Fueron al menos dos resoluciones en pocos días y en todas volvió emerger la pulsión más profunda de la derecha argentina. Uno: la decisión de dictar la prisión domiciliaria para el represor Miguel Osvaldo Etchecolatz; aunque no se hará efectiva. Dos: impulsar la reactivación de la causa por el atentado contra la Superintendencia de Seguridad Federal, ocurrido el 2 de julio de 1976, que había sido cerrada por prescripción. Y escribir en el fallo que ese ataque puede considerarse un crimen de lesa humanidad, justamente para que no prescriba.

Estos fallos judiciales muestran que en la derecha  argentina sigue habitando la idea de que la derrota cultural respecto de lo que significó y perpetró la dictadura es vivida como una cuenta pendiente. Es como si detrás de esa batalla perdida-que ganaron centralmente  las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo-se encontrara la explicación de por qué este es un “país fallido”, como lo definió el remarcador serial Federico Braun.

Sumate y apoyá el periodismo autogestivo

ASOCIATE

El deseo de resucitar la teoría de los dos demonios continúa siendo una de las metas más profundas-y menos reconocidas-de la derecha.

La mayoría de la actual Corte Suprema de Justicia tomó decisiones que alientan   este objetivo. El 3 de mayo de 2017, cuando Mauricio Macri transitaba su segundo año de gestión, el Máximo Tribunal resolvió otorgarle el beneficio del 2×1 al represor Luis Muiña. La excepción en el fallo fue el voto del equilibrista Ricardo Lorenzzetti; quizás por convicción o por tener más olfato callejero que sus colegas de palacio. Esa sentencia de la Corte es el antecedente de las decisiones que se tomaron esta semana.

En ese mayo de 2017 fue tan contundente y masivo el rechazo de la población, que salió a las calles; fue tan rápido el giro del macrismo, que primero lo avaló y luego se puso a la cabeza de voltearlo en el Congreso, que el capítulo y sus potenciales consecuencias se cerró demasiado rápido. Quedó escrito en la memoria colectiva como una suerte de desatino de los cortesanos, un exceso de análisis jurídico mientras deambulaban por los pasillos de Tribunales. Y en realidad mostraba una visión más amplia, que emergió porque se consideró que el contexto político era propicio para desplegarla.

Legitimar la dictadura, como ocurrió durante años en otros países de la región que sufrieron regímenes similares, permitiría justificar los crímenes más aberrantes que puede cometer la condición humana, y también el resto de las políticas que se desplegaron. La Argentina podría dejar de ser ese  «país fallido», que perdió su destino de grandeza por la tradición igualitaria que lo caracteriza y que se expresa sobre todo en el peronismo.  

La propuesta de Javier Milei de que cada persona pueda comerciar sus órganos para financiar la subsistencia fue otra salida a la superficie de esta pulsión. Las definiciones del diputado hacen imaginar una película de ciencia ficción, en la que el capitalismo financiero ha llegado a su climax. Es el momento en el que el sol se estira para tragarse a todos los planetas del sistema solar. Un mundo con guetos de ricos en el que el resto son desarrapados y hambrientos, que viven en los alrededores de los muros, comerciando sus órganos y sus hijos. Un mundo que en parte ya existe. 

Milei también volvió a mostrar la obsesión de la extrema derecha con los cuerpos, torturados, arrojados al mar, y ahora transformados en bancos que guardan órganos para quienes los puedan pagar.  «