El anuncio del Alberto Fernández de llevar a la justicia el acuerdo que hizo Mauricio Macri con Christine Lagarde en 2018 por el que se otorgó al país el mayor crédito de la historia del FMI, unos 44 millones de dólares, se enmarca en las empantanadas negociaciones que está llevando adelante el ministro de Economía Martín Guzmán y su equipo con Fondo. Apenas terminó el discurso presidencial, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) anunció que elevó a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) y a la Oficina Anticorrupción (OA) toda la documentación vinculada al último acuerdo firmado por la Argentina con el organismo para determinar si generaron perjuicios al Estado. Según pudo saber Tiempo Argentino por fuentes del Banco Central, la SIGEN y la OA van a llevar adelante la investigación y a partir de ahí se irá a la Justicia. Más allá de los resultados concretos que pueda tener a nivel judicial o económico, el proceso pondrá en la discusión pública las condiciones oscuras en que se llevó el acuerdo. 

“Endeudar al país de ese modo, permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejante crédito haya sido resuelta entre gallos y media noche, sin intervenciones jurídicas y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes habíamos registrado”, dijo Alberto Fernández ante el Congreso. Y agregó: “Por eso he instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta y de la mayor malversación de caudales que nuestra memoria registra”. 

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Fuentes del gobierno aseguraron a Tiempo que el presidente evaluó tres alternativas para llevar adelante esta iniciativa de investigar ese acuerdo. Una de las opciones que se fue armar una comisión ad hoc del ministerio de Justicia, otra fue LA DE una comisión bicameral en el Congreso. “Ya existe la de Seguimiento de la Deuda cuyo trabajo devino en el único informe que hay hasta el momento sobre fuga de capitales junto con el informe del BCRA). Y la tercera alternativa era en qué tipología de delito se incurrió para avanzar con una denuncia penal, opción que terminó primando ya que era la única que podía tener consecuencias concretas. 

El anuncio presidencial se produce luego de que el bloque de senadores del Frente de Todos le enviara a la Oficina de Evaluación Independiente del FMI una carta pidiendo una investigación exhaustiva de sobre aquel ruinoso acuerdo. No sólo no respetó la legislación local sino que tampoco se llevó delante de acuerdo con las propias normativas del organismo internacional que prohíbe otorgar créditos que financien la fuga de capitales. El texto firmado por los senadores oficialistas da cuenta de que “al momento de suscribir los documentos con el FMI no había siquiera un expediente iniciado en ninguna de las áreas de la administración pública nacional involucradas. No se han conocido actos administrativos del Poder Ejecutivo, del Banco Central ni del Ministerio de Hacienda que ordenen tomar el crédito del Fondo. Ni hay dictámenes previos a la toma de deuda con el FMI, ni jurídicos ni del BCRA. Tampoco existe información alguna sobre la existencia de cláusulas de prórroga de jurisdicción para el caso de que hubiera un distracto (extinción de obligaciones) entre la Argentina y el Fondo. Finalmente, en los expedientes entregados por el Ministerio de Hacienda no hay acuerdo alguno firmado entre las partes, tampoco acto aprobatorio”. 

“Es decir que la Argentina suscribió el préstamo más grande de su historia y asumió compromisos financieros, a todas luces incumplibles según cualquier principio de sostenibilidad, sin tener un expediente abierto y sin los dictámenes e informes correspondientes, lo cual infringiría, al menos, la Constitución Nacional, el Estatuto del Fondo y las leyes de Procedimientos Administrativos y de Administración Financiera”, señalaron los legisladores en la misiva.

En el Senado, se encuentra el ala más dura de la negociación con el FMI

Por su parte, el Banco Central anunció este lunes que pidió “la realización de una auditoría específica” de la documentación para evaluar las “responsabilidades en los funcionarios que actuaron oportunamente en la efectivización del acuerdo suscripto por la República Argentina con el FMI” en 2018. Y “determinar la existencia de perjuicio para el patrimonio público”. Entre la documentación aportada está el informe sobre las actuaciones tramitadas en el ex ministerio de hacienda de la Nación y el Informe de “Mercado de Cambios, Deuda y Formación de Activos Externos 2015 – 2019”.

En el pedido de investigación se sostiene en que los expedientes que dieron origen a los dos acuerdos firmados por la administración de Macri con el FMI de los que “resultarían incumplimientos a los procedimientos establecidos en diversas leyes para la constitución de deuda pública externa, así como la violación de obligaciones asumidas con el Fondo”.