paces.

Si no llegara esa instancia, los jueces parecen determinados a manejarse como lo hicieron con las clases presenciales. Cada uno fijará su criterio, probablemente vuelvan a coincidir en un voto Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda, y todos definirán su postura, que podrá o no ser coincidente con otras para formar mayoría.

Falta bastante para ese escenario.

Entretanto, la Corte tiene en su agenda cercana algunos otros objetivos. En su último acuerdo se volvió a pronunciar, como en 2005, sobre la situación de los presos en comisarías de la provincia de Buenos Aires. En las próximas semanas habrá nuevos pronunciamientos sobre lo que ocurre en las cárceles.

También aparecen en agenda cuestiones vinculadas con los juicios por delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura, con nombres importantes, resonantes, incluidos. 

Jubilado

Asoma en el horizonte del máximo tribunal una decisión sobre la situación de los juicios por reajustes de haberes previsionales.
La persistencia de trámites de ancianos que con 80 o más años de edad deben esperar cinco o diez años para hacer efectivo el cobro de sus reclamos parece haber generado un consenso sobre la necesidad de acortar plazos. Varios intentos anteriores no lo consiguieron. «