El gobierno provincial consiguió luz verde para aplicar el tarifazo de la luz. La Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata autorizó las subas de entre 100% y 215% que la administración de María Eugenia Vidal había autorizado en febrero a las prestadoras del servicio en la provincia y que se encontraba frenado. De esta manera, las distribuidoras Edelap, Eden, Edea, Edes y las cooperativas que operan en La Plata y el interior de la provincia quedaron habilitados a cobrar con aumento.
La medida fue adoptada por los jueces Gustavo De Santis y Claudia Milanta al hacer lugar al recurso de queja interpuesto por la Fiscalía de Estado bonaerense contra una resolución del juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata, Luis Federico Arias, quien declaró el 31 de mayo pasado la nulidad de las resoluciones del Ministerio de Infraestructura bonaerense que autorizaron el aumento en la tarifa de luz.
En su dictamen, los magistrados otorgaron efecto suspensivo a la medida judicial de Arias, lo que implica que la nulidad de las subas dispuesta por ese magistrado queda sin vigencia hasta que no se defina el tema de fondo. De esta manera, las empresas EDELAP (que opera en La Plata y alrededores), EDES (sur bonaerense), EDEA (costa atlántica), EDEN (norte de la provincia) y las alrededor de 2.000 cooperativas quedaron habilitadas para cobrar el aumento tarifario.
La nueva resolución judicial que pone en vigencia otra vez el tarifazo fue firmada por los camaristas el martes aunque se conoció hoy, al ser notificadas las partes, y coincidió con la audiencia pública que el gobierno llevó adelante en Mar del Plata para cumplir con el requisito legal que pedía el fallo de Arias.
El juez platense había suspendido el incremento en mayo al hacer lugar a una medida promovida por la ONG Colectivo de Acción en la Subalternidad (CIAJ) que denunció que se habilitaron los incrementos pese a que no se realizó previamente la audiencia pública para informar el cambio tarifario. Ese dictamen declaró la nulidad de la resolución 22/16 firmada por el ministro de Infraestructura, Edgardo Cenzón, que ahora vuelve a tener vigencia.
