El jueves 30 se realizó el primer paro de migrantes de la República Argentina con movilización hacia la plaza del Congreso, a más de un año de que el gobierno comenzara una campaña de estigmatización, de manipulación estadística, de regulaciones xenófobas (como el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2017, que modifica la Ley de Migraciones o la primera cárcel para inmigrantes de la Argentina situada en el barrio de Pompeya) sobre migrantes de países latinoamericanos y algunos africanos. La fecha, en principio, se eligió como homenaje a once años del incendio de un taller textil de Luis Viale en el que murieron cuatro niños y una mujer embarazada, luego los manifestantes se sumaron de manera independiente a la movilización de las dos CTA. Si bien no pudieron acceder a la Plaza de Mayo por la cantidad de gente que colmaba los accesos, se leyó un documento desde el palco central.

 La historia no es nueva, no está de más remontarse a la Ley de Residencia de 1902, mediante la cual se deportó a migrantes ´sin juicio previo que resultaban molestos para los sectores gobernantes de entonces. Como un eco de aquella ley, a fines de este enero, el gobierno del presidente Mauricio Macri emitió el DNU que fomenta la discriminación, la xenofobia y profundiza la precarización laboral. Básicamente esta resolución lanzada durante el receso legislativo “relaciona migración con delincuencia”, explica Doris Quispe –de la Asociación Civil Rompiendo Muros que asesora migrantes sobre problemas legales y migratorios–, y según el CELS “restringe los derechos de las personas migrantes en vez de garantizarlos”.

El Paro Migrante estuvo articulado por unas 30 organizaciones y buscó visibilizar a los extranjeros residentes en el país contrastando sus aportes socioeconómicos y sus derechos frente al relato oficial que los iguala a delincuencia. Quispe no quiere perder de vista la peligrosidad del DNU que “pone a todos los migrantes en estado de alerta”, y agrega que “no era ni necesario ni urgente y que se basa en números sesgados porque han sobre-representado una parte de la población extranjera que está privada de la libertad. La ministra Patricia Bullrich apuntó sobre un porcentaje mínimo como enemigo de la seguridad, cuando en realidad tiene un problema mucho más grande”, en relación a los falsos porcentajes que utilizó la funcionaria, quien afirmó que el 33% de los detenidos por causas de narcocriminalidad eran extranjeros cuando las cifras oficiales no alcanzan al 6%; es decir, deja de lado al 94% de la población carcelaria de origen nacional.

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Carla Montero, de la asociación boliviana Yanapakuna, también presentó su punto de vista sobre las primeras consecuencias de este paro: “Estamos fortalecidos, porque a pesar de ser de distintas colectividades, estamos unidos y tenemos un objetivo claro: que se derogue el DNU. El jueves hicimos algo histórico, migrantes hablando de migrantes, personas de la Patria Grande hablando de la Patria Grande y de los derechos de los migrantes, como trabajadores y trabajadoras, pero sobre todo porque la migración es un derecho humano, en Argentina y en todo el mundo.”

Ambas referentes coinciden en el alto grado de desinformación respecto de los alcances del DNU, pero no sólo en la población general sino también en la migrante. Montero relata que “en los barrios la policía detiene más personas para pedir documento y hacer requisas. La discriminación en la vía pública por parte de las autoridades es mayor, a pesar de que el DNU no se ha aprobado en el Congreso. Por ejemplo, desde ayer (jueves) hay un persona que fue a Migraciones de la que no tenemos noticias, y eso nos preocupa, porque ya sucedió el año pasado con un ciudadano paraguayo, y al final lo habían llevado hasta la frontera y lo deportaron.” 

Quispe y Montero coinciden en apuntar a una campaña de comunicación que criminaliza a los migrantes latinoamericanos y que en este caso además sesgó el alcance del DNU, que viola garantías constitucionales como el debido proceso y el derecho a defensa. “Para este decreto si se es migrante, se es criminal, porque ante cualquier procesamiento se le puede revocar la residencia, permanente o temporal, y se le aplica un proceso sumarísimo de expulsión, es decir, que en tres días debe resolverse el caso. Esto es un disparate, porque tiene seis horas con un abogado, seis con un fiscal y otras seis para que el juez se expida”, apunta Quispe.

Casos testigos de migrantes que quedaron en esta situación son los de un senegalés atacado por la policía, que terminó en un hospital, y que luego fue imputado por resistencia a la autoridad y también tres mujeres detenidas en las razzias ocurridas durante el Paro de Mujeres, el 8M. “Como estos casos se han mediatizado, es probable que no se aplique el decreto –reflexiona Quispe–, pero qué pasa con los casos que no lleguen a los medios”.

Las dos referentes de organizaciones migrantes coinciden en que el gobierno ha tomado a los migrantes latinoamericanos como vía de escape por su condición de minoría y su relativo poco peso político. Montero puntualiza: “Como minoría nos toman como chivo expiatorio por todo tipo de problemas, si hay inconvenientes en los hospitales, es culpa nuestra; si hay crisis económica, es culpa nuestra; si hay delito, es culpa nuestra.Políticamente no le redituamos al gobierno, pero no somos culpables por ser migrantes sino que no hay políticas públicas que cubran las necesidades de la sociedad.”

Montero ubica la situación de los migrantes en un cuadro mayor, del que ellos son uno de los eslabones más débiles y pone de ejemplo la represión en Lanús. “Hay mucho más control y amedrentamiento, porque también hay mucha más policía. Si la represión de ayer en el comedor de Lanús se ejecutó habiendo niños argentinos, imaginate con migrantes, en condición de mayor vulnerabilidad. Y más si sos un militante social porque las fuerzas de seguridad van a romper la organización.”

El primer paro migrante fue un hecho histórico que requirió de mucha organización y que surge a partir del rumbo que el gobierno de Macri, paradójicamente él y su mujer hijos de migrantes, le ha impuesto a su política migratoria. El escenario internacional, especialmente los gobiernos de derecha de Estados Unidos (país en el que se realizó un paro similar el 16 de febrero) y Europa, brindan el contexto en el que se respalda el gobierno de Cambiemos para llevar a cabo estas acciones, especialmente dirigidas hacia los sectores más pobres de origen latinoamericano. Con declaraciones xenófobas, manipulación de estadísticas y, finalmente, un DNU que modifica la Ley de Migraciones busca estigmatizar a minorías que se han unido y tratan de visibilizar su situación desde otros lugares, además de sus aportes culturales y económicos al país, también destacan que el derecho a migrar y buscar nuevos horizontes para sus vidas es un Derecho Humano.