En los próximos días finalizará el juicio que se sigue en Salta contra Marcos Levin por crímenes de lesa humanidad. Este jueves, luego de que las defensas terminen con sus réplicas y se escuchen las palabras finales de los imputados, podría ya conocerse la sentencia en esta causa paradigmática de la responsabilidad empresarial en el terrorismo de Estado.

Levin, expropietario de La Veloz del Norte, está acusado por el secuestro y los tormentos sufridos por 17 trabajadores de la empresa de colectivos que habían participado en reclamos sindicales. Junto a él, también son juzgados el exjefe de Personal de la empresa José Antonio Grueso y el excomisario Víctor Hugo Almirón de la Comisaría Cuarta de Salta.

En las últimas jornadas del debate se escucharon los alegatos de la fiscalía y de la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en los que solicitaron penas de entre 23 y 25 años de prisión para los tres acusados. Levin como instigador, Grueso como partícipe necesario y Almirón como autor mediato.

Durante las audiencias que arrancaron a comienzos de octubre, los testimonios de los trabajadores sobrevivientes y sus familiares permitieron probar la responsabilidad del empresario en los secuestros y la falsedad de denuncia de fraude realizada para justificar esas detenciones ilegales. También fue confirmada la razón detrás de estos crímenes: el dueño de la Veloz del Norte quería sacarse de encima al delegado Víctor Cobos y así eliminar toda resistencia sindical dentro de la firma.

Cobos relató que desde que se convirtió en delegado y en integrante de la conducción de la UTA de Salta en 1972, fue el enemigo número uno para Levin, con quien mantenía duros cruces por las malas condiciones laborales y los bajos sueldos, y que con la llegada de la dictadura comenzó a ser perseguido al igual que su familia.

Los secuestros se realizaron entre el 20 y el 24 de enero de 1977. El 21 de enero, un día después de las primeras detenciones ilegales, Levin presentó una denuncia contra sus empleados por una supuesta estafa en la venta de boletos, lo que sirvió para dar cobertura legal a la persecución contra el delegado y los trabajadores.

Los 17 trabajadores, la mayoría choferes de Salta y otros de Tucumán, fueron llevados a la Comisaría Cuarta, donde fueron torturados. En ese lugar vieron tanto Levin como Grueso y aseguraron que estaban presentes durante los interrogatorios. Las víctimas señalaron además que la empresa entregó listas con sus nombres, horarios de los recorridos de sus colectivos y aportó vehículos para detenerlos y trasladarlos.

“Levin era el que comandaba todo acá, era un tipo muy poderoso: íntimo amigo del gobernador, del jefe de policía, de los jueces, hacía y deshacía en salta, su palabra era oro”, señaló Cobos en diálogo con Tiempo. La Veloz del Norte era una empresa importante de la provincia y varios policías trabajaban o habían trabajado ahí, como el caso de Víctor Bocos, quien integró la patota policial y era además empleado, aunque por problemas de salud fue apartado del proceso y no integró el debate.

Este es el segundo juicio que se realiza contra Levin. En 2016, fue condenado a 12 años de prisión junto a Bocos, Almirón y el expolicía Enrique Cardozo por el secuestro de Cobos. Sin embargo, un año después la Cámara Federal de Casación Penal anuló la sentencia en un fallo que recién fue revertido por la Corte Suprema de Justicia en 2022 y aún se espera que se haga efectivo. «

Nuevas condenas

Esta semana fueron condenados cinco expolicías por crímenes de lesa humanidad cometidos en las provincias de Santa Fe y de Chubut durante el terrorismo de Estado.

En Santa Fe, el miércoles fueron encontrados culpables los expolicías provinciales Wenceslao Bertolino y Eduardo Ramos Campagnolo y el exmiembro de la Policía Federal Ricardo Carrouche por secuestros, tormentos, robo y abuso deshonesto que tuvieron como víctimas a seis militantes del Partido Comunista en mayo de 1977. Bertolino y Ramos Campagnolo recibieron 9 años de prisión y Carrouché, exjefe de la delegación provincial de la Policía Federal, donde funcionó un centro clandestino de detención, recibió la pena de 7 años. El viernes, en Rawson, fueron condenados a 15 años de prisión los expolicías federales Luis Coria y Jorge como coautores del secuestro y las torturas sufridas por nueve militantes políticos en la Delegación Rawson de esa fuerza entre noviembre y diciembre de 1975.