Continúa en pleno desarrollo el juicio por el homicidio de Rafael Nahuel, de 22 años, ocurrido el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. El debate se está realizando en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en la provincia de Río Negro. Por este terrible hecho de violencia institucional están siendo juzgados cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA): Sergio Cavia, Carlos Sosa, Javier Pintos, Juan Obregón y Sergio García.
La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDHN) es querellante en la causa. En las audiencias que se realizaron este martes y miércoles, declararon los peritos que hicieron el estudio balístico en la provincia de Salta y dos profesionales de la salud que estuvieron en la escena del crimen.
Pericia balística de Salta
“En las audiencias de esta semana declararon dos peritos del estudio de balística que se hizo en la provincia de Salta, Héctor Barboza y Hugo Flores Solís, confirmaron nuevamente lo que ellos vieron, ambos coincidieron en que el disparo que mató a Rafael Nahuel salió del arma del prefecto Sergio Cavia, dijeron que no tienen dudas sobre eso”, contó Mariano Przybylski, abogado querellante y director de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en diálogo con Tiempo. Siguió relatando que Barboza “fue el perito oficial que llevó adelante el análisis y sostuvo que la conclusión era contundente e irrefutable, lo dijo así, en estos términos”.
“Además, explicó que las características estaban muy marcadas, el otro perito, Flores Solís, también siguió la misma línea que este”, aseguró el director nacional. También remarcó que ambos ratificaron “lo que ya habían dicho antes, que el proyectil letal salió de la pistola de Cavia”.
Pericia química de restos fulminantes
“Después declaró un ingeniero químico de Salta, José Luis Manzano, quien hizo el análisis de las muestras de restos fulminantes en manos Fausto Jones Huala, Lautaro González, en el cuerpo y una prenda de vestir de Rafael Nahuel”, reconstruyó el abogado querellante. También fue muy claro cuando explicó “el tema de transferencia y contaminación, dijo que hay muchas posibilidades de transferencia por tacto y que el solo hecho de colocar esposas a los aprehendidos es una posibilidad de transferir partículas”.
“Según la misma bibliografía de esta materia, todo el espacio pudo haber estado contaminado con partículas de fulminantes por la gran cantidad de disparos -fueron 130 según las vainas recogidas- las partículas quedan flotando en el aire un rato”, detalló el director nacional. También subrayó que si “hay personas alrededor también pueden resultar contaminadas”.
“Entonces de ningún modo se puede afirmar que esas personas hayan disparado, incluso en las maniobras de las muestras que se hicieron en el laboratorio también hubo una incorrecta manipulación que pudo dar lugar a una contaminación”, aseveró el abogado querellante. Siguió relatando que “Manzano dejó bien en claro que es muy relativo el tema de las partículas de fulminantes y mucha la probabilidad de contaminación en ese contexto”.
Testigos oculares
“Los médicos del Hospital Zonal de Bariloche, Carolina Zombory y Víctor Hugo Parodi, declararon este miércoles”, dijo el letrado. Señaló que estos profesionales de la salud “fueron quienes se acercaron con la ambulancia al lugar del conflicto”.
“Zombory fue testigo cuando Rafael Nahuel ya estaba sin vida y le tomaron las muestras de fulminantes los agentes de criminalística”, señaló el director nacional. Lo que le llamó mucho la atención fue que “el cuerpo del joven fue muy manoseado, lo dieron vuelta para un lado y después para el otro, eso muestra una segura contaminación y resulta muy importante para la resolución del caso investigado”, concluyó.
Detalles del caso Rafael Nahuel
El homicidio de Rafael Nahuel, de 22 años, ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, Bariloche. Se está realizando el juicio en el Tribunal Oral Federal (TOF) de General Roca, en la provincia de Río Negro. Los imputados son cinco miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA): Sergio Cavia, Carlos Sosa, Javier Pintos, Juan Obregón y Sergio García.
Todos ellos llegaron al juicio acusados de ser coautores de homicidio por exceso en la legítima defensa. Sin embargo, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación busca probar que se trató de un homicidio calificado. También intenta demostrar que no se trató de un hecho de legítima defensa, sino que lo ocurrido fue un crimen en manos de quienes viste los uniformes de la Prefectura Naval Argentina.
Los prefectos cumplían una orden del entonces juez del Juzgado Federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, que estaba reemplazando a un colega, quien indicó que se asegure el perímetro del territorio en disputa entre la comunidad mapuche y Parques Nacionales, que había sido desalojado dos días antes y en el que fueron detenidas cinco mujeres mapuches que estaban en el terreno.
Tras la orden del magistrado, a partir de una denuncia de usurpación que recibió, que fue realizada el 17 de noviembre de 2017 por parte del Parque Nacional Nahuel Huapi. La comunidad Lafken Winkul Mapu en este sentido había anunciado a principios del mismo mes la recuperación de unas diez hectáreas de las 710 mil que tiene el Parque Nacional Nahuel Huapi en esa parte de Villa Mascardi. Una semana después -el 25 de noviembre- se produjo el violento desalojo que culminó con el homicidio de Rafael Nahuel.
En aquel tiempo la responsable política de la situación fue la entonces titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. El pasado mes de julio, justo un mes antes de las PASO, la precandidata a presidenta de Juntos por el Cambio (JxC) llamativamente fue absuelta en la causa por el homicidio de Santiago Maldonado en manos de la Gendarmería Nacional Argentina (GNA).
