El freno judicial al tarifazo del gas cayó como una caricia sobre los hogares de todo el país pero para el gobierno nacional fue como una bofetada en el rostro. Tras el impacto, el oficialismo espera que los aumentos que prevén las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía de la Nación se conviertan en realidad por intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Los consumidores siguen en pie de guerra y redoblan la apuesta con una convocatoria para el martes, cuando la Corte tratará el tema, y otra para el jueves en la forma de un cacerolazo nacional. Organizaciones sociales y partidos de la oposición ya dijeron que se sumarán a estas propuestas. Desde ya que a este clima belicoso no ayudarán en nada las declaraciones del presidente Mauricio Macri, quien desde Tucumán, aseguró ayer que «la Argentina está entre los países que más energía consumen por habitante», en una clara promoción del tarifazo como medio de reducir el consumo.
La sucesión de fallos adversos al tarifazo tuvo su climax el jueves pasado, cuando la Cámara Federal platense hizo lugar a un recurso que presentó el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS). En un fallo unánime, la dependencia judicial resolvió anular el incremento del gas a nivel nacional y suspender por tres meses el de agua y el del consumo eléctrico a nivel provincial.
A la hora en la que se supo la novedad, el humor social con la política oficial de tarifas estaba en un punto de alta tensión en todo el país, con un número creciente de protestas.
El gobierno dudó. Por medio del senador Federico Pinedo defendió inmediatamente su política y lanzó una advertencia temeraria: la población pagará el costo energético de cualquier modo, con o sin aumento de tarifas, por medio de inflación y ajuste impositivo. En tanto, el ministerio que encabeza el ex CEO de Shell, Juan José Aranguren, también defendió las subas pero a las pocas horas, nuevamente por medio de Pinedo, el macrismo ensayó una corrección moderada y aseguró que el Ejecutivo «va a acompañar una solución razonable» de la Corte.
La presión del gobierno sobre el máximo organismo judicial creció con el paso de las horas. Con limitaciones temporales para cumplir con los pasos procesales, la expectativa de la administración es que los jueces reinstalen los incrementos vía aprobación de un recurso extraordinario. Sin embargo, una fuente judicial remarcó que los tiempos son insuficientes dado que la feria arranca este sábado. Para manifestarse, el Tribunal tiene que esperar a que la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, se pronuncie en caso de que el gobierno presente un recurso extraordinario; en cambio, si la Corte toma el per saltum propuesto por la Procuración del Tesoro, no sería necesaria la opinión de Gils Carbó. «También puede dictar una medida cautelar, pero no sería procedente o podría dejar sin efecto la cautelar del CEPIS pero tiene como doctrina no meterse con ellas, entonces debería ir al fondo directamente», graficó la fuente. Con todos los pasos procesales pasaría no menos de un mes.
El presidente del CEPIS, Mariano Lovelli, señaló en diálogo con Tiempo: «Cuestionamos la validez de las tarifas no por razonables o no, sino por cuestión instrumental: carecieron de la audiencia pública, que es un requisito ineludible antes de modificar los valores».
Lovelli reconoció que el gobierno tiene la chance de interponer un recurso extraordinario ante la Cámara Federal para que eleve el pedido a la Corte pero advirtió que si persiste en sostener estas resoluciones va a exponer al Tribunal a pasar por sobre el fondo de la cuestión. «La Corte no la tiene fácil. El fallo platense es un buen fallo, unánime», analizó el titular del CEPIS. Y agregó otro detalle: «Algunos integrantes, como el ministro Ricardo Lorenzetti, no van a poder borrar con el codo lo que escribieron con la mano porque en los propios fundamentos de la sentencia de la Cámara se citan recientes fallos de esta misma Corte en un caso similar».
En tanto, los consumidores se organizan y llaman a un cacerolazo nacional. El titular de la Asociación de Defensa de los Derechos de Usuarios y Consumidores (ADDUC), Osvaldo Bassano, informó que mañana a las 13 habrá una encuentro de entidades del sector para consensuar los lineamientos de la protesta. Hasta ayer, además de ADDUC habían adherido DEUCO, Modecuma, Consumidores Argentinos y Mudeco, entre otras. En la reunión, además, buscarán determinar si la protesta será en un lugar geográfico puntual.
Las entidades, agregó Bassano, presentarán una nota a la Corte pidiendo una reunión para establecer y saber cuál es el pedido de tarifas justas y equitativas que impulsa el gobierno. «Hay preocupación para que no se utilice la medida contra los trabajadores señaló el titular de ADDUC. El gobierno tiene más interés en defender a las empresas que a los usuarios», analizó .
