Los descendientes de las víctimas de la Masacre de Napalpí crecieron marcados por la mayor matanza indígena del siglo XX. Oculta y silenciada durante décadas, una pregunta comenzó a asomar en los últimos años, con el avance de los juicios por los crímenes de la última dictadura: ¿Se puede juzgar la Masacre de Napalpí como delito de lesa humanidad casi un siglo después? La respuesta comenzó a tomar forma en 2014, cuando la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Chaco arrancó una investigación que concluyó días atrás con la presentación de un requerimiento en la Justicia federal para que se haga un juicio por la verdad oral y público por esos crímenes contra las comunidades qom y moqoit de Chaco.

El pedido, que aún debe ser aceptado por el juzgado federal 1 de Resistencia, se realizó días antes del 97 aniversario de la masacre, ocurrida el 19 de julio de 1924, y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia ya se presentó para ser querellante e impulsar la causa.

“Consideramos que es una instancia necesaria y sanadora para los pueblos. El Estado ha negado por muchos años esta masacre a pesar de haber pruebas, testimonios y documentos. Juzgarlo como delitos de lesa humanidad es devolverles veracidad a las comunidades y revalidar esa historia oral contada por tantos años”, explicó Ana Noriega, de la Fundación Napalpí, en diálogo con Tiempo.

Los fiscales abrieron el caso sobre una base de investigaciones previas realizadas por historiadores, investigadores y periodistas. Junto a las comunidades, lograron encontrar y entrevistar a los últimos dos sobrevivientes conocidos, Rosa Grilo y Pedro Balquinta, ya fallecido, y rastrearon lugares de enterramientos y de fosas comunes. También se identificaron los responsables políticos, como el entonces presidente Marcelo Torcuato de Alvear o el gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, y a algunos de los autores materiales, miembros de la policía y gendarmes.

Los Juicios por la Verdad que se realizaron por los crímenes de la dictadura fueron una solución novedosa para buscar memoria y verdad cuando no podían ser juzgados los represores por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En este caso, el obstáculo es el paso del tiempo y la muerte de los responsables.

“Vemos que un juicio por la verdad es la mejor solución para intentar dar una reparación y que una sentencia contenga el análisis de por qué se produjo la masacre, las condiciones de vida de esas comunidades, e intentar reconstruir quiénes fueron las víctimas, las razones de la huelga y las responsabilidades”, explicó el fiscal federal Diego Vigay a este diario y agregó: “Permitiría consolidar el proceso de juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad en Argentina de manera integral”.

No hay antecedentes de juicios con estas características, pero sí hay otras dos causas judiciales similares en las que se impulsan juicios por la verdad y determinar responsabilidades sobre las matanzas de Rincón Bomba (Chaco) en 1947 y de General Obligado (Santa Fe) en 1887. Por tratarse de hechos más recientes, el expediente de Rincón Bomba incluso llegó a tener una persona procesada, pero falleció antes de la elevación a juicio.

“Nuestro Estado se funda en el genocidio indígena y, para reparar eso, necesitamos que la memoria, verdad y justicia llegue también a los pueblos originarios”, manifestó Noriega, de la Fundación Napalpí.

Una masacre planificada

Los hechos comenzaron el 19 de julio de 1924, cuando un grupo de policías, gendarmes, militares y colonos de la zona enviados por el gobernador interventor de Chaco, Fernando Centeno, reprimió a los tiros una protesta de las comunidades qom y mocoví que reclamaban por mejores condiciones laborales en la reducción.

Ese día fueron asesinadas, mutiladas y enterradas en fosas comunes unas 400 personas: niñas, niños, mujeres, hombres, ancianes. La represión continuó por varios meses, con la persecución a los sobrevivientes. La masacre fue planificada y hasta se utilizó un avión para seguir los movimientos de las comunidades. Sin embargo, fue presentada públicamente por el gobierno y los medios oficiales como una “sublevación” y un “enfrentamiento entre etnias”.

Esta semana, al cumplirse el aniversario 97° de los hechos, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación junto al gobierno de Chaco señalizaron el Sitio Histórico Memorial de Napalpí. «