Dos veces el Tribunal Oral Federal de Sante Fe excarceló al expolicía de Santa Fe Eduardo Riuli, condenado en julio del año pasado por crímenes de lesa humanidad en Laguna Paiva, y las dos veces la querella de la APDH tuvo que recurrir a la Cámara Federal de Casación Penal para revertirlo y evitar que el represor camine libre por la ciudad santafecina, donde también viven sus víctimas.

Riuli fue miembro de la policía de Santa Fe durante la dictadura e integró el Departamento de Informaciones (D2), desde donde participó de una cacería brutal para dar con un ex integrante del PRT, Catalino Páez. Para llegar a él, quien se había ido de Laguna Paiva tras el golpe de Estado, la patota secuestró a su hermana, su cuñado y su hermano, y mantuvieron cautivos o dejaron abandonados a 16 niños, niñas y adolescentes. A Catalino, a su esposa, y a su hijo los secuestraron en la localidad bonaerense de Lima, donde vivía precariamente en un campamento de un horno de ladrillos.

Sus víctimas, muchos de ellos niños y niñas, lo reconocieron porque era flaco, alto y de perfil aguileño, pero sobre todo recordaban su voz, ya que era un habitual presentador en los bailes locales. A los operativos llegaba de civil, y con un gorrito con los colores de Colón de Santa Fe. Muchos años después se convertiría en conductor de radio y televisión en los medios de Laguna Paiva.

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El año pasado, el TOF de Santa Fe condenó a Riuli a seis años y seis meses de prisión como autor de secuestros y amenazas. También fueron encontrados culpables Guillermo Raúl Chartier, quien era jefe del D2, donde funcionó el centro clandestino de detención al que fueron llevadas las personas secuestradas, y los ex policías Rubén Oscar Insaurralde, Fernando Sebastián Mendoza, Antonio Rubén González y Omar Epifanio Molina.

La primera excarcelación de Riuli fue ordenada por el tribunal, integrado por José María Escobar Cello y Luciano Lauría, apenas un mes después de la sentencia, por considerar que se habían cumplido los dos tercios de su pena durante su prisión preventiva, de los que sólo estuvo un mes en una cárcel y el resto en su domicilio.

En representación de las víctimas, laos abogados de la querella de la APDH Rosario, Julia Giordano y Federico Pagliero, presentaron un recurso en Casación y la Sala IV revirtió la decisión.

Entre los argumentos presentados por la querella estuvo que Riuli es investigado en instrucción por los hechos que sufrieron más de una decena de niños y niñas durante la persecución a Catalino. Al juicio sólo llegó el secuestro de su hijo mayor, Mario Páez, quien cumplió los 15 años en el centro clandestino del D2, pero no se trataron los casos de sus hermanos y hermanas y sus primos y primas, todos menos de 14 años.

También destacaron la revictimización que sufren sus víctimas, quienes viven en la misma localidad, a pocas cuadras del condenado.

El 30 de diciembre de 2021, el Tribunal volvió a recibir el expediente y, en vez de acatar la decisión de Casación, volvió excarcelar a Riuli.  La querella volvió a recurrir a Casación y la semana pasada las partes presentaron sus argumentos en una audiencia pública.

Junto a los abogados de la APDH participó también Mario Páez, quien manifestó que toda su familia fue víctima del terrorismo de Estado y mostró su frustración con el amparo judicial a Riuli: “¿Qué más tenemos que hacer para que la justicia haga lo que tiene hacer con los genocidas?”, se preguntó.

Este jueves, la Sala IV, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo Hornos, anuló por segunda vez la decisión de los jueces de primera instancia.  Ahora, el Tribunal deberá hacer efectivo el fallo de Casación y anular la excarcelación para que Riuli cumpla su condena.