Marcos Peña concurrió otra vez al Senado, pero a diferencia de las anteriores visitas en las que dio informe sobre la gestión del Poder Ejecutivo ante el Legislativo, esta vez fue a defender la implementación del plan anunciado por Mauricio Macri, en particular, la reforma impositiva que ingresará la semana próxima al Congreso. Fue el contexto ideal que encontraron los senadores para hacerle saber que la reducción de impuestos internos a los productos tecnológicos afectan a la provincia de Tierra de Fuego y el aumento a los impuestos del vino afectan a las economías regionales, sobre todo de Cuyo.
Peña comenzó su alocución al repetir una frase de Macri. La clase dirigente está entre los más beneficiados y por eso tenemos más responsabilidad, dijo al reconocer su origen de clase. Lo secundaban Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios, secretario de coordinación interministerial Mario Quintana.
Allí destacó el acuerdo que firmaron los trabajadores lácteos para modificar su convenio colectivo a la baja a cambio de que se rescaten a las cooperativas lecheras, el acuerdo de los petroleros de Vaca Muerta y adelantó que la industria de autopartes también va por el camino de flexibilizar sus condiciones de trabajo.
Peña, sabedor de las críticas que se venían de parte de los senadores, adelantó que no quieren imponer los acuerdos con una lógica de la imposición y sostuvo que se sentarán a dialogar por las modificaciones impositivas que afecten a los distintos sectores, como el vino, el azúcar y la producción tecnológica de Tierra del Fuego. No hay ningún sector económico que se vea perjudicado, aseveró.
Uno de los senadores que no tardó en disparar sus críticas fue José Nato Ojeda (PJ-FpV), quien le dijo a Peña que las políticas que pretenden implementar condenan a Tierra del Fuego a un estallido, y agregó que el impuesto interno a los celulares, televisores y monitores que bajará del 17% al 0% implica que los productos que se fabrican en la provincia ya no tienen sentido de ser fabricados, por lo que hoy los sueños se convirtieron en pesadillas en la provincia.
Ojeda aseveró que los funcionarios de su distrito no fueron consultados sobre la reforma. Por algo ayer la gobernadora se puso a la cabeza del reclamo, y atrás de la gobernadora se encolumnó toda la fuerza política de Tierra del Fuego, dijo. De hecho, Rosana Bertone pidió una audiencia urgente con Macri.
Por su parte, la mendocina Anabel Fernández Sagasti y el sanjuanino Ruperto Godoy criticaron el gravamen a los vinos y sidras, cuya producción parará de no tributar a tendrán una alícuota de hasta el 10%. Para las bebidas espumantes y el champagne, que tampoco pagan, el impuesto será de hasta el 17%, mientras que las cervezas, que pagan una alícuota del 8% pasarían a pagar 17%, y el whisky y el coñac tendrán una suba del 20 al 29%.
Le mintieron en la cara a la industria vitivinícola, a los productores, porque hace unos meses les negaron estar pensando en un impuesto al sector, se quejó Fernández Sagasti, quien exigió dar marcha atrás con ese plan. Con este impuestazo el vino pasa de ser una bebida nacional a ser una bebida perjudicial para la salud, lamentó.
Por su parte, la catamarqueña Inés Blas preguntó por la disminución en los fondos de coparticipación y confesó que la presentación de los ejes del reformismo significó la profundización de la incertidumbre que las provincias venimos sintiendo en el último tiempo en relación a la disminución de los fondos coparticipables. Además, preguntó con qué criterio se procederá a desvincular trabajadores, si se piensa en reducir el empleo público.
Con respecto a los fondos coparticipables, en particular al fondo del conurbano, Peña defendió el reclamo de la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal. Hay una ley vigente que dice una cosa y se hace lo contrario. La ley vigente dice que hay un fondo para el Conurbano bonaerense, este año son más de 50 mil millones de pesos y 600 millones van a la provincia de Buenos Aires. Por eso, es natural que la gobernadora diga acá hay algo que está mal, observó Peña, y añadió que si esos recursos van a todos lados menos al Conurbano bonaerense, hay una responsabilidad de Vidal como gobernadora de formular un planteo judicial.
