A 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, en lugar de celebrar avances los argentinos parece que retrocedemos.

Repasemos: el derecho a la información, fue liquidado entre decretos y presiones a los medios independientes; el derecho a la libertad, fue cercenado brutalmente en casos como el de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de 2016  pese a los reclamos de la CIDH y la ONU; o los de funcionarios y empresarios ligados al gobierno anterior, presos sin condenas firmes. El Poder Judicial comenzó a colonizarse desde que Macri designó como jueces de la Corte Suprema de Justicia “en comisión” a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Para peor se desplazó a la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, renunció Carlos Rozanski, Daniel Rafecas sufrió ataques y multa, fueron destituidos Eduardo Freiler y  Luis Arias, se forzó la renuncia de Jorge Ballestero y el traslado de  Eduardo Farah a otro fuero, y fueron suspendidos Luis Carzoglio y Martín Ordoqui.

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Las garantías del juez imparcial y el debido proceso están en vías de extinción desde que el 26 de febrero de 2016 Claudio Bonadío comenzara la cacería contra Cristina Fernández de Kirchner y otros funcionarios de su gobierno, seguida por una larga lista de procesos judiciales, la mayoría de ellas impulsados por el mismo Bonadío. Leyes que premian al delator que dice lo que le dicen que dice, fotocopias que nadie sabe de dónde salieron ni quién y cuándo las escribió, son detalles en el camino de la falta de justicia.

Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto de 2017, y su cuerpo sin vida fue hallado 78 días después en un lugar que había sido sometido a varios rastrillajes; Rafael Nahuel cayó el 25 de noviembre de 2017 y dos militantes de la CTEP, Marcos Soria y Rodolfo Orellana, fueron abatidos por fuerzas de seguridad, el primero en Córdoba y el restante en La Matanza.

A ellos se suman 725 muertes por violencia institucional entre comienzos de 2016 y fines de 2017. O sea, 362 víctimas por año, o una muerte cada 23 horas, según cifras de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels).

De dicha cifra global, el 40% murió en cautiverio y 44% bajo la ley del «gatillo fácil», con una frecuencia de un fusilado cada dos días. Facundo Ferreyra, un niño de 12 años, murió al recibir un balazo policial el 10 de marzo de 2018 en Tucumán.

Las movilizaciones populares son violentamente reprimidas y culminan con múltiples detenciones, mientras se denuncia la infiltración de integrantes de las fuerzas de seguridad que buscan generar enfrentamientos para legitimar la represión.

Los retrocesos en materia de Memoria, Verdad y Justicia comenzaron con el negacionismo de funcionarios (incluso el propio Macri) que pusieron en duda el número de desaparecidos y retomaron la teoría de los dos demonios, en sintonía con el abandono por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de su rol activo en juicios, y con la disolución de programas de investigación y de acompañamiento a las víctimas. Más de la mitad de los imputados por crímenes de lesa humanidad se encuentran en arresto domiciliario. Se han cerrado las causas que investigan la participación de civiles, y la Corte llegó a fallar a favor de dar el “2 x 1” a represores, postura que debió cambiar tras una formidable manifestación de repudio.

Por un Reglamento se autoriza a las fuerzas federales de seguridad a disparar armas de fuego sin identificarse y por la espalda a quien se fugue, consagrando la aplicación de la pena de muerte sin juicio previo.

Podríamos seguir enumerando males. Pero valga cerrar estas líneas con la parte buena del asunto: cada retroceso, cada ataque, ha merecido la respuesta rápida y directa de la mayoría de la sociedad. Porque mal que les pese a quienes quieren volver atrás los relojes, el tiempo de los derechos que comenzó en 1948 no se detiene. Ahí están las Madres para certificarlo.