Los representantes de la Mesa de Enlace que este jueves se reunieron con la mayoría de los bloques opositores serán recibidos la semana próxima por el jefe del bloque del Frente de Todos, Germán Martínez. Falta elegir el día para el encuentro para la reunión con el oficialismo, pero fuentes legislativas confiaron a Tiempo que surgirá de una comunicación telefónica que se concretará el martes. La mesa de entidades empresarias del agro llegará con varias definiciones: un tractorazo para el 23 de abril, una ofensiva judicial con pocas chances de éxito jurídico pero alto impacto en los medios, y una promesa de casi todo el arco opositor en la Cámara de Diputados para invalidar el decreto que aumentó en dos puntos las retenciones al aceite y la harina de soja.
El raíd de encuentros que protagonizó este miércoles la misión de lobby agroempresario revela el abanico de posiciones que hay dentro del arco opositor para acompañarlos. Uno de los primeros en recibirlos fue el diputado de ultraderecha Javier Milei. La cita tuvo dos capítulos. El público la conoció poco después, en una conferencia de prensa donde el economista dibujó parte de su plataforma electoral. Está de acuerdo con anular las retenciones, pero también quiere liberar el tipo de cambio y avanzar en la abolición del Banco Central. En privado los alentó a cortar las rutas y elogió el tractorazo que impulsan los sectores más duros del agro, pero fue cuidadoso en ventilar sus impulsos, porque su propia fuerza promueve en la Legislatura porteña un proyecto de ley para prohibir los cortes de ruta. Lleva la firma del edil Ramiro Marra, que trabaja activamente para penalizar la protesta social, pero no habla sobre el conflicto agrario, salvo para respaldar la anulación de las retenciones.
El planteo del economista ultraliberal puede resultar testimonial en el recinto, pero resulta un apoyo clave para sumar todos los respaldos posibles en torno a una agenda opositora unificada, que defienda los intereses del agro en la etapa que comenzará apenas el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) apruebe la renegociación de la deuda que pidió el expresidente Mauricio Macri en 2018 y que fue refinanciada por su sucesor, el presidente Alberto Fernández. El nuevo pacto fue aprobado la semana pasada por el Senado, que completó la transformación en ley de la autorización para que el Ejecutivo concluya la nueva «operación de crédito público».
En la serie de diez auditorías trimestrales que comenzarán apenas comience a regir el nuevo pacto de endeudamiento, no sólo pueden aparecer obstáculos para la segunda mitad del mandato de Fernández; también hay una señal que inquieta a la Mesa de Enlace porque el Fondo recomienda el aumento de las retenciones, un punto que podría arreciar con fuerza a partir del nuevo escenario internacional que impuso la guerra en Ucrania y el incremento de los valores de la energía y las commodities alimenticias. En ese plano, el aumento de la soja, el maíz y el trigo, le dio más fuerza al debate sobre el aumento a las retenciones.
En la oposición creen que el tema surgirá en forma inevitable durante los próximos meses. Lo mismo creen en la Mesa de Enlace, cuyas agrupaciones ya están en pie de guerra por las variaciones de las que dispone el Ejecutivo por la legislación vigente. Fernández sólo subió dos puntos, del 31 al 33 por ciento, y las entidades salieron con los tapones de punta en la Justicia.
El frente judicial
La Sociedad Rural de la localidad cordobesa de Jesús María presentó un amparo ante la Justicia Federal para frenar esos aumentos, porque consideran que el Ejecutivo no puede hacerlo desde diciembre. Interpretan que las facultades para hacerlo por decreto, delegadas por el Congreso, se cayeron en diciembre cuando no se aprobó el presupuesto 2022. En el texto presentado por el Ejecutivo estaba la prórroga por tres años y quedó en veremos cuando naufragó el tratamiento proyecto en la Cámara de Diputados, ante una oposición unificada que combinó los votos de JxC, de la ultraderecha y de aliados esquivos del oficialismo, como el interbloque Encuentro Federal, que reune a lavagnistas, cordobesistas y socialistas santafesinos.
La apuesta de la Mesa de Enlace es que esa masa crítica de votos se reúna en torno a la ofensiva contra un eventual aumento de las retenciones. El escenario judicial hasta ahora viene espinoso. La Corte Suprema ya consideró a fines de febrero que los recursos de amparo no son la instancia correcta para arremeter contra las retenciones. Fue un fallo contra un recurso presentado por la multinacional exportadora Cargill, que buscó impugnar los cambios que hizo Macri en el final de su mandato. Con el camino del amparo herido por la Corte, este jueves se conoció que la Asociación Civil de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte (Apronor) presentó otro recurso para obtener una «declaración de certeza e inconstitucionalidad» contra los decretos presidenciales.
Las apuestas judiciales en distintas provincias posiblemente terminen en la Corte, donde no hay plazos para que se expida, aunque ya derribó la vía del amparo.
Este derrotero, junto a los temores por las recomendaciones del Fondo, aceleraron el lobby parlamentario de este jueves. Luego de escuchar a Milei, la delegación se reunió con José Luis Espert, del bloque La Libertad Avanza. El economista sólo se sumó al planteo de anular las retenciones y coincide con las chances que tiene la oposición si se une en torno a esa agenda. Envalentonado por la experiencia que originó el naufragio del presupuesto 2020, Espert anticipó que está dispuesto a plegarse a una jugada conjunta.
Los tironeos dentro de JxC
En esa pulseada el rol de JxC es determinante, aunque el espacio no tiene posiciones unánimes sobre la forma de afrontar el problema. Hace una semana el sector más duro del PRO, liderado por Patricia Bullrich, intentó condicionar en el Senado el respaldo de JxC al pacto con el Fondo a cambio de un compromiso del Gobierno de no tocar las retenciones. La titular del partido macrista no dijo que es el Fondo el principal interesado en que sean modificadas. Los demás socios opositores no la acompañaron, sólo advirtieron que si el Gobierno quiere ir más allá de los márgenes que tiene por ley, tiene que mandar otra norma que no contaría con los votos suficientes.
Con ese antecedente de agitación en el Senado, el interbloque de JxC en Diputados se comprometió a derribar los decretos de la semana pasada. No será fácil. Deberían ser tratados por la Comisión Bicamercal de Trámite Legislativo, que se encarga de avalar o rechazar los decretos firmados por el presidente. Ese cuerpo no está constituído porque todavía no terminaron las negociaciones entre oficialismo y oposición para definir las autoridades de las comisiones permanentes de las dos Cámaras. Eso derivó en la caída del período de extraordinarias y mantiene en vilo el arranque de las ordinarias. Si no están resueltas las comisiones permanentes, el momento de definir las bicamerales sigue remoto en el horizonte.
Cuando se constiuya esa bicameral debería comenzar el tratamiento de los decretos firmados por el presidente y que un dictamen de rechazo reuna las firmas necesarias. Luego tendría que ser aprobado por las dos cámaras del Congreso, otro escenario más remoto todavía.
Sin embargo, fue la principal promesa que se llevó la Mesa de Enlace de parte de JxC. Sus tres jefes parlamentarios, Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Juan Manuel López (CC) ratificaron que impulsarán esa ofensiva. Aseguraron que hay 116 votos de JxC dispuestos y Negri arengó que sólo faltan «13 votos» para llegar al quórum necesario y concretar la ofensiva, aunque fue cuidadoso en garantizar que se caerán los decretos que atormentan al agro.
La recorrida concluyó una reunión con el bloque Provincias Unidas, que reúne a los diputados del Frente de la Concordia Misionero y de Juntos Somos Rio Negro. Un poco antes, los dirigentes agrarios fueron recibidos por el Interbloque Encuentro Federal, donde convive el exministro Florencio Randazzo, con la socialista Mónica Fein, el lavagnista Alejandro «Topo» Rodríguez y el schiarettista Carlos Gutiérrez. En esa escudería de ocho voluntades, hay una mayoría de exfuncionarios con mucha experiencia en la cuestión agraria. De entrada plantearon una agenda alternativa a los planteos de JxC y el cordobesista anticipó que promoverá un programa para reducir a cero las retenciones en un plazo de seis años y que sea progresivamente incorporado al Impuesto a las Ganancias.
Esa iniciativa no es una posición común de todo ese interbloque y por eso Gutiérrez sólo habló en nombre de su espacio, Córdoba Federal. En la reunión todos los legisladores coincidieron en que los decretos firmados después de la caída del Presupuesto 2022 son inconstitucionales. Recomendaron recurrir directamente a la Corte, la instancia que parece buscar la presentación recientemente radicada en los tribunales federales de San Miguel de Tucumán.
