El pasado 19 de mayo, el intendente de Famaillá, José Orellana, designó como ciudadano ilustre de la localidad tucumana al empresario azucarero Jorge Alberto Figueroa Minetti, ex administrador del ingenio La Fronterita. En el acto, el municipio señaló su labor empresarial, lo calificó como referente del secotr e incluso destacó la generación de empleo y que dio “bienestar” a sus trabajadores.
“¿No sabe el intendente José Orellana que Figueroa Minetti será juzgado como cómplice por la desaparición y asesinato de 68 obreros azucareros del Ingenio Fronterita?”, se preguntaron organismos de derechos humanos de la provincia en un comunicado de repudio al homenaje, quienes calificaron como un “acto de desmemoria” lo ocurrido días atrás.
“Solicitamos a la intendencia de Famaillá que se retire la designación, a Figueroa Minetti, de ciudadano ilustre. No se pueden construir sociedades democráticas homenajeando a cómplices de delitos atroces”, reclamaron.
Figueroa Minetti está procesado junto a otros directivos de La Fronterita, Eduardo Butori, Alfredo Martínez Minetti y Fernando Cornú De Olmos, como cómplices de los delitos de violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad con apremios y vejaciones, torturas, abuso sexual, violación y homicidio. Las víctimas fueron trabajadores del ingenio, referentes sindicales y residentes de las colonias construidas en los alrededores del Ingenio.
La responsabilidad de las fuerzas represivas sobre esos hechos ya fue juzgada en debates previos, como el realizado sobre el Operativo Independencia, sin embargo no se había podido avanzar sobre la responsabilidad empresarial en los hechos. Recién en diciembre del año pasado la causa contra los ex directivos fue elevada a juicio oral y resta que se fije fecha para el inicio del debate.
Figueroa Minetti contó con la inestimable ayuda del Poder Judicial para demorar durante años la investigación. En mayo de 2019, el juzgado federal de Tucumán dictó la falta de mérito en favor de los empresarios y la Cámara federal de Tucumán lo confirmó un año después. Recién en diciembre de 2020 fue revocada esa decisión por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal y, al volver el expediente a Tucumán, los 4 exdirectivos fueron procesados.
Durante la investigación, se logró acreditar que la empresa cedió sus instalaciones para que funcionara un centro clandestino de detención, aportó la logística para esa base militar, aportó vehículos y dio información a los militares para que llevaran adelante los secuestros y homicidios. “Sin los aportes que realizaron, los delitos investigados y demostrados en autos, no habrían podido cometerse en la forma en que fueron perpetrados”, sostuvo la Cámara Federal de Tucumán al procesarlos.
Los hechos ocurrieron entre 1975 y 1978. En febrero de 1975, la localidad de Famaillá se había convertido en el epicentro de la represión desplegada en el Operativo Independencia. A apenas unos kilómetros de La Fronterita funcionaba La Escuelita, el principal centro clandestino de la zona.
En el Ingenio tuvo su sede la fuerza de tareas “Rayo” del Ejército y los sobrevivientes reconocieron tres lugares donde los tuvieron detenidos y fueron torturados: “Comando de la Laguna”, donde se alojaba a la oficialidad, el “Tambo”, en el que permanecían las tropas, y los “conventillos”.
“¿A este personaje destacan como ciudadano ilustre en Famaillá? Las decenas de familias de obreros azucareros, los organismos de derechos humanos y gran parte de nuestra sociedad vienen buscando construir memoria, juzgar a los responsables de crímenes aberrantes y edificar una verdad histórica sobre esas bases”, cuestionaron los organismos en un comunicado firmado, entre otros, por la Asociación Madres de Plaza de Mayo – Tucumán, H.I.J.O.S. Tucumán, Fundación Memorias e Identidades del Tucumán, Asociación de Ex presos Políticos – Tucumán, ANDHES y APDH – Tucumán.
