Tres meses y siete días después de la acordada que lo transformó en presidente de la Corte Suprema de Justicia hasta 2021, el abogado de orientación radical Carlos Fernando Rosenkrantz comenzó a vivir el rigor de la jefatura del máximo Tribunal del Poder Judicial.
Así interpretan en la Casa Rosada los costos de la exposición pública que afrontó el ex rector de la Universidad de San Andrés por haber avalado en soledad el índice de actualización jubilatoria que defendía la ANSeS frente a los cuatro cortesanos que lo cuestionaron y le dieron la razón al trabajador Lucio Orlando Blanco.
El caso Blanco es paradigmático para la evaluación de la Casa Rosada. Orlando se jubiló en 2003, ganó una primera disputa legal con el Estado por la actualización de sus haberes y luego recibió un fallo a favor de la Sala II de la Cámara de Seguridad Social que ordenó utilizar el Índice de Salarios Básicos de la Industria y la Construcción (ISBIC) en lugar del indicador de la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE): una de las piezas angulares impulsadas por el director de la ANSeS, Emilio Basavilbaso, dentro de la reforma previsional que diseñó la administración de Cambiemos y cuya burocracia está convencida de la quiebra del sistema de reparto.
El fallo adverso para el Gobierno que benefició a unos 150.000 jubilados fue sostenido por los jueces Elena Higthon de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Eduardo Rosatti y Juan Carlos Maqueda. Los tres últimos –Highton se abstuvo- también tomaron la decisión interna de quitarle las facultades administrativas al presidente de la Corte en materia de nombramiento de personal, entre otros atributos del manejo del máximo Tribunal que, hasta el mandato trunco de Lorenzetti, eran de su potestad.
El ministro de Justicia, Germán Garavano, no recibió la noticia del fallo con sorpresa En Balcarce 50 tampoco. Sostienen que eran movimientos previsibles de la «mayoría peronista» conducida por Rosatti y Maqueda, con la adhesión de Lorenzetti.
El ex titular de la Corte, razonan en el Gobierno, no termina de digerir la forma en que fue desplazado del cargo y reemplazado por un abogado de larga trayectoria corporativa, con un linaje liberal muy cercano a Bernardo Saravia Frías, el actual Procurador del Tesoro, jefe de los letrados del Estado, quien suplantó al magistrado porteño Carlos Balbín por las diferencias con Macri para afrontar el caso de la deuda que el holding familiar mantiene con el fisco tras la fallida privatización del Correo Argentino.
En la Casa Rosada consideran que el 4 a 1 por el caso Blanco es parte de una ofensiva de esa mayoría. «Están desgastando a Rosenkrantz y el problema es que pueda aguantar. Si bien hay sobreactuación mediática por un fallo esperable, también es cierto que la interna de la Corte es espesa», interpretó una fuente del Ministerio de Justicia consultada por Tiempo.
Cuando Macri firmó la designación de Rozenkrantz para reemplazar los cargos vacantes de la Corte también nominó a Rosatti, de orientación peronista, como parte de las negociaciones del Ejecutivo con el PJ en el Congreso. A pesar del revés, en el Ejecutivo explotan ese contrapeso. «Elegimos a un juez de la Corte que vota todo en contra y que supuestamente es de Lilita. Sin embargo era esperable», admitió el funcionario que, sin embargo, evaluó la soledad de Rozenkrantz en el fallo del caso Blanco como «un movimiento a propósito para diferenciarse y afrontar el degaste».
«No hay que subestimarlo», advirtió otro escudero del oficialismo que comparte la existencia del «operativo desgaste» contra Rosenkrantz, pero no sabe si el fallo en disdencia forma parte de una diferenciación para defenderse o para tirar la toalla en caso de cansancio.
La trama más espinosa del revés no tiene que ver con la sensibilidad de Rosenkrantz, sino con el poder de Lorenzetti para revertir la derrota que derivó en una inesperada salida de la presidencia del máximo Tribunal. La pérdida del control de las potestades administrativas no sólo es una pérdida determinante de poder sobre los fondos y el control de la estructura de personal de la Corte, sino también un freno a los cambios que pretendía impulsar el magistrado sobre una planta de funcionarios judiciales nombrados por Lorenzetti que, tanto Rosatti como Highton, decidieron respaldar. El revés implica un síndrome de ´pato rengo´ anticipado que podría derivar en una contraofensiva del flamante titular de la Corte. En el diagnóstico oficial, deberá transitar los próximos meses entre la victimización, la mención de presiones y la posibilidad de iniciar litigios internos con los demás miembros del cuerpo colegiado.
