El expresidente Mauricio Macri, su exministro de Finanzas, Luis Caputo, y los dos expresidentes del Banco Central Federico Sturzenegger y Guido Sandleris están imputados por tres delitos: malversación de fondos públicos, defraudación a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público en relación con la toma de deuda con el FMI. Guido Croxatto es director nacional de la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado de la Procuración del Tesoro, que conduce Carlos Zannini, organismo encargado de la recolección de prueba, partir de la decisión del presidente Alberto Fernández, de investigar si hubo delito en aquella operación. “Nos preguntamos si en el gobierno anterior se cumplieron todos los procedimientos administrativos y técnicos ante la toma de endeudamientos, y la respuesta es no”, señaló el abogado en diálogo con Tiempo.

–¿Por qué es importante esta investigación, si no es vinculante con las negociaciones con el Fondo?

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–Por primera vez en la historia, y dado el volumen criminal del endeudamiento que tomó el gobierno de Macri, hay un presidente que tuvo una decisión histórica que es una bisagra en la historia jurídica institucional argentina: el presidente instruye por decreto a la Procuración del Tesoro de la Nación para que se constituya en parte querellante ante una causa penal que se tramita en la Justicia en el Juzgado Correccional N° 5, causa en la cual están imputados el expresidente Macri, Caputo, Sturzenegger y Sandleris por el endeudamiento que tomaron con el FMI. Esto no pasó nunca en la Argentina, no es menor y hay que subrayarlo. El decreto 239 que firmó Alberto Fernández en abril de 2021 es un documento muy valioso. En sus considerandos previos se hace una evaluación muy crítica de la situación macroeconómica y financiera del país cuando se toma la deuda con el FMI y se sugiere, y esto habrá que comprobarlo ante la Justicia, que la desregulación financiera fue parte de un contexto que ayudó al endeudamiento y a la comisión de delitos económicos y financieros muy graves. Entonces, ya no sería el endeudamiento con el FMI un mero error de cálculo de política macroeconómica, pasaría a ser o puede configurar un delito, vinculado al proceso de endeudamiento junto con políticas de desregulación que desmantelaron el Estado. Estamos acostumbrados, por los medios de comunicación, a entender que el asunto de la deuda es de Martín Guzmán y Sergio Chodos, y por supuesto el presidente, que es el que les marca el lineamiento a seguir en defensa del interés público. Pero ese decreto también muestra la trama de la deuda y toda su complejidad muestra los diferentes roles que hay dentro del Estado. Se nombra al Banco Central, la Oficina Anticorrupción, la Procuración del Tesoro y la Sindicatura General de la Nación, instituciones que están cumpliendo un rol activo en la investigación del circuito. La sociedad desconoce cuál es el rol de la Procuración del Tesoro de la Nación porque somos un país que, en realidad, no tiene bien defendido el Estado, que ha sido desmantelado, sobreendeudado, y cuyo patrimonio se rifó. En gobiernos como el de Macri, el procurador del Tesoro no cumplía su rol, que era la defensa del interés público. Si se cuenta con un cuerpo de abogados del Estado bien preparado, es más difícil que vos hagas pelota el interés público y sobreendeudes la Argentina. Macri desmanteló la escuela de abogados del Estado porque acá se forman los que van a defender a la Argentina. Para defender el interés público, esta escuela tiene un rol estratégico y por eso esta gestión la volvió a levantar.

–¿Cuál es el rol de la Procuración del Tesoro en esta causa?

–Nos preguntamos si en el gobierno anterior se cumplieron todos los procedimientos administrativos y técnicos ante la toma de endeudamientos, y la respuesta es no. Esto es clave. Tiene vicios institucionales y administrativos. No hubo ningún procedimiento previo, algo básico en los actos administrativos en la toma de deuda y para cualquier acto administrativo, por insignificante que sea. Y eso es un vicio jurídico insalvable que le da a la deuda un carácter problemático. Pero la Justicia penal se ocupa de la comisión de delitos por parte de funcionarios argentinos, no va a determinar la ilegitimidad de la deuda. Si esta causa penal avanza, es posible que haya un aprendizaje colectivo acerca de la gravedad del impacto que tienen en la sociedad estos procesos de endeudamiento.

–¿Qué se puede hacer a nivel internacional? Argentina tiene el antecedente de la declaración de la ONU.

–Esta semana se cumplió el aniversario de la muerte del canciller Héctor Timerman quien, con Axel Kicillof, cuando era ministro de Economía, y Sergio Chodos, fueron a la Asamblea General de la ONU en 2015 y lograron aprobar los principios de reestructuración de la deuda soberana sobre el final del mandato de Cristina Fernández. Se pueden retomar también esas discusiones, ese rol, ese liderazgo que tiene la Argentina a nivel internacional en el cuestionamiento con los fondos buitre. Pero hacia adentro, vemos pobreza en la calle, la mitad de los pibes en la Argentina son pobres y no conectamos eso con el delito financiero. Esa conversación no puede quedar en la nada en términos jurídicos, tiene que haber responsabilidades claras. Yo creo que hay que empezar a criminalizar estos delitos de guante blanco, que no vemos como delitos, y dejar de llenar las cárceles de pobres pibes que roban licuadoras.

–¿En qué instancia está la causa?

–En instancia de producción de prueba todavía. Después, creo que es casi obligatorio que la jueza cite a los imputados para que declaren, pero además creo que les viene bien a la sociedad y al expediente que el expresidente y los funcionarios imputados expliquen qué cálculos hicieron en términos económicos para tomar esa deuda y cómo iban a pagarla, de dónde iban a sacar el dinero, porque hoy repiten que el acuerdo no tiene que conllevar una suba de impuestos, pero nunca dijeron cómo pensaban financiar esa deuda sideral. Lo que hace el Poder Ejecutivo es aportar todas las pruebas en el expediente, después la jueza tiene que evaluarlas, citar a declarar y establecer si se cometió delito.

–¿Qué cálculo hacen con respecto a los tiempos de la causa?

–Los tiempos son de la jueza, no depende de la producción de la prueba, pero creo que lo más importante son los informes del propio FMI. El tema es si la Justicia argentina funciona o no. En general, la Justicia argentina cuando tiene que tocar núcleos de poder se detiene, es muy difícil que la Justicia penal avance sobre actores de poder. Por eso las cárceles están llenas de perejiles y Macri está jugando golf en Lago Escondido.   «