Los incidentes que se registraron el domingo pasado en Río Negro, durante la realización de la Sexta Marcha de Expedición por la Soberanía del Lago Escondido, volvieron a poner el foco sobre la relación del gobierno provincial con el magnate británico Joe Lewis. Es el dueño de 12.000 hectáreas en la Patagonia y, entre ellas, de las 8.000 que rodean ese espejo de agua. No se trata de la primera marcha que busca habilitar el acceso público al lago, pero esta vez el nivel de la tensión puso el foco en uno de los aspectos menos registrados de la relación local: el vínculo del dueño del Tavistock Group con los principales dirigentes de Juntos Somos Río Negro (JSNR). Es la fuerza que gobierna la provincia patagónica desde hace diez años y es uno de los aliados esquivos del Frente de Todos en las dos cámaras del Congreso.
La confirmación del vínculo obligó a la gobernadora Arabela Carreras a pronunciarse. Formó parte de la comitiva que acompañó al presidente Alberto Fernández en la gira que realizó por Rusia, China y Barbados. Su antecesor es el exgobernador Alberto Weretilneck, que manejó la provincia desde enero de 2012. Era el vice de Carlos Soria, que fue asesinado por su esposa. Desde entonces condujo la provincia y en diciembre de 2015 fue elegido como gobernador.
En 2019 lo sucedió Carreras, que posiblemente le deje el camino allanado a su mentor para que vuelva a presentarse por el control de Río Negro.
En esta década no sólo se gestó la consolidación política de JSRN, sino también el inevitable vínculo con Lewis, que se expande en la Patagonia con la misma lógica que utilizan las empresas mineras o petroleras en el país: hacen lobby a nivel federal en Buenos Aires, pero extreman sus redes en los municipios y en las provincias donde intervienen.
Como todos los años la movilización fue promovida por la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua (Fipca). En esta oportunidad, quizás por su presencia en la comitiva, obligó a Carreras a pronunciarse. Durante el viaje dijo que era sostenida por militantes kirchneristas, pero este sábado se explayó con medios locales. “Pone en evidencia muchas situaciones donde no se puede acceder al uso de las costas o de los caminos o la extranjerización de las tierras», le dijo la mandataria al portal BarilocheOpina.com. Aseguró que “se trata de una marcha que se da todos los años y es un tema que está judicializado”.
Hasta tomó el guante de la sospecha que más preocupa: el aeropuerto privado que construyó Lewis en la localidad rionegrina de Sierra Grande.
“Recordemos que en el caso de Joe Lewis, la pista de aterrizaje fue aprobada en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchne. Esto tiene un recorrido de muchos signos políticos y una historia bastante larga en la provincia de Río Negro», detalló la mandataria para cinturear el debate que desató la protesta de este año.
En diálogo con este diario, desde la capital provincial detallaron que el vínculo del “rionegrismo” con Lewis es “una convivencia marcada por la practicidad y el silencio porque a nadie le gusta meterse en los negocios del gobierno provincial”.
Según las fuentes consultadas por Tiempo, el epicentro de la relación discreta tiene su epicentro en El Bolsón, la tierra natal de Weretilneck y el municipio que gobierna Bruno Pogliano. Es dirigente de JSRN y sus detractores le adjudican una relación de dependencia con Lewis. En 2017 fue el firmante de la cesión de 850 hectáreas a la firma Laderas del Perito Moreno S.A. que desató un duro conflicto local.
“Joe pone mucha plata en El Bolsón, pero el gobierno no va a hablar del tema porque es un problema para la relación con Buenos Aires”, confiaron en la legislatura provincial a este diario.
Carreras no sólo formó parte de la última comitiva presidencial que recorrió Eurasia y el Caribe. Posiblemente le deje el camino libre a Weretilneck para que vuelva al gobierno provincial en 2023. El exgobernador ahora está en el Senado y es la cabeza de una fuerza política que tiene dos escaños en Diputados. Esas voluntades son clave para un oficialismo muy necesitado de aliados en el Congreso. Una senda que, al menos por ahora, mantendrá cerrado el camino de acceso al Lago Escondido en un conflicto que cada vez suma más interrogantes sobre el vínculo que se cocina en Río Negro. «
