El presidente, Alberto Fernández, prometió este martes en la sesión plenaria de la Cumbre de Líderes de la COP26, en Escocia, mandar un nuevo proyecto al Congreso sobre presupuestos mínimos de protección ambiental de bosques nativos. El parlamento viene teniendo un rol clave en leyes en lo que se conoce como agenda “verde” dentro de la Comisión de Medio Ambiente que preside el oficialista Leonardo Grosso. Sin embargo, tendrá que trabajar en nuevos proyectos que contribuyan a la descarbonización económica y la adaptación al cambio climático.

La transición energética es uno de los temas centrales, ya que la economía del hidrógeno verde ha tomado relevancia en los últimos años a nivel global. Y ayer tuvo lugar en Escocia el anuncio del acuerdo entre autoridades de la firma australiana Fortescue y el gobierno nacional por una inversión millonaria para producir hidrógeno verde en la provincia de Río Negro.

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Argentina cuenta con la Ley de Hidrogeno que es la 26.123 del año 2006. Los avances tecnológicos y las nuevas expectativas hacen necesaria actualizarla y en esa línea. En agosto de este año, el diputado radical Gustavo Menna, presentó un proyecto de ley que derogarla.

La iniciativa propone un régimen que promueva la innovación, el desarrollo, la producción y exportación del hidrógeno de origen renovable “como combustible y vector de  energía y como insumo para procesos químicos e industriales”. Las acciones que se promueven están diseñadas para contribuir “a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y al cumplimiento de las metas nacionales de mitigación”.

La propuesta propone diseñar una “Estrategia Nacional del Hidrógeno 2030” la que deberá contar con objetivos y metas precisas a alcanzar al final de esta década. Por ejemplo establece un porcentaje de consumo nacional de hidrógeno de origen renovable, alcanzando un mínimo del 35% para el año 2030.  

En cuanto a las distinciones entre el “Hidrógeno Verde” o “Hidrógeno azul” indica que el de origen renovable (verde) es el obtenido mediante la electrólisis del agua utilizando energía eléctrica provista por fuentes renovables.

Por otro lado, en octubre el gobierno anunció el envío al Congreso del proyecto de electro movilidad. Calcula inversiones en distintos sectores industriales por US$ 900 millones y contempla, entre otras acciones, una amplia renovación de la flota de transporte público en condiciones “más amigables” para el medio ambiente.

La iniciativa elaborada por la cartera de Producción que conduce Matías Kulfas incluye beneficios fiscales e incentivos para quienes compren autos eléctricos. Y seguramente tendrá un fuerte impacto en la renovación de la flota de transporte público.

Por otro lado, quedan pendiente de tratamiento de la ley de protección de humedales. Durante el año pasado los incendios en varias provincias argentinas impulsaron el debate parlamentario de una ley de presupuestos mínimos de protección ambiental de los humedales y se presentaron unos 15 proyectos, pero nunca se avanzó con la el tratamiento en el recinto.

Por otro lado, la semana pasada el ministro de Ambiente, Juan Cabandié, presentó el  proyecto de ley para la gestión integral de envases y reciclado. La iniciativa  desarrolla una política integral para la problemática del envasado que incluye al Estado Nacional, los municipios, los cartoneros y las empresas.

En ese sentido, propone mecanismos para articular el entramado productivo e industrial de las empresas, con los sistemas de reciclado desarrollados por los recuperadores. Establece las responsabilidades de los actores involucrados en el ciclo de vida de los envases, promoviendo un cambio de paradigma hacia un sistema más responsable. Los productores aportarán a una tasa ambiental que se destinará a reforzar los Sistemas de gestión.