Apenas concluyó la audiencia, la gente del público levantó carteles estampados con la leyenda “No al 2×1” y la cara del juez Alejandro Esmoris, subrogante en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°1 de La Plata que la semana pasada benefició con la derogada Ley de 2×1 a los represores Ramón Fernández y Abel Dupuy, ambos condenados a 25 años y prisión perpetua en 2010. 

El escrache al magistrado se realizó al finalizar una nueva jornada del juicio oral a Carlos “Indio” Castillo y Juan José “Pipi” Pomares, ambos integrantes de la banda parapolicial Concentración Nacional Universitaria (CNU), por siete secuestros y cuatro homicidios cometidos antes y después del golpe de Estado de 1976.

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Con los afiches sobre sus cabezas, los miembros del público repitieron como un mantra la frase “cárcel común, perpetua y efectiva”, acentuando cada palabra. El escrache fue breve y se realizó apenas el presidente del TOF1, Germán Castelli, dio por terminada la audiencia. El momento fue elegido adrede fuera de la duración de la audiencia, porque al inicio el juez había advertido que ante cualquier incidente haría desalojar la sala.

La advertencia había sido severa. Castelli leyó completo el artículo 369 del Código Procesal Penal de la Nación que le da ese poder de policía y disciplina: “Las personas que asistan a la audiencia deberán permanecer respetuosamente y en silencio; no podrán llevar armas u otras cosas aptas para molestar u ofender, ni adoptar una conducta intimidatoria, provocativa o contraria al orden y decoro debidos, ni producir disturbios o manifestar de cualquier modo opiniones o sentimientos”, dice ese artículo del código.

“La sacó barata”, dijo una integrante de la Mesa por los Derechos Humanos de La Plata. Es que el juez Esmoris -que integra el TOF N°2 y actúa como subrogante en el N°1- hizo lugar el lunes 12 de junio pasado al pedido de la defensa de Fernández y Dupuy y resolvió en favor de la aplicación del cómputo de “2×1” para el período en que estuvieron detenidos en prisión preventiva, a partir del precedente “Muiña” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN).

La Unidad Fiscal Federal con competencia en Derechos Humanos, a cargo de Rodolfo Marcelo Molina y Hernán Schapiro, se había opuesto a la solicitud de los represores condenados en 2010 -la sentencia está firme- a 25 años de prisión y a prisión perpetua, respectivamente, por su participación en delitos y homicidios cometidos en la Unidad Penal N°9 de La Plata.

En la audiencia del juicio a la CNU declararon los testigos Mariana Rave, Susana Ure y Marcelo Ponce. Fueron testigos de contexto que aportaron información sobre la CNU y su accionar.

Rave declaró por video conferencia desde Dublin, Irlanda. Desde allí contó el secuestro y asesinato de su hermano Arturo “Patulo” Rave, militante de la Unión de Estudiantes Secundarios (UES) de 18 años, cometido en la madrugada del 24 de diciembre de 1975 por esa organización parapolicial. También recordó que cuatro meses antes la CNU secuestró durante un día y medio a su hermano Miguel, de 11 años, cuando iba para la escuela; contó la detonación de una bomba en la puerta de su casa y las incontables amenazas que recibían en esa época.

La testigo Susana Ure, esposa de Víctor Hugo Kein, asesinado en 1975, realizó una pormenorizada historia del surgimiento y el accionar de la CNU en La Plata y en Mar del Plata. Ponce, en tanto, identificó a su primo Gastón Ponce Varela como integrante de la CNU, y contó que hacían reuniones, prácticas de tiro y señaló al imputado Castillo como integrante del grupo. También dijo que su primo -asesinado frente a su casa- cobraba un sueldo de la administración del gobernador Victorio Calabró sin ir a trabajar.

Castillo y Pomares están acusados de integrar los grupos operativos de la Concentración Nacional Universitaria. En el juicio de La Plata, que lleva a cabo el tribunal integrado por Pablo Vega, Germán Castelli y Alejandro Esmoris, están acusados de los secuestros y asesinatos de Carlos Antonio Domínguez, de Leonardo Guillermo Miceli, de Néstor Dinotto y Graciela Martini, además de los secuestros de Roberto Fiandor, de Adelaida Ursula Barón y Hugo Daniel Pastorino.